España no es Turquía

La tensión catalana ha empujado a muchos al territorio de la hipérbole, y los más aventureros han llegado a cruzar al galope las fronteras de la falsedad. El paisaje que describen sobre lo que pretenden dejar atrás es tan desolador como irreconocible. ¿Es España un Estado opresor y autoritario? ¿Ha sido Catalunya una colonia que ahora se alza para librarse del yugo al que ha estado sometida? ¿Son necesarias estas necedades para defender la causa legítima del independentismo? Nos debemos un respeto como país, como nación de naciones o como nación a secas, que cada cual elija lo que crea más conveniente.

España no es Turquía. La obviedad no requeriría de glosa pero la equivalencia ha hecho tanta fortuna en los últimos tiempos que conviene repasar el último informe de Amnistía Internacional para estar seguros. En 2016, tras el fallido golpe de Estado, Ankara declaró el estado de excepción durante seis meses, suspendió una lista de artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, despidió a 90.000 funcionarios (maestros, policías, militares, médicos, jueces…) por sus presuntos vínculos terroristas, detuvo a 40.000 personas, cerró cerca de 200 medios de comunicación, clausuró por decreto 375 ONG, prohibió manifestaciones, entre ellas la del día del Trabajo y la del Orgullo, y reprimió con fuerza excesiva a los que intentaron ejercer el derecho de reunión, suprimió las garantías de protección a los detenidos y prolongó a 30 días la detención sin cargos.

Turquía es un paraíso para la tortura y los malos tratos. Nadie investiga las violaciones de derechos humanos. El enfrentamiento armado del Estado con el Partido de los Trabajadores Kurdos ha provocado ataques indiscriminados y directos contra civiles con evidente desprecio al derecho a la vida y al principio de humanidad. Hasta tres millones de refugiados, a los que se debía protección tras el acuerdo con la UE, malviven en la miseria y se han registrado devoluciones en masa de ciudadanos sirios, a los que se tirotea en la frontera. La lista de barbaridades es extensa.

Cualquier comparación, por tanto, sonroja. Es obvio que no vivimos en un país perfecto, que el 1 de octubre pasará a la historia de la infamia por los excesos de las fuerzas policiales y que dos organizadores de las protestas están en prisión por una orden judicial que han recurrido. Los Jordis saben que no están en Turquía porque en la prisión pueden jugar a las cartas con dirigentes del partido del Gobierno también encarcelados. Tenemos una Justicia imperfecta y muy politizada donde la fiscalía es una extensión del Ejecutivo, pero ello no ha impedido que el Ministerio Público haya concluido en su informe final por el juicio de la Gürtel que la trama hizo de los sobornos a cargos del PP su modo de vida y financió ilegalmente al partido. Sería difícil que algo semejante ocurriera en Turquía y la fiscal volviera a su casa de una sola pieza y con la cabeza sobre sus hombros.

Nos gobierna, en efecto, un partido muy corrupto pero eso no nos acerca al Bósforo ni a su imponente vista desde el café de Pierre Loti. La culpa de que así sea es de los electores, nuestra en definitiva, y de quienes han sido incapaces de ponerse de acuerdo para rescindir a Rajoy su contrato de alquiler en Moncloa. Intentar apartar a Erdogan en Turquía sería bastante más complicado, empezando porque allí no existe un registro de la propiedad de Santa Pola donde poder jubilarle.

Puede que muchos catalanes se hayan sentido oprimidos y que entiendan imperdonable la ofensa que representó la sentencia sobre el Estatut, aunque la mayoría  no recuerde exactamente cuáles eran los 14 artículos del texto declarados inconstitucionales. En los últimos años han sido maltratados, tanto como los madrileños, los valencianos o los baleares. Han vivido la corrupción endémica, han sufrido recortes despiadados y han visto crecer a su alrededor la pobreza y la desigualdad. Muchos de los responsables agitan hoy esteladas y prometen una Arcadia feliz y presumiblemente olvidadiza, dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva de sus actividades delictivas.

Los catalanes tienen derecho a decidir su futuro pero no necesitan de exageraciones para cargarse de razón. No son una colonia sojuzgada y la prueba es que la amenaza de intervenir su autogobierno ha enardecido incluso a los no secesionistas. Los gritos de libertad que se escuchan en las numerosas concentraciones pacíficas que siguen protagonizando conmueven por su ingenuidad. Si algún día llegaran a independizarse lo harían de España y no de Turquía.