Las diferencias entre la ley de Memoria de 2007 y el anteproyecto de la nueva ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno se reducen a una: la primera era un quiero y ni puedo –aunque hay dudas de que se quisiera-, un engendro que saldaba los crímenes de la dictadura con diplomas a los represaliados y permitía al Estado desentenderse de su obligación de buscar a los desaparecidos en las cunetas, y el segundo constituye, con matices, un intento serio de reparación y justicia. Si finalmente sale adelante en su versión actual retratará a quienes, posiblemente con buena intención, parieron en su día una especie de ley de punto y final contra la que se revolvió incluso Amnistía Internacional.

La nueva formulación hace más incomprensible todavía el pastiche en vigor. No se entendió nunca que mientras se abrazaba la doctrina de la jurisdicción universal, se defendía que los crímenes contra la humanidad no prescribieran y se participaba activamente en la creación de tribunales internacionales, aquí se creyera imposible anular las sentencias dictadas en los juicios sumarísimos de los consejos de guerra y se preservaran las del Tribunal de Orden Público o las del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo con el pretexto de la seguridad jurídica. Era un insulto que, con informes que nunca llegaron a hacerse públicos, se decidiera que la anulación era imposible porque implicaba derribar el edificio legal de la dictadura que, para qué engañarnos, constituía los cimientos de esta democracia nuestra y de la propia jefatura del Estado. ¿No había seguridad jurídica en Alemania porque se anularon los juicios del nazismo, sus leyes de esterilización o las que amparaban la solución final contra los judíos? ¿No la había en Argentina por haber derogado las leyes de punto final de la dictadura? ¿Tampoco la había en Chile por suprimir la ley de amnistía de 1978?

Con todos los respetos, la ley de Memoria de Zapatero con su ilegitimidad del franquismo a posteriori era una tomadura de pelo para los entonces –hoy serán muchísimos menos- 95.000 supervivientes a los que se dirigía, según el censo de 2006, y los descendientes de los miles de asesinados por el dictador. Desamparados por la norma, el único camino que se les dejó para anular sus condenas fue enfrentarse individualmente a la Sala Militar del Tribunal Supremo, y demostrar que no merecían que se les arrancara la piel a tiras o que al abuelo le vaciaran el cargador en la cabeza, corriendo por supuesto a costa de los demandantes los gastos de abogado y procurador. Y todo para que, al final, el Tribunal, como era su costumbre, los mandara a hacer puñetas o, en su defecto, a freír espárragos.

Hay que aplaudir, por tanto, que por fin un Gobierno esté decidido a declarar nulos de pleno derecho estos juicios sin garantías, a establecer que sea el Estado y no los particulares quien lleve a cabo las exhumaciones de los represaliados creando además un banco de ADN para facilitar las identificaciones, a reparar a los ‘esclavos’ del franquismo, a suprimir los títulos nobiliarios concedidos por la dictadura y las medadas y reconocimientos a sus sicarios, a ilegalizar las fundaciones que más de 40 años después siguen haciendo apología de aquel régimen, a llevar la memoria democrática a las escuelas, a conceder la nacionalidad a los descendientes de los brigadistas internacionales,  a imponer sanciones económicas a quienes se pasen la ley por el forro, a resignificar el Valle de los Caídos y a constituir una fiscalía especial en el Tribunal Supremo que investigue los crímenes de la dictadura. Este último punto traerá cola porque pone en solfa a la famosa ley de Amnistía de 1977, en realidad una ley de punto y final que perdonaba a las víctimas y dejaba impunes a los verdugos.

Por poner un pero a la futura norma y, pese que se contempla una auditoría de los bienes incautados, se echa en falta una voluntad firme de ofrecer compensaciones económicas a los afectados o a sus descendientes por el expolio que sufrieron. Clama al cielo que mientras partidos y sindicatos se beneficiaron de hasta dos repartos, los particulares nunca vieran un céntimo de lo que les fue arrebatado. No puede alegarse falta de información sobre este particular porque si por algo se distinguió el franquismo fue por la manera tan meticulosa con la que dejó constancia de sus latrocinios. De hecho, los primeros empleados del Archivo de Salamanca no fueron bibliotecarios sino guardias civiles, cuya misión fue recibir el material suministrado por las brigadas de registro, y además de facilitar información a los tribunales encargados de  la represión, levantar acta con la valoración de todo lo incautado.

El anteproyecto no es que sea un paso adelante sino un salto gigantesco que llega muy tarde, pero que llega al fin y al cabo. Acabará, o eso es lo que trata, con la vergüenza de que España sea el segundo país con mayor número de desapariciones forzadas, cuyos restos están esparcidos por cunetas y tapias de cementerio, y concederá un mecanismo efectivo de reparación moral y jurídica a las víctimas de 40 años de dictadura, a las que se condenó luego al silencio en democracia para no reabrir no se sabe bien qué heridas de la Guerra Civil. Si pese al tiempo transcurrido a alguien se le saltan los puntos de la hernia, que vaya pidiendo cita en Sanitas.