Antes de que Francisco Camps acusara al PSOE de querer darle matarile y tirarle a una cuneta ya sabíamos que a este hombre le pasaba algo. Tan anormal era su comportamiento, tan extraña su declarada alegría, tan forzadas las muecas de su cara que hubo quien pidió asesoramiento a los expertos para conocer el alcance de su patología. Uno de ellos, Armindo Freitas-Magalhäes, psicólogo portugués doctorado en sonrisas, confesó al diario Levante lo que todos nos temíamos: “Este señor no está tranquilo sino preocupado”. Y fue gracias a este especialista en artes faciales por el que nos enteramos de que su sonrisa sardónica tipo careta de carnaval era fruto de “descargas neurocirculatorias” diferentes a las que moldean la sonrisa natural, y aquello, obviamente, no presagiaba nada bueno.
A quienes apreciamos la elegancia de Camps, su porte distinguido, esa manera suya de entender la política y la amistad, juntas ambas en orgiástica alianza, nos preocupaba el padecimiento del Molt Honorable, que ahora esos malvados socialistas han tildado de enajenación mental, ignorantes de que la locura es cosa admirable y que lo realmente terrible es la estulticia, que cuando alcanza el grado de idiotez es enfermedad extraordinaria e incurable.
Ni siquiera es preciso pensar en el Quijote para enaltecer la locura, de la que Erasmo de Rotterdam hizo elogio bastante. La falta de conciencia puede ser un don, porque no hay quien, en tal circunstancia, muestre vergüenza por sus actos o se sienta concernido por el oprobio. “¿Qué te importa que te silbe todo el mundo si tú mismo te aplaudes?”, proclamaba Horacio en sus Sátiras. Un hombre que, a la pregunta del juez sobre cuál era el montante de la deuda que mantenía con él Alvarito el Bigotes, es capaz de responder que todos los valencianos le deben mucho no es un loco; es un artista del trapecio.
Definitivamente, Camps no está chiflado, por mucho que sus compañeros de partido teman por su estabilidad emocional. El presidente de Valencia razona perfectamente. Dice que los socialistas le quieren dar el paseíllo con nocturnidad y en camioneta pero sabe que, para alguien como él, que se siente políticamente muerto, ese viaje es completamente imposible. A ningún cadáver se le puede matar dos veces. He ahí el origen de su desdicha.
Debe de ser cierto que el fin del mundo está próximo porque a la vuelta de cada esquina se nos muestra un signo de la inminencia del Apocalipsis. El más notorio ha sido la sentencia del Tribunal de Estrasburgo instando a retirar los crucifijos de las escuelas para no molestar al Anticristo cuando llegue, pero la confirmación se producía el martes con la eliminación del Madrid de la Copa a pies del Alcorcón, un presagio de que los siete ángeles se disponen a tocar sus trompetas a lo Dizzy Gillespie para desesperación de ese ser superior llamado Florentino, al que se le hunden los túneles en Andorra y le amenazan ruina sus castillos en el aire.
Aunque salvarnos va a ser más difícil que juzgar a Carlos Fabra, la NASA ha tratado de tranquilizar al personal con un comunicado en el que afirma que no tiene previsto que un planeta se estrelle contra la Tierra el 21 de diciembre de 2012 y lo deje hecho unos zorros, por mucho que se acabe un ciclo del calendario maya y que Hollywood nos lo jure en cinemascope. Lejos de conseguir su propósito, el mentís de los vigilantes del espacio inquieta por lo insólito y porque usurpa funciones a la Iglesia, que es a quien corresponde poner o quitar fechas al día del juicio final.
Para alarma de sus fieles, la Iglesia sigue sin pronunciarse. Es verdad que la Curia anda estos días liadísima y que, entre amenazar con la excomunión a los políticos que voten a favor del aborto y explicar a sus sacerdotes por qué ellos no pueden casarse y los obispos anglicanos conversos sí, el tiempo se pasa volando. Lo peor ha sido la desconfianza que ha generado al permitir que una parroquia italiana instale un dispensador electrónico de agua bendita para prevenir el contagio de la gripe A. El día en que el agua de estas pilas sea un instrumento de propagación de la nueva plaga de Egipto se habrá abierto el séptimo sello.
A falta de confirmación oficial, no tendremos más remedio que esperar con el alma en vilo y mirar el cielo de soslayo por si se nos viene encima un pedrusco gigantesco. Si eso no basta, siempre podremos escuchar a Francisco Camps, que es un jinete de su propio Apocalipsis, decir que el PSOE le quiere ver muerto, mientras repasamos el libro de San Juan: “…y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos”. Amén.
Zapatero y Rajoy se han puesto de acuerdo para que Alberto Oliart sea el nuevo presidente de RTVE en sustitución de Luis Fernández, cuya marcha es todo un acontecimiento en un país en el que no dimite nadie ni en defensa propia, y menos aún por un cuestión tan nimia como que el Gobierno haga luz de gas al responsable del Ente y le ignore olímpicamente a la hora de cambiar el modelo de financiación de la televisión pública. Si Fernández fue el primero en llegar al cargo por consenso, Oliart es el segundo. Da gusto que entre nuestros líderes planetarios reine la armonía.
Oliart tiene un envidiable currículo. Abogado de profesión, ha sido tres veces ministro -de Industria, Sanidad y Defensa- con la UCD, toda una cantera en lo que a hombres de consenso se refiere. Tan dilatada es su experiencia que Oliart llega al cargo a los 81 años, una edad que quizás no aparente pero que transmite un desolador mensaje sobre las aptitudes de las nuevas generaciones de españoles para la gestión empresarial y hasta del estado de las cuentas de la Seguridad Social. ¿Será éste un aviso sobre la nueva edad de jubilación que precisa el sistema para ser sostenible?
La confianza que PSOE y PP han depositado en el ex ministro es mucho mayor que la de las empresas privadas por cuyos consejos ha transitado. De hecho, Oliart sólo mantiene cargos en dos sociedades familiares, una de ellas una SICAV llamada Prospectus Inversiones, ahora que tan de moda están estas firmas de inversión colectiva en lo que a fiscalidad se refiere. Salvo por la autoría de algunos artículos en prensa, nada en su trayectoria sugiere que el ex ministro tenga experiencia en el mundo de la comunicación o de las corporaciones audiovisuales, por lo que cabe deducir que éste no debe de ser un requisito que sus padrinos consideren imprescindible para asumir la presidencia de RTVE. O lo que es lo mismo, se puede dirigir una televisión sin tener ni idea de televisión.
Sería exagerado pedir que antes de cubrir la vacante se publicara una oferta de empleo en los periódicos buscando aspirantes, como hizo la BBC hace algunos años, aunque ello no avala el procedimiento actual. Si para encontrar un candidato bien visto por los dos grandes partidos es necesario rebuscar entre las viejas glorias de la Transición, dentro de pocos años el consenso será imposible sin una máquina del tiempo.
Además de un símbolo de la destrucción del litoral, que en España decidimos alicatar hasta el techo por eso de que se limpia mejor con la bayeta, el hotel Algarrobico es la prueba irrefutable de que no basta, como decía Hemingway, con situarse detrás del hombre que dispara y delante del que caga para evitar los tiros y la mierda porque hay gente capaz de hacer dos cosas a la vez. Lo último a propósito de este mamotreto es pura escatología: el ayuntamiento de Carboneras ha dispuesto que los terrenos sobre los que se levanta, a 14 metros de la ribera del mar, son urbanizables.
La historia del hotel, o de su desparramado esqueleto sobre una colina del Parque Natural del Cabo de Gata, es digna de un culebrón. He aquí el resumen: en 1984 el suelo donde luego se asentaría el Algarrobico era urbanizable; diez años después se aprobó el plan de recursos del Parque y dejó de serlo; en 1997 recuperó su condición porque la Junta de Andalucía modificó los planos del Parque; en mayo de 2003 se inició la construcción, que debía ser legal porque hasta el Gobierno subvencionó el proyecto y la Junta aprobó otro plan para llenar la zona de hoteles, viviendas y el socorrido campo de golf; en 2006 la construcción dejó de ser legal porque, a instancias de los ecologistas, un juzgado paralizó las obras; en ese mismo año, la ministra Narbona decidió que había que derribar el hotel e iniciar la expropiación; a la Junta le pareció bien, pero aprobó otros planos del Parque haciendo la vista gorda; en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendió estos nuevos planos; por estas fechas, la nueva ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, lo que suspendió fue la expropiación; y así llegamos a la deposición del Ayuntamiento, que deja el asunto como estaba en 1984.
Greenpeace ha hecho, con razón, bandera de la demolición de ese disparate, pero también hay que ponerse en la piel de la empresa propietaria de la cosa, que ha enterrado un pastizal entre las rocas para ver cómo a su estructura de más de 20 plantas y 411 habitaciones la cagan las gaviotas. Tanto si el hotel se concluye, se derriba o se fosiliza tendremos que aflojar entre todos la pasta para indemnizar a sus promotores. Los responsables silbaran el only you mientras ultiman un plan para asfaltar Sierra Nevada, o hacer adosados si la comisión merece la pena.
Hubo cosas que el muro de Berlín no mató cuando cayó con el mayor de los estrépitos hace ahora veinte años. Acabó, es cierto, con una manera abominable de entender el socialismo y dejó mal heridos a los intelectuales de izquierda, quienes, dos veces ciegos, corrieron a refugiarse entre las faldas de un capitalismo que les acogió como hijos pródigos a cambio de un simple epitafio: no hay alternativa. El muro aplastó entre sus escombros a quienes pensaban que el Partido nunca podía equivocarse porque era el intérprete de la historia. Pero, desde luego, lo que no pereció fue la historia misma, aunque algunos se empeñaran en que esa mano invisible y triunfante del mercado había escrito su final.
Con el muro no se hundió la rebeldía ni la idea misma de comunismo, entendido como la aspiración a una sociedad justa e igualitaria. Es ahí donde uno supone al PCE, que en el aniversario del derrumbe ha elegido a José Luis Centella nuevo secretario general. A los comunistas españoles podía aplicárseles la respuesta que el general Rojo dio a un diplomático extranjero en el preludio de la toma de Madrid por parte de las tropas fascistas. “¿Por qué no se rinden ya?”, le preguntó. “Porque no nos da la gana”.
La historia del socialismo no es exclusivamente la de los gulags soviéticos, sino la de una utopía que moldeó Europa. Su avance en Alemania está en el origen de leyes como la de pensiones de vejez e incapacidad, la de accidentes de trabajo o la del seguro de enfermedad, con las que se trató entonces de desactivar las ideas revolucionarias de un proletariado que había adquirido conciencia de clase. Fueron los antecedentes de un Estado del Bienestar que conforma las señas de identidad de lo europeo por encima de cualquier otra característica.
Antes de que la crisis destapara los vicios de la orgía capitalista, sólo nos quedaba imaginar que otro mundo tenía que ser posible. Después de comprobar los efectos que ocasiona la lógica del beneficio y la adoración acrítica al becerro de oro, cabe reclamar una alternativa, una búsqueda a la que la izquierda oficial, imbuida del pensamiento único, parece haber renunciado. Sólo por eso tendría el comunismo su razón de ser. Con su hoz y su martillo, Centella es imprescindible, aunque este año tampoco hagamos la revolución.
Como mula que vuelve al trigo, el PP intenta de nuevo convencernos de que Rubalcaba es Mercedes Milá con barba, un redomado fisgón que, gracias a un artilugio llamado Sitel, con el que se pueden intervenir teléfonos, grabar conversaciones, leer los sms y los correos electrónicos, nos tiene vigilados a todos, aunque de manera especial a quienes son del PP y, casualmente, se lo llevan crudo. Los populares, que cuando dejan de despellejarse entre ellos siempre encuentran un rato para intentar desacreditar la investigación de la trama Gürtel, han afirmado que el sistema es ilegal e inconstitucional y que, en la mayoría de las ocasiones, se usa sin control judicial. La sorpresa fue mayúscula cuando el Gran Hermano Alfredo demostró que el Sitel fue adquirido por Rajoy y Cospedal en su etapa en Interior y que fue Acebes quien apretó el botón de encendido.
Lejos de amilanarse ante la revelación, los de Job han argumentado que se gastaron 9,8 millones en el mecanismo pero que no llegaron a utilizarlo porque varios informes cuestionaron su legalidad si no se modificaba antes la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que, en efecto, no se ha producido. En su intento por desacreditar todos los procesos en los que se ha recurrido a Sitel, incluida la Correa connection, se han topado con los reproches de jueces y policías, y con una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo en la que se reconoce que las grabaciones, se obtengan con un micrófono o con un ordenador, ya están reguladas por dos leyes orgánicas.
Las motivaciones del PP al reclamar que el Parlamento establezca ahora límites al uso de esta herramienta son bastante hipócritas, aunque ello no debería evitar el debate sobre un modelo de sociedad vigilada que, con el pretexto de la seguridad, conculca libertades esenciales. Se hace raro caminar por una calle, tomar un autobús, visitar al dentista o comprar melocotones sin que una cámara nos inmortalice; hay aeropuertos que almacenan datos biométricos de los pasajeros; existen redes como Echelon o Carnivore que rastrean correos electrónicos y llamadas; los servidores de Internet acumulan datos sobre el tráfico de los usuarios. Estamos construyendo un mundo orweliano en el que terminará siendo cierto aquello de que nada es del individuo “a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo”. Y eso, con suerte.
Las complicaciones en la resolución del secuestro del Alakrana, tras el desembarco de tres de sus tripulantes para ser entregados a las familias de los dos piratas encarcelados en Madrid, han vuelto a poner de manifiesto que su traslado a España por orden de Garzón fue un colosal error que podía haberse evitado con la entrega de los apresados a Kenia, país que mantiene un convenio con la Unión Europea para este tipo de casos. No es casualidad que el nuestro sea el único país que ha llevado ante sus tribunales a piratas somalíes. El segundo error fue de cálculo: quienes pensaban que los asaltantes del atunero cogerían el rescate y se olvidarían de sus compañeros estaban equivocados.
La actuación de Garzón merecería un capítulo aparte, aunque de nada serviría lamentarse. Partimos de acciones irreversibles. Tenemos, por un lado, a dos piratas adultos entre rejas, que no pueden ser excarcelados ni canjeados sin hacer fosfatina el Estado de Derecho; y, por el otro, a unos bucaneros que exigen para liberar al barco y a su tripulación no sólo dinero sino también la devolución de sus compinches. En medio del callejón sin salida se encuentra el Gobierno, cuya principal obligación es preservar la vida de los marineros del Alakrana y no ponerla en riesgo de manera innecesaria.
No hay que ser muy avispado para reconocer que el caso sólo tenía dos posibles soluciones: la primera, consistía en prolongar las negociaciones el tiempo necesario para convencer a los secuestradores de que olvidasen a sus colegas de armas, a los que siempre podrían enviar tabaco a galeras con la calderilla del botín; la segunda era tomar el buque al asalto al menor signo de que la vida de los tripulantes estuviera en peligro. Para conjurar esta segunda opción, los somalíes, que son piratas pero no imbéciles, han tomado rehenes entre los rehenes, lo que complica aún más el asunto y pone en evidencia la vigilancia que la fragata Canarias ejercía sobre el pesquero.
Si antes era difícil asegurar la integridad de los marineros, ahora resulta imposible porque el paradero de varios de ellos es un misterio. Es de suponer que el Ejecutivo no habrá descuidado sus obligaciones y que, a lo largo del mes largo de secuestro, se habrá trabajado en un plan de rescate con fuerzas especiales del Ejército o de la Policía. ¿Estamos preparados para elegir entre dos males?
Quizás por incómoda, la verdad nunca estuvo bien vista en política. A un dirigente se le pide que hable bien y que convenza, aun a costa de exagerar, manipular, tergiversar o mentir, pero no que se desnude o desnude a los suyos, porque con las vergüenzas al aire no hay quien resista un otoño, por muy benigno que éste sea. Un político ha de ser hipócrita, desear el mal a su vecino con un halago y huir de la verdad como de la peste. De los inconscientes que no siguieron estos consejos suele decirse que perdieron las formas -un grave pecado- y ello les hace acreedores de un juicio severo. A esta tarea se entregó ayer el PP con el vicegallardón Manuel Cobo.
Lo de Cobo clamaba al cielo. Nunca se vieron juntas tantas verdades como puños, con lo desagradables que resultan los puños en su partido, sobre todo si están en alto. Esperanza Aguirre puede gobernar la Comunidad de Madrid como una finca videovigilada o ser una liberal de pacotilla capaz de convertir Telemadrid en el espejo de la bruja de Blancanieves. No tiene importancia. Lo grave es dar notorios a sordos y confesarlo públicamente ya que, como ha sentenciado Rajoy, con esas actitudes se hace “un flaco favor a España y al Partido Popular”. ¿Acaso se merece España que se la perjudique impunemente con una ristra de verdades?
Los políticos han de extremar las precauciones y medir sus palabras, no vaya a ser que acaben perjudicando al país. El ejemplo a seguir es el de Francisco Camps, que puede resultar algo cursi pero siempre está contento y es una alegría escucharle. Su método para triunfar o, simplemente, para seguir en el machito se denomina genuflexión dialéctica, que es al lenguaje lo que el sexo oral al Kamasutra. Compruébese en esta cita extraída de la intervención del valenciano ante el Comité Ejecutivo del martes pasado: “Cuando yo estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba, Mariano. Tú eres mi escudo”. Y es que para ser bella la poesía no necesita ser sincera.
En definitiva, Cobo se merece el castigo de haber llamado a las cosas por su nombre, una conducta impropia de un político. Hay quien asegura que en su hemorragia verbal influyó el vil metal, el haber recibido una herencia familiar que, según él mismo ha contado, le da la independencia suficiente para afrontar sus imprudencias. La verdad no nos hace libres; es el dinero. Ahora lo sabemos.
Después de preguntarnos angustiosamente qué demonios era eso de ser español y envidiar la clarividencia de otros para definirse, resulta que los franceses también dudan sobre lo que significa ser un enfant de la patrie, o, al menos, así lo cree Sarkozy, que ha lanzado un debate acerca de la identidad nacional, cuyas conclusiones deberán estar listas en febrero. Además de establecer si la Marsellesa ha de cantarse antes del desayuno o en clase de Lengua, uno de los objetivos de la consulta, quizás el más importante, es dar ideas al Gobierno para sumar a los inmigrantes a la causa de la grandeur o, si se resisten, ofrecer una coartada para despedirles a la francesa y, de paso, ganar votantes de extrema derecha.
Semejante debate en España requeriría de algo más de tiempo porque si de algo vamos sobrados, además de parados, es de identidades nacionales y la cosa se complicaría bastante. De hecho, llevamos más de un siglo dándole vueltas al qué somos, con el paréntesis de los 40 años de Franco, que nos lo puso bien clarito por decreto y hasta nos hizo un fuero. De cualquier forma, basta con repasar las definiciones preexistentes sobre nuestra naturaleza y condición para concluir que nos miran mal y nos apreciamos poco, lo que daría sentido a esa frase atribuida a Canovas de que “son españoles los que no pueden ser otra cosa”.
Entre la “chusma de aldeanos dirigida por una chusma de curas” con la que nos bautizó Napoleón antes de perder la guerra y devolvernos como escarmiento al Fernando VII de empavonados bucles, al eructo de Churchill –“los españoles son vengativos y el odio les envenena”-, las aproximaciones al ser español han sido, por lo general, pesimistas y dolientes. De hacer caso a nuestros más eximios pensadores pasamos de ser un imperio a un problema.
Y así seguimos. Llegará un día en que asumamos que la nación es un invento reciente cuya utilidad más destacada ha sido la de llenar los cementerios, y que lo importante no es ser españoles, franceses, vascos o lituanos sino la idea que cada uno tiene del individuo y de la humanidad en su conjunto. Dentro de cien años, cuando las naciones sean una curiosidad histórica, quizás nos preguntemos por aquella enfermiza obsesión por las fronteras, por el empeño en buscarnos diferencias y, sobre todo, por esa infinita estupidez que nos caracteriza. ¿Ven ahí tema para un debate?
La exhibición pública de los imputados de la trama Pretoria, esposados y recogiendo las bolsas con sus pertenencias antes de ser conducidos ante Garzón, ha causado hondo malestar en ambientes judiciales y políticos, hasta el punto de que el propio presidente de la Audiencia Nacional ha ordenado una investigación para aclarar lo sucedido. Acostumbrada al trato exquisito que se dispensa a otros presuntos delincuentes, cuya dignidad se preserva con capuchas y acelerando a empujones su entrada en los juzgados, la ciudadanía está soliviantada. Por si fuera poco, y para aumentar la conmoción, las televisiones no advirtieron a la audiencia con algún sobreimpresionado del tipo “si usted es un político, estas imágenes pueden herir su sensibilidad”. Está visto que ya no se respeta nada.
Esto sucede en un país que se ha consagrado a la causa de preservar los derechos fundamentales de los detenidos. Puede entenderse que algo así ocurra en Estados Unidos, como cuando Michael Jackson fue acusado de abusos a menores, se entregó, llegó a prestar declaración esposado a la vista de todos y una hora después fue puesto en libertad tras pagar una fianza. Pero aquí los detenidos son sagrados, y más aún si son inmigrantes sin papeles, a los que, llegado el caso, se expulsa con casco y camisa de fuerza para respetar su honor y su integridad. Y, por supuesto, no se les graba con la chichonera puesta, porque se vela por su buen nombre y para que no se les confunda con la Vuelta Ciclista.
La difusión de las imágenes de Alavedra, Prenafeta y Bertomeu Muñoz esposados ha causado además un daño irreparable al PP, a quien injustamente se ha arrebatado el monopolio de mostrar encadenados a sus cargos públicos. Así que toca buscar culpables de la misma forma que se hizo en Mallorca, cuando los policías debían presentir que a un político no se le ponen nunca grilletes, a pesar de que una instrucción de diciembre de 2007 les confiere la potestad de decidir cómo se traslada a un detenido.
Falta un protocolo exhaustivo que recoja, por ejemplo, que si el imputado es un político, en activo o retirado, ha de ser conducido ante el juez en coche oficial de gran cilindrada y no en un vulgar furgón, que desprestigia mucho. Y en vez de bolsas, samsonites con ruedas. Con estas normas básicas y un buen biombo, no hay robo que empañe una reputación ganada a pulso.
