Opinion · Tierra de nadie

RTVE quiere espiar a sus periodistas y quizás sea legal

Distintas asociaciones de prensa y varios colegios profesionales han respondido muy indignados a la intención de RTVE de supervisar el correo electrónico de sus periodistas y revisar el contenido de sus equipos informáticos y otros dispositivos corporativos –se supone que los móviles-, esperando confirmar quizás que algunos profesionales le dan al porno en horario laboral sin esperar a la comodidad del sofá de casa o utilizan con asiduidad fuentes cuyos números de teléfono empiezan por 803, 806 y 807. Los responsables de la televisión pública no se conforman con controlar los informativos y han decidido hacerlo también con las comunicaciones. El asunto traerá cola, dicho sea con el debido respeto.

Lamentablemente, no está tan claro que lo que aparenta ser una intromisión ilegítima en la privacidad, que afectaría al derecho fundamental del trabajador a la intimidad personal, al secreto de las comunicaciones y, en el caso de los periodistas, al secreto profesional lo sea realmente, a tenor de la abundante jurisprudencia sobre este particular emanada tanto del Tribunal Supremo, del Constitucional y hasta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así, ante la colisión entre la facultad de las empresas para decidir qué pueden hacer los trabajadores con los medios técnicos que pone a su disposición y la protección de los derechos fundamentales de éstos, la doctrina ha utilizado como criterio para hacer compatibles el agua y el aceite la llamada “expectativa razonable de confidencialidad” que tienen los empleados de que nadie va a husmear en sus comunicaciones. Traducido al cristiano, si el empresario formula previamente una advertencia de que las vigilará pone fin a esa expectativa de confidencialidad y, por tanto, queda legitimado para acceder a los correos electrónicos y a lo que le venga en gana. Como se cantaba en la letra de El Jardín prohibido, la vida es así, no la he inventado yo.

En definitiva, si se cumple este requisito previo, como parece haber hecho RTVE, no existiría vulneración de derechos y lo que era a priori un canal privado se transformaría por arte de magia en un canal abierto e inspeccionable. La cuestión tiene algún matiz más fuera del terreno laboral, como el que incluyó el propio Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación de un empleado que fue condenado por falsedad y estafa y despedido por motivos disciplinarios. Señalaba el Tribunal en este caso que en el ámbito penal para que la prueba obtenida de la intervención de sus comunicaciones resultara válida era necesaria la autorización judicial.

No se trata de defender a los colegas que le dan en el trabajo a pornhub.com para pasar el rato o de hacer excepciones del colectivo de periodistas respecto al conjunto de los trabajadores, pero sí es obligatorio destacar su hecho diferencial, que es el derecho de los informadores al secreto profesional que, según la Constitución, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

La defensa de este derecho y la exigible protección de las fuentes de información compete primeramente a los poderes públicos pero también de manera muy personal a sus depositarios, que son el instrumento que tiene la sociedad para ejercer otro derecho fundamental: el de la información. Ello debería limitar la libertad de empresa a la hora de controlar el uso de sus medios técnicos, aunque si la Justicia no lo entendiera así corresponde a los periodistas su defensa. ¿Cómo? Pues usando para la comunicación con sus fuentes cuentas de correo personal –no corporativas- y su propio teléfono móvil. Es lo que hace cualquier periodista mínimamente precavido y que trabaja en temas singularmente sensibles.

La trayectoria de RTVE no invita a pensar que su vigilancia pretenda simplemente controlar abusos sino marcar también como desafectos a determinados periodistas tras espiar sus comunicaciones y contactos. Y es elogiable que las asociaciones profesionales clamen al cielo, aunque en los últimos años se ha echado en falta por su parte una reacción más contundente, más allá de las salmodias, ante la depauperación de un oficio que es la piedra angular de una sociedad libre e informada. ¿Es razonable que en esta década de crisis con despidos masivos, recortes brutales de salarios, precarización y una tasa de desempleo mayor que la de la construcción no se haya planteado una protesta –llámese huelga- secundada por estas organizaciones que periódicamente se rasgan las vestiduras pero sólo cuanto toca cambiar de traje? No lo es.