Recién caída del guindo, la prensa catalana ha descubierto de manera unánime que el Tribunal Constitucional está politizado y hasta es posible que pronto repare en que también lo está el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, o sin salir de Cataluña, el consejo de TV3, el CAC o el recientemente formado Consejo de Garantías Estatutarias. No se puede sino coincidir con el análisis: el Constitucional está politizado y el despolitizador que lo despolitice buen despolitizador será, si es que a alguien le interesa intentarlo.
Ahora bien, de la lectura del insólito editorial publicado por una docena de diarios catalanes se infiere que lo preocupación de sus autores no es la politización escandalosa del Tribunal, sino que ésta ya no se ajuste al guión establecido, según el cual el denominado bloque progresista debía gozar de mayoría frente al conservador, lo que aseguraba al Estatut un tránsito sin tachaduras ni enmiendas dignas de mención.
Baste recordar que buena parte de los tres años y medio que el fallo sobre el texto lleva varado en el Tribunal se han empleado en dirimir dicha mayoría, que parecía asentada tras compensarse la recusación de Pérez Tremps con el fallecimiento de García Calvo y prorrogarse el mandato de cuatro de sus miembros. Lo que ha venido a desordenar el tablero ha sido el aparente cambio de actitud del magistrado Manuel Aragón, quien, al parecer, habría asumido algunos planteamientos del ‘enemigo’ y trastocado la correlación de fuerzas. Para colmo, Aragón participa en los debates porque fracasó una tentativa para recusarle. ¿De quién? Del PP.
El segundo gran descubrimiento de la prensa catalana es que el Constitucional tiene la última palabra sobre el Estatut, y que sería inaceptable que ésta colisionara con las del Parlament, las Cortes y la que los ciudadanos expresaron en las urnas. Lo cierto es que la tiene ahora y la tenía cuando se presentaron los recursos. ¿Sería cuestionable que, a la luz de la Constitución, el Tribunal desoyese el resultado de un referéndum para reinstaurar la pena de muerte? Sus competencias, por cierto, fueron ratificadas en sufragio por una mayoría de españoles. Aquí, como en el editorial, cabe también decir aquello de pacta sunt servanda. Lo pactado obliga, sí, pero a todos.
Toda causa entraña una consecuencia. Si los turistas dejan de venir, cierran hoteles; si cae en picado la venta de coches, hay miles de despidos; si la gente compra menos, el Corte Inglés te cobra la entrega a domicilio, y así. Es pura lógica. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los bancos y cajas españolas se enfrentan a la mayor crisis financiera e inmobiliaria de la historia? Pues que siguen dando beneficios como si tal cosa. ¿Conclusión? Que tenemos los banqueros más chiripitifláuticos del planeta o, en su defecto, están ocultando pérdidas y nos toman el pelo, lo cual no es novedoso. A esta última tesis se ha apuntado el director del FMI en una reflexión sobre la banca en general, y la europea en particular.
Para saber que la banca miente más que habla sólo hay que escuchar la publicidad de sus fondos garantizados, pero una cosa es el hurto consentido y otra el butrón al Estado. Aquí, además de los 30.000 millones que hemos destinado a pasar el plumero por sus balances, hemos dotado con 100.000 millones a un fondo de reestructuración para que el enjabonado sea completo. Es decir, que podríamos llegar a dedicar un 20% del PIB a salvar la cara de esa plutocracia nuestra tan solvente, en un proceso en el que los contribuyentes aflojan la guita sin que nadie se tome la molestia de explicar qué agujero se tapa y por qué, y quién lo ocasionó.
Con el fin de evitar episodios tan desagradables como el de la Caja de Castilla-La Mancha, cuyos beneficios declarados de 30 millones en 2008 se convirtieron en pérdidas de 762 millones tras ser intervenida, el gobernador del Banco de España se está dedicando a celestinear con las cajas, de forma que, a través de matrimonios de conveniencia, uniones de hecho o simples amancebamientos, se solapen quiebras y se maquillen ruinas, que todo vale siempre y cuando los partidos puedan seguir ordeñando la vaca. Como es de natural discreto, de esto no habla Fernández Ordóñez ni de los informes que auguran pérdidas de hasta 225.000 millones a todo el sistema; sólo de abaratar el despido.
Entre tanto, el grifo sigue cortado para empresas y particulares, a los que únicamente se conceden préstamos si pueden demostrar que no lo necesitan. Nunca estuvo más justificada la existencia de una banca pública. Claro que eso es propio de una izquierda trasnochada. Lo moderno es socializar la bancarrota.
De entre los objetos inventariados por el juez en sus casas al ex ministro de Aznar y ex presidente de Baleares, Jaume Matas, del que sospecha que se lo llevaba más crudo que el petróleo del Mar del Norte, destaca por su fuerte carga simbólica una escobilla de baño tasada en 350 euros. Uno puede rodearse de muebles estilo Luis XV, porcelanas de Sèvres, jarrones de la dinastía Ming y alfombras persas o acumular más zapatos que Imelda Marcos, tal era el caso, por cierto, de la santa de don Jaume. Pero si gasta tal cantidad en una humilde escobilla es porque espera que sea capaz de cumplir su función de manera sobresaliente, o dicho de otra forma, necesita quitarse fulminantemente la mierda de encima.
Hay poca literatura acerca de la escobilla. Se sabe mucho del papel higiénico, que al parecer fue inventado a mediados del XIX por un tal Cayetty y perfeccionado más tarde por los hermanos Scott de Filadelfia. Y hasta del retrete, cuyos orígenes se remontan a la Creta de hace 4.000 años. Se conoce también el origen del estropajo, que los fenicios conseguían en forma de esparto en el sur de la Península Ibérica y luego vendían a egipcios y asirios, para que dejaran sus templos como la patena. Pero de la escobilla no hay referencias, aunque comparte la misma filosofía que el chupa-chups: si no quieres tocar algo, ayúdate de un palo.
Hay objetos que lo dicen todo. Un anillo, por ejemplo, representa el compromiso, y un biberón personifica la infancia. Las propuestas de Rajoy contra la corrupción, que esta semana ha compartido con el resto de partidos, hubieran debido de ir acompañadas de un signo identificable por cualquiera. Nada mejor para ello que la escobilla de Matas, ya sea en acero inoxidable o policromada, de pie o sujeta al alicatado. Contra la pegajosa corrupción, escobillas de fibra sintética o de pelo de elefante para los pijos más exigentes.
Con este prontuario contra la podredumbre podemos estar seguros de que la vida pública será tan higiénica como un quirófano. Los cargos públicos tendrán que dar cuenta de su patrimonio, incluidos sus palacetes pero especificando lo que pagan en negro. No podrán aceptar regalos excesivos, salvo si son esos trajes con ceñidor trasero que tan bien le sientan a Camps. Si aun así se detectara alguna mácula en su comportamiento, se pasará la escobilla y se tirará de la cadena.
Un estudio de la Universidad de Chicago ha demostrado que los republicanos ven a Obama más negro de lo que es y los demócratas más blanco, lo que vendría a confirmar que la gente tiende a observar de manera más positiva a quienes considera afines. El trabajo parte de la hipótesis de que ser blanco es mejor que ser negro, algo que ya sospechaba Michael Jackson, y del mismo puede extraerse otra conclusión menos evidente: demócratas y republicanos son igual de racistas. Aquí no hemos hecho la prueba, pero los resultados de un estudio similar probarían que los votantes del PP ven a Zapatero con las cejas más circunflejas y los del PSOE a Rajoy algo más estrábico. Eso seguro.
Admitiendo que la ideología nubla los sentidos más que el whisky de garrafa, hay asuntos que no pueden abordarse sin haber dejado antes tiritando la botella de Beefeater. Uno de ellos es la discusión que el Tribunal Constitucional mantiene acerca del Estatut, un culebrón de más de tres años que tiene en un sinvivir a la clase política, especialmente a la catalana, cuyas profecías sobre la catástrofe cósmica que se cernirá sobre el planeta si se toca una sola coma del texto ha disparado las ventas de productos básicos, por si el fin del mundo es por la tarde y no da tiempo a hacer la compra.
El caso es que una mayoría de los magistrados del Constitucional –de los que quedan después de fallecimientos y recusaciones- ven el Estatut un poco negro, y eso que Zapatero prometió dejarlo como la patena. Y que una mayoría de catalanes –que lo aprobó en referéndum- a quien ven oscuro es al propio Tribunal, de cuya independencia se hacen chistes soeces. Todo ello mientras otra mayoría, la que aún no se ha amorrado al gin-tonic, ve negrísimo el Estatut, zaino al Tribunal y azabache a quienes afirman que sólo respetaran el fallo si les es favorable.
Lo de Obama y sus fotos retocadas es un juego de niños en comparación con lo que aquí se ventila. Si un año de estos el Tribunal determina que Cataluña ni es una nación ni tiene derechos históricos, Montilla se pondrá lívido, o sea blanco, Carod, rojo y Zapatero a cuadros. A los magistrados les pondrán verdes. Si falla lo contrario, será Rajoy el que adopte un tono carmesí. A los magistrados les pondrán verdes igualmente. ¿Qué conclusión sacaría de todo esto la Universidad de Chicago?
Para evitarse la frustración de Arquímedes, que pidió en vano que alguien le diera un punto de apoyo para mover el mundo, Zapatero ha decidido darse a sí mismo una ley con la que cambiar el actual modelo productivo, cuyo comportamiento se ajustaba al siguiente principio: toda parcela sumergida en un plan de urbanismo experimenta una recalificación hacia arriba igual al importe de la comisión pagada. Con la palanca de la ley de economía sostenible, que el Gobierno sacará este viernes del horno, el presidente quiere obrar el milagro de convertir a los peones de albañil en técnicos fotovoltaicos. ¡El pañuelo de cuatro nudos ha muerto! ¡Viva la bata blanca!
Quizás sea imposible transformar por ley el modelo productivo de un país, pero por algo hay que empezar. Si queremos laboratorios de biotecnología en vez de adosados en primera línea de playa habrá que crear las condiciones legales para que untar al concejal de Urbanismo sea menos rentable que investigar si el queso de Burgos combate la caspa. Tendremos que definirnos, o estamos en misa o repicando; por poner un ejemplo, o se favorecen las energías limpias o se sigue subvencionando el carbón nacional. Y sobre todo, será imprescindible educar más y mejor, formando ingenieros, investigadores y fontaneros –y también historiadores o filólogos- que aprendan que hay vida más allá del pelotazo y de la factura sin IVA.
Habrá que leer esta purga de Benito que nos prepara Zapatero antes de determinar si esa mezcla de regulación bancaria, combate al cambio climático, modernización de la Administración e impulso al dinamismo empresarial que incluirá la ley está justificada o es el intento de vestir un santo con el traje de lagarterana. Para empezar, habrá que contar con las empresas, esas que en el ranking europeo de las 1.000 sociedades que más invierten en I+D se dejan ver con cuentagotas, ya sea por timidez o porque el que inventen ellos que yo me forro sigue siendo el paradigma.
Zapatero ha generado muchas expectativas, incluso entre quienes no pueden esperar una década a que el milagro se consume. Aspirar a que España sea Silicon Valley es encomiable, aunque, entre tanto, hay parados a los que cobrar seis meses 420 euros no les imbuirá de nanotecnología. Defraudar a esa gente, que en número apreciable vota a la izquierda, empaña el futuro y pone en cuestión el presente.
Se ha dicho que es autoritaria, que es más falsa que un billete de 12 euros y hasta que tiene muy mal gusto para elegir sus botines, pero habrá que reconocer que lo de Rosa Díez tiene algún mérito. Hace algo más de dos años se presentó con UPyD a unas elecciones generales que, según se presumía, certificarían su defunción política. Hoy lidera la tercera fuerza en 32 capitales y administra un caudal de 450.000 votos, que le permite mantener representación en el Congreso, en el Parlamento vasco y en Estrasburgo. Y sigue subiendo en las encuestas. ¿Alguien da más?
No hay una sola razón que explique su éxito. Ha sabido aglutinar a los descontentos de izquierda, hartos de los juegos malabares de Zapatero con los nacionalistas, y a los de derechas, tanto a los que repudian a Rajoy por su flojera como a los que se niegan a aceptar que el ideario del PP sea un misal, en el que el aborto es un crimen y no existe más familia que la compuesta por un papa, una mamá, y los hijos que Dios disponga. Se ha aprovechado del sectarismo de los medios de comunicación, que tardaron en identificar cuál era su electorado. Finalmente, ha utilizado un lenguaje directo que la gente entiende, sin subterfugios.
Democráticamente, es muy saludable que un pequeño partido nacional se afiance. Y no sólo porque miles de personas encuentran unas siglas a las que votar o pueden empezar a hacerlo sin taparse la nariz, sino porque atenúa el bipartidismo y resta influencia a partidos nacionalistas, cuyos legítimos intereses no suelen trascender de su territorio. A primera vista, tanto por la extracción de muchos de sus cuadros como por su propio ideario, UPyD podría situarse en la izquierda, salvo que se entienda que defender la devolución al Estado de algunas competencias autonómicas o reconocer el derecho a la enseñanza en castellano en cualquier punto de España lo escoran necesariamente en la dirección contraria.
Díez será elegida hoy presidenta en el primer Congreso de un partido que es un exaltación del rosa hasta en su página web, tan personalista que sus críticos han debido de estar ciegos para ir a descubrirlo ahora. De su habilidad para dar protagonismo a toda la organización dependerá su consolidación definitiva. El CDS no pudo sobrevivir sin Suárez y UPyD no lo haría ahora sin Rosa Díez. O se comparte el paraguas o se comparte la lluvia.
A rebufo de los piratas ‘somalísimos’ y del dichoso Sitel, que es una especie de robot de cocina pero en grabador y del que, al parecer, sólo Rubalcaba tiene el mando a distancia, el PP cabalga a lomos de sus nuevos caballos de batalla con la prisa acostumbrada. Puede que con el primero gane alguna copa en Lasarte, pero es seguro que con el segundo no llegará muy lejos y hasta es probable que se le encabrite en la recta y desmonte al jinete. Como cantaba Miguel Ríos cuando estrenaba pantalones de cuero, o sea, hace la tira, hay caballos que no se deben montar porque el subidón es sólo pasajero y preludia un castañazo.
Acostumbrados a salir impunes de sus escándalos de financiación y a hacer resplandecer su inocencia gracias a los defectos de forma –léase caso Naseiro-, los populares pretenden conseguir que se declaren ilegales las intervenciones telefónicas de la trama Gürtel, ese curso completo en mil palabras de cómo hacerse rico con el dinero del contribuyente. La última tentativa ha sido la trifulca privada en el Congreso de Rubalcaba con dos diputados del PP, en la que, según ambos, el ministro habría reconocido a gritos no sólo la ilegalidad del aparatejo sino que les escucha para coger el sueño. El intento es bueno, aunque por el momento el cuento de Caperucita sigue siendo mucho más creíble.
En realidad, tiene mucho mérito que quienes adquirieron este sistema de escuchas por un pastizal y lo estrenaron descubran cinco años después que es más inconstitucional que el yugo y las flechas. Y debe, además, haber algo de cierto en la conspiración universal contra el PP porque, ayer mismo, el Tribunal Supremo recordó, al rechazar el recurso de dos narcotraficantes, que Sitel es un gran invento “preferible a los modos de intervención anteriores”. Lo dicho: ya tenemos al jamelgo con las patas apuntando al cielo.
Lo lamentable es que una petición sensata, como es la de extremar los controles para impedir arbitrariedades del poder o, simplemente, para alejarle de la tentación de cometerlas, se realice con el único propósito de salvar de la trena a unos presuntos delincuentes al corriente de pago en las cuotas. Lo verdaderamente siniestro es que los aspirantes a gobernar el país actúen como lo haría el marrullero abogado defensor de una pandilla de facinerosos. Sobran caballos de batalla. Súbanse en otro que no les tire.
Como se sabe, porque es algo que suele repetirnos el Gobierno, nuestras relaciones con Marruecos son “excelentes”, algo lógico teniendo en cuenta, además, que el monarca alauí es para nuestro Rey no ya un amigo sino un hermano pequeño. Es una evidencia que, desde que pasamos página de nuestras heroicas gestas militares en Perejil, nos entendemos divinamente. Dejan que pesquemos en sus caladeros, ponen en el desierto a quienes tratan de saltar nuestras sirgas fronterizas y desisten de enviarnos otra marcha verde a Ceuta y Melilla. ¿A cambio? Nos hacemos los distraídos con ese discutible asunto de los derechos humanos, les vendemos material antidisturbio porque ellos sí que no se distraen y abandonamos a su suerte al pueblo saharaui, que bastante tenemos con traer a tres o cuatro niños en verano para que expliquen en los campos de refugiados lo que es una piscina.
El caso de Aminatu Haidar, la activista saharahui más laureada por su lucha pacífica por la autodeterminación, es un fleco más de este fructífero intercambio. Expulsada arbitrariamente de El Aaiún junto a dos periodistas españoles, ha sido obligada a entrar en España, donde ha iniciado una huelga de hambre. Esta mujer es tan ingrata que, en vez de aceptar nuestra hospitalidad, se ha puesto farruca y hemos tenido que denunciarla por desórdenes públicos. No te puedes fiar de una persona anémica. Por supuesto, no hemos protestado ante Marruecos por el trato que ha dispensado a Haidar y a nuestros dos compatriotas, que algo habrían hecho. ¿Acaso vamos a fastidiar a Zapatero su próxima bajada al moro?
España no puede por sí sola resolver la cuestión del Sahara Occidental, pero su responsabilidad como ex potencia colonial aconsejaría una postura coincidente con las resoluciones de la ONU: autonomía temporal de cuatro o cinco años dentro de Marruecos y posterior referéndum de autodeterminación, como rezaba el Plan Baker. En vez de eso, se ha utilizado el contencioso como un apéndice de la relación bilateral con Marruecos. Si pinta en bastos, como cuando Aznar nos hacía un sitio en la historia, pedimos la independencia; si suenan violines, nos quedamos con la autonomía. En medio de la sinfonía actual estos saharauis nos resultan muy molestos. Y más si esta pacifista con un brazo en cabestrillo llamada Aminatu Haidar nos deja en evidencia.
Tal y como están concebidas, las cumbres mundiales se asemejan a un cocido maragato: se engulle primero la carne y los garbanzos y se acaba con la sopa. Bajo esta misma receta, los cónclaves planetarios elaboran primero sus conclusiones y luego se celebran. El método tiene la ventaja de que anticipa los fracasos, que es el resultado más habitual, pero obliga a nuestros líderes a emprender viajes agotadores para leer un discurso que podían haber enviado por correo electrónico. A estas alturas ya sabemos que la de Copenhague sobre el clima será un fiasco, igual que la de Seguridad Alimentaria, de la que ha hecho novillos hasta Zapatero, que después de promover la alianza de civilizaciones y la alianza contra el hambre ha debido de desfondarse.
Los ausentes a esta última cita en Roma, con Obama a la cabeza, que está en China practicando la alianza de regímenes, se han perdido la simbólica huelga de hambre del director general de la FAO, Jacques Diouf, con cuyo ayuno ha pretendido sin éxito remover las conciencias y las carteras. Su acción ha pasado desapercibida frente a las lecciones de Islam para señoritas de más de 1,70 de altura impartidas por el profesor Gadafi, al que no se puede negar su intento de adaptarse a las costumbres locales a precios populares -50 euros por velina-, toda una lección de austeridad para Berlusconi.
Pues bien, antes de que el Papa inaugurara la cumbre y sermoneara contra la opulencia y el derroche ya se conocían las conclusiones finales, cuya gran novedad era el compromiso de reducir a la mitad en 2015 el hambre en el mundo, un propósito que 191 jefes de Estado y de Gobierno ya se fijaron como meta en el año 2000 cuando parieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eso sí, de quién pone la pasta para evitar que la desnutrición mate al día a 35.000 personas en el mundo ja en parlarem, que diría Pujol.
¿Culpamos sólo a los gobiernos de los países ricos? Aquí sin ir más lejos, el PP ha propuesto recortar la ayuda al desarrollo en su plan anticrisis. La medida contaría, sin duda, con el aplauso de muchos conciudadanos, cuyo patriótico razonamiento es que antes estamos nosotros que los negritos del África tropical. Y eso que a todos nos desazonan las tripas hinchadas de esos niños esqueléticos que vemos en los telediarios. Suerte que hayamos inventado el zapping, porque es que así no hay quien coma.
El secuestro del Alakrana ha inaugurado un nuevo tiempo en la Justicia española. Lo de la lentitud era un mito sin fundamento. La Audiencia Nacional es en estos días el plató de un película de Buster Keaton, con actores en blanco y negro que se mueven a toda leche. Se acabaron los procesos interminables. A los piratas somalíes que el Gobierno se empeñó en traer para fomentar el turismo del Cuerno de África se les va a juzgar en quince días por un delito, el de la detención ilegal de los tripulantes del atunero, que se sigue cometiendo. Si esto no es celeridad, que venga Usain Bolt y lo diga.
Ayer, a instancias de la fiscalía y urgido por ella, el juez Pedraz decidió el procesamiento de Abdú Willy, el pirata más radiografiado del mundo, y de su colega de pendencias, sin incluir entre los cargos el delito de asociación ilícita, lo que podría facilitar su expulsión a Somalia cuando la ingeniería jurídica determine el procedimiento más conveniente para retorcer la ley sin matarla por asfixia. No hay que preocuparse: tenemos un Estado de Derecho tan fuerte que el Ejecutivo se ha propuesto verificar cuántos puñetazos en el hígado puede recibir antes de que hinque la rodilla o bese la lona.
Cuando esta pesadilla concluya y los marineros del Alakrana regresen con sus familias, cada palo tendrá que aguantar su vela. Si de algo está preñado este caso es de responsabilidades, empezando por la del armador, un señor que obliga a su barco a faenar fuera del perímetro de seguridad de la operación Atalanta –un despliegue de barcos de guerra que nos sale por un pico-, y que lo hace sin enarbolar la bandera del país al que luego pide auxilio cuando la cubierta se le llena de filibusteros.
En el capítulo de temeridades, la del Gobierno ha batido todos los récords. Primero se ordenó la captura de los dos piratas, cuando un informe de la inteligencia militar lo desaconsejaba; más tarde se apremió su traslado a España, en abierta contradicción con la experiencia internacional en casos similares y con el propio sentido común. El desenlace de este despropósito causará importantes daños a ese Estado de Derecho que no acepta chantajes, salvo si vienen del Índico. Escupan crudo o fuego de artillería, las crisis en alta mar son funestas para el estómago de nuestros gobernantes. Sus vómitos nos acaban manchando a todos.
