Ahora que se juzga en Francia a siete directivos de France Telecom por el acoso moral al que sometieron a los empleados de la operadora y que indujo al suicidio a 35 de ellos, conviene tener presente que canallas hay en todos los sitios. Los abusos, la violencia psicológica y el hostigamiento a los trabajadores son prácticas relativamente comunes y lo extraordinario es que los tribunales lleguen a considerar probados este tipo de delitos que se cometen en el ámbito privado pero también en empresas y administraciones públicas.

Hace algo más de cinco años este diario denunció la desviación de poder que el Ministerio del Interior ejercía contra Jaime Nicolás Muñiz, un alto funcionario al que, por razones que luego se mencionarán, se condenó al ostracismo. Se postergó artificialmente primero su incorporación al puesto que le correspondía por derecho y, finalmente, fue destinado a una gerencia del Departamento donde comenzó a cumplir escrupulosamente su jornada laboral. Tuvo despacho, ordenador y hasta plaza de garaje. Lo que nunca le dieron fue trabajo. Tras 18 meses de ver pasar las horas mano sobre mano y de enviar requerimientos a sus superiores denunciando la humillación laboral a la que se le sometía, presentó recurso ante la Audiencia Nacional. Esta pasada semana, ya jubilado, el Tribunal Constitucional ha puesto fin a su vía crucis judicial al  estimar su recurso de amparo y declarar vulnerado su derecho a la integridad moral.

Como se decía entonces, Jaime Nicolás no era precisamente un ‘piernas’. Nivel 30 desde hacía más de 25 años y con 40 de antigüedad, se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la alemana Universidad de Constanza. Es administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional. Hasta su cese en 2012 había sido el director de gabinete y mano derecha del entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. Con anterioridad había ejercido de asesor ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva en RTVE y subdirector de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales, organismo que llegó a dirigir en funciones. Ponente, conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor de decenas de estudios sobre constitucionalismo y gobernanza, tenía y tiene un currículo casi inabarcable.

¿Por qué Interior se ensañó con este funcionario y se saltó los protocolos establecidos por la propia Administración en 2011 que especifican como primera causa de acoso no dar trabajo durante un tiempo prolongado? Pues posiblemente por la enemistad del afectado con el ‘guía espiritual’ del entonces ministro Jorge Fernández Díaz, un catedrático especializado curiosamente en ética pública, trasparencia y buen gobierno llamado Jaime Rodríguez Arana, supernumerario del Opus Dei.

Arana dirigía un grupo de meditación y oración para miembros y simpatizantes de la Obra del que formaba parte Fernández Díaz, diputados y altos cargos. Estaba llamado a hacer carrera en el PP porque se había granjeado fama de teórico del centro político y de escritor compulsivo, hasta que Jaime Nicolás denunció que el catedrático, que era su superior en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se apropiaba de sus trabajos y los publicaba con su firma. El episodio había tenido lugar diez años antes.

En su sentencia el Tribunal Constitucional no entra a valorar si la prolongada inactividad del funcionario fue ordenada por algún alto cargo -en referencia al ministro o a sus colaboradores-, pero sí resalta que ese reino de las cloacas que ya era Interior fue incapaz de justificar racionalmente la inactividad del funcionario. El Ministerio lo atribuyó a la reducción de volumen de tareas del organismo al que había sido adscrito y llegó a negar que se tratara de una represalia o de un castigo encubierto con el argumento de que una vez se le consultó sobre un asunto en una cafetería y en otra se le pidió que hiciera una llamada de teléfono.

Sin motivo legítimo para explicar esta situación kafkiana, el Constitucional determina que hubo abuso de poder y arbitrariedad, que se ofendió la dignidad del trabajador para desprestigiarle, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia, y que la gravedad de la vejación se agudizó por el tiempo en el que persistió.

No es una anécdota.  Existen trabajadores y empleados públicos a los que se trata como deshechos de tienta, a los que se destina conscientemente a puestos sin funciones, a los que se obliga a hacer pasillos y a dar explicaciones de por qué se les aparca, a los que se intenta fosilizar o se les arrumba como en un trastero. Pocos se atreven a denunciar esta humillación consciente que, en realidad, es sólo un síntoma de la colonización que sufre la función pública por parte de los partidos políticos, a los que la profesionalidad les importa un rábano. Jaime Nicolás está ya jubilado pero su dignidad sigue en activo.