Debe de ser cierto que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz tiene un ángel de la guarda, aunque es más discutible que sea Marcelo, su divino aparcacoches. Custodiando al personaje ha estado siempre la cúpula del PP, ya sea en tiempos de Rajoy o de Casado, que ahora mismo le mantiene como miembro de la Diputación Permanente del Congreso y  le permite conservar su aforamiento. En idéntica situación se encuentra su entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, y el que fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, actualmente senador por designación autonómica. Este privilegio procesal es el que, por el momento, ha facilitado que los responsables políticos de crear una policía política al servicio del PP sigan sin rendir cuentas ante la Justicia.

Estamos ante uno de los mayores escándalos de la democracia desde la guerra sucia del Estado contra ETA. El del angelito y sus secuaces han conspirado contra el líder del tercer partido político del país, fabricando pruebas falsas para desacreditarle o robando información personal para chantajearle; han buscado elementos incriminatorios contra líderes independentistas catalanes; y han tratado de destruir documentos sobre la financiación ilegal del PP para proteger a sus dirigentes. En definitiva, han usado las cloacas del Estado para perjudicar a sus adversarios y para extender la impunidad sobre sus propios delitos.

Aun así, calificar a Fernández Díaz como el cerebro de la trama sería excesivo, no ya por rebajar la gravedad de sus acciones sino por la duda más que razonable sobre la capacidad neuronal del personaje. Sólo alguien a falta de uno o dos hervores se hubiera dejado grabar en su propio despacho por los mercenarios que dirigía, convirtiéndose a la vez en rehén de los mafiosos con placa a los que amparaba.

Para desarrollar sus actividades criminales se valieron de supuestos periodistas, algunos de ellos directamente a sueldo de la red, que fueron publicando en sus medios las noticias falsas o manipuladas que se les proporcionaban, ya fueran informes policiales apócrifos o información personal robada. Tanto los citados informes como las pretendidas revelaciones aireadas por dichos medios sirvieron de base a denuncias judiciales y acciones institucionales, cuando no sostuvieron la ofensiva política del partido del Gobierno contra la oposición.

Los hechos conocidos hasta el momento habrían sacudido los cimientos de cualquier democracia seria, pero aquí a lo más que se llegó fue a crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el uso partidista de los recursos del Ministerio de Interior en la llamada ‘Operación Cataluña’ que se cerró en falso. Aun así, su dictamen, con el voto en contra del PP y la abstención de los regeneradores naranjas de Ciudadanos, concluyó que se había creado una estructura policial destinada a obstaculizar los escándalos de corrupción del partido del Gobierno y perseguir a sus adversarios. Ni los mandos policiales, que ya se habían ido jubilando y recibiendo medallas pensionadas, ni los políticos asumieron ninguna responsabilidad.

El caso exige una auténtica investigación parlamentaria que delimite si la dirección de las cloacas se circunscribía al Ministerio del Interior o se encontraba tras los muros de Moncloa. Urge también que el PP descabalgue de sus listas electorales y prive del aforamiento a los señalados por el escándalo, tentación que parece conjurada. Comprobaremos así si los ángeles de la guarda también protegen a indeseables.