Lo de querellarse contra Garzón tiene visos de convertirse en una costumbre tan hispana como el aperitivo del domingo. Si usted sale de casa una mañana sin saber muy bien qué hacer o precisa culpar a alguien del robo del cubo de basura de la comunidad de vecinos, no lo dude: rellene una cuartilla, denuncie al juez y espere a que el caso caiga en manos del Supremo, que no tardará en empapelarle con la dignidad acostumbrada. El tribunal acumula ya tres causas contra Garzón, quien para distraerse ha pedido a Chile que le deje interrogar a la mujer de Pinochet sobre el blanqueo de la fortuna familiar. Tal y como están la cosas, no es descartable que la viuda le demande y afronte un cuarto procedimiento, con el que, al parecer, ganaría un globo y entraría en el sorteo de un viaje al Caribe para dos personas.
Doctores tiene la judicatura para determinar si Garzón se merece un escarmiento por sus excesos, pero en lo que respecta a dos de estas instrucciones la prevaricación que se le imputa es algo más que discutible. En el caso de la memoria histórica, es inaudito sostener que dictó resoluciones injustas a sabiendas cuando tres magistrados de la Audiencia Nacional le consideraron competente para llevar adelante esta investigación por presuntos delitos de crímenes contra la humanidad y terrorismo, salvo que ellos mismos también prevaricaran.
Igual podría decirse de la supuesta ilegalidad de las escuchas en la cárcel ordenadas por Garzón a los letrados de varios imputados en la trama Gürtel. Si Garzón prevaricó, también lo habría hecho el juez del caso en Madrid, Antonio Pedreira, quien avaló estas intervenciones tras destacar que el derecho de defensa y el secreto profesional de los abogados debe respetarse “siempre y cuando no se pretenda con ello infringir otro precepto constitucional”, tal y como recoge la jurisprudencia del propio Supremo y del Constitucional.
Más difícil de aceptar es el asunto de los cursos en Nueva York, porque pedir al presidente del Santander, Emilio Botín, que te afloje 300.000 euros y luego archivar una querella en su contra en vez de abstenerse puede que no sea prevaricación pero es bastante feo. Reclama Garzón que se le trate como a cualquier ciudadano, sin reparar en que habrá ciudadanos que pidan ser tratados como Garzón. Botín no va a dar abasto con tanta carta: “Querido Emilio…”.
A Ignacio Uriarte, diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones, le han pillado cocido después de embestir con su coche con las primeras luces del alba a otro vehículo parado en un semáforo. Nadie resultó herido. Uriarte aún no ha cumplido 30 años y es obvio que se le fue la mano con el gin-tonic. A veces, ocurre. Hace algo más de dos años le pregunté en una entrevista cuándo había sido su última resaca. “Pues creo que hace un mes”, me dijo. Tras destaparse el incidente, ha dimitido de la comisión de Seguridad Vial del Congreso, pero hay a quien le sabe a poco y exige que renuncie a su acta e ingrese en un convento. Este es un país de pecadores muy santos que hacen cola para tirar la primera piedra.
Conducir beodo está muy mal y merece el oprobio general aunque el de la tajada no alcance un tasa de alcoholemia delictiva ni cause daños personales. El Supremo le retirará el carnet y le multará con arreglo a la ley, lo cual es más justo que fusilarle al amanecer. Nadie perdería su trabajo por un suceso similar y sería exagerado pedir al diputado bacante que renuncie al escaño.
El problema es que el PP ha sido muy poco comprensivo en casos semejantes. Sirvan estos ejemplos: en febrero de 2007, un teniente de alcalde de Leganés (Madrid) se tomó parte de la cosecha del año y se llevó por delante a otro coche en una rotonda; el PP pidió su dimisión; en mayo de 2008 el alcalde de Trujillo (Cáceres) se bebió la otra parte, como se comprobó en un control de tráfico, y fue condenado a trabajos sociales y multa de 2.700 euros; el PP exigió su renuncia; el 17 de febrero de este año, la Policía detectó que el gerente de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias había bebido bastante, incluida el agua de algunos floreros; el PP pidió que se le mandara a su casa sine die para que se recuperara de la resaca. Días antes había dimitido el alcalde de Siero tras de estrellar su coche oficial a la vuelta de una noche loca en las fiestas de un pueblo ¿Qué que dijo que el PP? Pues que Siero se merecía un alcalde que no se saliera de la carretera. Y así.
Cospedal ha terciado en defensa de Uriarte con el argumento de que lo suyo ha sido un error humano y que es una exageración que se pida su dimisión como diputado. De acuerdo. ¿Y lo del resto? ¿Se equivocaron también o es que su forma de trasegar era inhumana? Que nos lo explique.
Orlando Zapata, albañil de profesión y preso político, ha muerte en Cuba tras una huelga de hambre de 86 días. A su madre le han grabado un vídeo a la puerta del hospital en el que contaba sus planes para velarle y pedía tener el valor suficiente para amortajar su cadáver. No era su primer vídeo. Venía denunciado en otros que su hijo había entrado en prisión en 2003 con una condena de tres años y que su pena había crecido hasta los 36 años, en medio de continuas torturas. ¿Formará también esto parte de la gran conjura mundial contra Cuba o de la desinformación que sobre la isla propala cierta prensa? ¿Estará pagada por la CIA la doliente matrona de las imágenes que tacha de “asesinato premeditado” la muerte de su hijo?
Hay cosas por las que merece la pena hacer la Revolución. Uno se revuelve por dignidad, porque siempre estará vigente la frase de Martí de que vale más un minuto en pie que toda una vida de rodillas. Y arriesga su vida por la libertad y la defiende con fe y valor como cantaban los viejos anarquistas. Merece la pena hacer la Revolución por la igualdad de oportunidades, por una educación plena, una sanidad universal, por una vivienda decente. Es justo rebelarse contra el hambre y contra la injusticia, contra la discriminación y las torturas, contra la esclavitud y las mordazas, contra la tiranía.
Y también hay cosas por las que la Revolución deja de merecer la pena. El objetivo no puede ser resistir más que los otros, no perecer, aunque para ello se pase como una apisonadora por encima del individuo y de sus anhelos. El deber del revolucionario no es preservar su existencia. No se hace la Revolución para que los comisarios del partido vigilen desde cada esquina tus movimientos, ni para que las cartillas de racionamiento te aseguren el pan siempre que seas capaz de aguantar las colas y mucho menos para pasar la vida asomado a un malecón soñando con abandonar una bella cárcel tropical abrazada por el mar.
Las revoluciones tienen enemigos pero algo falla cuando entre éstos se cuentan en número amplio quienes debía ser sus beneficiarios. No se hace la Revolución para que un timonel decida hasta su muerte cuándo no ha de darse un paso atrás y luego abdique en su hermano como un monarca absoluto. No se hace la Revolución para que personas como Ornaldo Zapata tengan que morir pidiendo justicia.
Es posible que lo dé la institución o algún extraño virus del sistema de aire acondicionado. Nómbrese mandamás del Banco de España a un comunista, hágasele contemplar el cuadro de Cabarrús, uno de sus antecesores, pintado por Goya, y el estatalista recalcitrante abrazará el neoliberalismo con la fe del converso. Con Miguel Ángel Fernández Ordóñez no se pudo constatar el contagio porque ya venía inmunizado de casa. Ayer, para no dejar solos a los sindicatos, el gobernador también se manifestó, aunque lo hiciera en dirección contraria, es decir, a favor de la propuesta de retrasar la edad de jubilación y pidiendo de nuevo abaratar el despido. Hace unos meses quizás Corbacho le hubiera contestado, pero el ministro, después de rendir el fuerte, ya no está para esos trotes.
Pese a su locuacidad, hay cosas de las que Fernández Ordóñez nunca habla, con lo que perdemos la oportunidad de que nos ilumine con su sabiduría. Nos gustaría saber, por ejemplo, por qué no detectó a tiempo que la Caja de Castilla-La Mancha tenía un agujero patrimonial de más de 3.000 millones de euros, que hemos tenido que aflojar entre todos a escote, o cuál es la razón por la que se permitió a otras cajas situarse al borde la ruina asumiendo riesgos disparatados en el sector inmobiliario, esas mismas entidades que el gobernador trata de casar entre sí por eso de que el matrimonio todo lo tapa.
Probablemente se deba a esa gran visión de la jugada que el omnisciente Servicio de Estudios del Banco de España mostró en 2006 en un trabajo memorable titulado El precio de la vivienda en España: ¿es robusta la evidencia de sobrevaloración? Lean la respuesta extractada a esa pregunta: “La evidencia disponible no sustenta la hipótesis de que el auge reciente del mercado se deba a comportamientos especulativos generalizados”. ¿Cómo iba a impedir el supervisor que bancos y cajas contribuyeran al fraude piramidal de la burbuja inmobiliaria si ni siquiera reconocía su existencia?
El gobernador tendría que explicarnos por qué no exigió antes las duras provisiones que piensa aplicar ahora, con lo que hubiera pinchado el globo a tiempo y, ya de paso, desvelarnos el arcano de que bancos con beneficios astronómicos sigan con el grifo del crédito cortado. Tras eso, aceptaríamos gustosos sus reflexiones sobre esa reforma laboral que tanto le obsesiona.
Por eso del interés general, los que creemos que el trabajo mata más que el tabaco estábamos dispuestos a aceptar que el Gobierno acortara nuestra esperanza de vida prolongando un par de años la edad de jubilación, pero a medida que pasa el tiempo ya no estamos tan seguros de la necesidad del sacrificio. Algo que era vital para asegurar la viabilidad de las pensiones no puede convertirse de la noche a la mañana en un simple propuesta para el debate, como la definía ayer el ministro Corbacho, porque eso equivale a reconocer que se gobierna a salto de mata, contentando a los mercados un día y tratando de apaciguar al otro a los sindicatos, que hoy se manifiestan contra lo que iba a ser y puede que sea menos o, al final, termine por no ser nada, según convenga.
A las centrales sindicales se les podrá reprochar lo que se quiera salvo incoherencia. Han mantenido que el sistema de pensiones no está en peligro y que una cosa es introducir reformas y otra entrar con la excavadora hasta la cocina. El contrapunto lo ha puesto la CEOE, que se apresuró a felicitar al Gobierno por su arrojo. La patronal, por un lado, entiende que el sistema es insostenible si no se prolonga la edad de jubilación y se aumentan con ello los ingresos, y por otro no renuncia a que se recorten en cinco puntos las cuotas empresariales a la Seguridad Social y, en consecuencia, se recaude menos. En definitiva, que debemos jubilarnos más tarde para que las empresas se ahorren un pico.
Este debate es algo más denso que el que ha entretenido recientemente al país acerca de si Belén Esteban salía o no favorecida con su nuevo apéndice nasal, pero estamos abiertos a contrastar las cifras y superar nuestra aversión a las matemáticas. Es difícil comprender que se hable de prolongar la vida laboral cuando por sistema se expulsa del mercado a los mayores de 50 años, incluso en el sector público, o que nadie haya pedido responsabilidades por planes privados de pensiones que han rozado la estafa. Con las dudas sobre la jubilación ha hecho la banca mucho dinero.
Deberíamos tener certidumbres y, por eso, es urgente que alguien nos enseñe las cuentas. Si el sistema amenaza ruina habrá que tomar medidas drásticas pero no se nos puede pedir que reforcemos los cimientos si la obra consiste en quitar el gotelé y reparar tres desconchones. Sacrificios, los justos.
Por si sirve de ayuda a las tropas occidentales desplegadas en Afganistán, he aquí la descripción de un talibán tipo: señor con turbante, malencarado, de barba muy descuidada, pantalones bombachos y kalashnikov al hombro; si va en moto y lleva un parche en un ojo es el mulá Omar. Estos datos deberían ser suficientes para evitar confundir a los talibanes con la población civil, pero también se podrían pedir datos físicos más precisos a quienes ya negociaron con ellos en 2008 con la mediación de Arabia Saudí o a los que se proponen hacerlo ahora como parte de los nuevos planes de Estados Unidos.
Reconocer al enemigo, aunque fuera con un retrato-robot, evitaría muchos daños colaterales. Mala intención no hay, claro, pero el jueves un bombardeo mandó al otro barrio a siete policías afganos, el martes fueron tres civiles los muertos en Nad Ali, el lunes cinco más en Kandahar y el domingo un misil se equivocó de blanco y se llevó por delante a 12 inocentes. El caso es que cuando no se masacra a la población que hace cola para conseguir gasolina, como ocurrió en Kunduz en septiembre pasado, se convierten las bodas en entierros colectivos, ritual del que sólo en 2008 pueden citarse tres macabros ejemplos. Nunca el matrimonio había sido tan peligroso.
Los afganos sabrán disculpar estas molestias porque, como es sabido, además de derrotar a los talibanes, la nueva estrategia de los ocupantes ya no es implantar la democracia, que es ver Karzai una caja de zapatos y meter cien papeletas con su nombre, sino granjearse la simpatía de sus gentes y reconstruir el país. Y ello, pese a que se invierta diez veces más en armas que en infraestructuras y se dispare por si acaso a todo lo que se mueva. Con razón Carme Chacón afirmaba este miércoles en el Congreso que la llegada de Obama ha cambiado las cosas, tanto que el contingente español se ha duplicado en unos meses y la ministra ya no habla de misión de paz sino de escenario de guerra, donde siguen muriendo nuestros soldados con regularidad kantiana.
Este año el despliegue nos saldrá por de 500 millones de euros, la misma cantidad que Zapatero ha comprometido hasta 2012 para luchar contra el hambre en el mundo o lo que costará pagar el subsidio a los 243.000 nuevos parados que se quedarán sin protección. Habíamos quedado en que había que recortar gastos. ¿Por qué no empiezan por aquí?
Ahora que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, nos lo ha explicado podemos dormir tranquilos. Lo nuestro con el átomo era un miedo irracional, una fobia absurda, porque si hay algo seguro en esta vida es una buena central nuclear, en donde no es que se detecten hasta los estornudos de los operarios, sino que incluso se les receta ibuprofeno. Temer a las centrales, ha dicho Sebastián, es como palidecer ante un eclipse, cosas de niños que se arrebujan bajo las sábanas al ver proyectada en la pared la sombra del oso de peluche.
Históricamente, nuestras centrales han detectado a la primera cualquier estornudo. En Vandellós I, por ejemplo, siempre se atajó la gripe aunque no se pudo impedir que en octubre de 1989 un incendio estuviera a tres grados de fundir el combustible del reactor nuclear y contaminar toda Cataluña. Hubo que cerrar esta central, y también la de Zorita, que tenía la tapa de vasija del reactor con más grietas que el muro de las lamentaciones, y que funcionó durante años con su capacidad de refrigeración mermada. ¿Los estornudos? Se detectaron todos, igual que en Ascó-1, donde se mantienen las toses a raya, pese a que alguna vez, como en 2008, se dejaran escapar al medio ambiente partículas de cobalto-60.
Las centrales son segurísimas en sí mismas y, por supuesto, no constituyen objetivos terroristas, por mucho que el plutonio y el torio que utilizan como combustible sean los ingredientes básicos de las bombas atómicas. Hay que descartar, además, que las propias instalaciones nucleares pudieran llegar a convertirse en blanco de atentados de Al Qaeda, que ya se sabe que estos islamistas no prestan atención a otra energía que no sea el petróleo y se conforman con los rascacielos y los trenes. En resumen, que ni se lo plantean, y si lo hicieran y estornudaran serían rápidamente localizados.
Antes de que Sebastián nos quitara los miedos podíamos pensar que la energía nuclear era peligrosa y sus desechos, una pesadilla ecológica. Ya no tenemos excusa. Aunque no pueda precisar cuándo, el de Industria augura que en algún momento los residuos será reutilizables y dejarán de ser peligrosos porque las ciencias avanzan que son una barbaridad. Si aún así no pueden evitar ser como niños que temen a la oscuridad enciendan una de esas bombillas de bajo consumo gentileza del ministro, que para eso están.
Irá por delante en las encuestas, pero en inteligencia política Zapatero sigue sacando a Rajoy varios cuerpos de ventaja. A la gente hay que darle lo que pide, que unas veces es circo, otras pan y, en ocasiones como ayer, un pacto contra la crisis o, al menos, alguna muestra de entendimiento entre el Gobierno y la oposición, porque aquí le tenemos mucha fe a eso de remar juntos aunque no nos lleve a ninguna parte. Lo que resultaba evidente para cualquiera, no lo fue para Rajoy, al que muchos toman por un brillante parlamentario cuando, en realidad, sólo es un buen lector de discursos, aquejado además, de un tiempo a esta parte, del síndrome del polvorón: sin papel se desmorona.
El debate en el Congreso prometía, no ya por lo que pudiera decir Zapatero, sino porque desde las filas del PP se había aventado la especie de que la larga espera había merecido la pena y que, por fin, el gallego iba a tener a bien revelarnos la composición exacta de su bálsamo de Fierabrás, esto es, el conjunto de medidas con las que vadearíamos la crisis y, entre ellas, esa receta mágica contra el paro que guardaba en secreto para no dar pistas al adversario. Pues bien, el plan de Rajoy es que el PSOE le haga el trabajo y liquide a Zapatero, en vista de que una moción de censura es muy fatigosa, sobre todo por las horas que el candidato, o sea él, tendría que estar de pie.
Convencido de que el pacto o su simulacro es el placebo que el país reclama, Zapatero se limitó a ofrecer una mesa de partidos para llegar a un acuerdo antes de dos meses sobre competitividad, déficit público, política industrial y sistema financiero. En ella participarán Blanco, Salgado, Sebastián y él mismo si su talante se demostrara imprescindible. Y todo ello mientras el portavoz socialista José Antonio Alonso prosigue sus contactos con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre lo mismo o algo parecido. ¿Diálogo? Nos vamos a hinchar.
De tener algo más de cintura que una columna dórica, Rajoy habría aceptado el envite, sobre todo si, como es el caso, te aseguran que muchas de tus propuestas serán tenidas en cuenta. Pero al del PP le han convencido de que lo único que tiene que hacer para llegar al poder es petrificarse y no hacer nada, no vaya a ser que se equivoque. Ha habido caballos que han sido ministros; lo difícil es que una estatua llegue a presidente.
A falta de remedios eficaces contra la crisis, los economistas de mayor abolengo, los mismos que fueron incapaces de aventurar la que se nos venía encima, han optado por describirnos soluciones imposibles y se dedican a explicarnos lo fácil que nos resultaría la vida si no hubiéramos hecho lo que hicimos, y que además es irreversible. El último exponente de esta corriente es el aclamado Paul Krugman, cuya tesis más reciente es que, de seguir usando la peseta para pagar los cafés, podríamos devaluarla, empobrecernos a toda leche y poner fin a nuestros males, pero como fuimos de soberbios y quisimos tener una moneda única, debemos pagar una lenta penitencia, al modo de una tortura china.
En medio de la debacle se ha empezado a tener en cuenta además a otros economistas, a los que hace algunos años se consideraba chalados y que ahora pasan por Nostradamus. Uno de ellos es el catedrático Santiago Niño, que ya en 2007 predijo que en 2010 se desencadenaría una crisis peor que la del 29 de la que, con suerte, saldremos allá por el 2020 si no hacemos muchas tonterías. Si Asimov se inventó la psicohistoria, esa ciencia capaz de predecir con un error de minutos lo que pasaría cinco siglos después, Niño ha parido la psicoeconomía, y ya en una entrevista en La Vanguardia en 2008 aventuraba cuándo enterraríamos el capitalismo: “más o menos en 2070”.
En lo que viene a coincidir ambas tesis es que lo nuestro no tiene remedio y que haríamos bien en apuntarnos a una lista para que los suicidios puedan llevarse a cabo de manera ordenada y no colapsar los tanatorios. Según Krugman, el Gobierno puede hacer entre poco y nada para sacarnos del agujero negro; a juicio de Niño, que ha recogido sus profecías en un libro y ya sienta cátedra en El País, la economía caerá este año más de un 4% y el paro se irá al 23%, con lo peor aún por llegar.
Así las cosas, ¿merece perder el tiempo con pactos de Estado, que lo único que pueden lograr es que Rajoy se nos haga republicano como el Rey se ponga pesado con el consenso? Tenemos dos opciones. Una es leer a Cioran, que, al fin y al cabo era un pesimista profesional: “Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos”; la otra, pasar de estos agoreros y darnos algún gustazo como nacionalizar la banca. Quizás no sirva de nada, pero ver la cara de Botín no tendría precio.
Siempre presto en auxilio del Imperio, el Gobierno ofreció hace un año acoger a dos presos de Guantánamo y contribuir a su clausura, que aquí a los amigos no se les deja en la estacada. Por Moratinos supimos ayer que ya no serán dos sino cinco, y como el cierre del limbo jurídico se siga demorando a Obama es posible que el grupo aumente y tengamos que ponerles un guía para que hagan excursiones a Toledo. En este tiempo sigue siendo un misterio qué condiciones legales y de seguridad han de cumplirse para que podamos brindarles nuestra hospitalidad, ya que nuestra inexperiencia en centros de tortura es manifiesta.
Como no es previsible que convirtamos Perejil en un Guantanamito, lo primero que habrá que determinar es en qué condición vienen a España unos señores que llevan un lustro al sol sin saber de qué se les acusa y sin haber sido sometidos a juicio. Si llegan en calidad de imputados, lo lógico es que ingresen en prisión mientras se instruye un procedimiento que tendría todas las papeletas para ser anulado. Aun suponiendo que la Audiencia Nacional tuviese jurisdicción sobre sus delitos, el Tribunal Supremo ya dejó claro, a propósito de Guantánamo, que cualquier prueba obtenida bajo los torturas allí dispensadas debería considerarse radicalmente nula. En consecuencia, no habría más remedio que dejarles marchar con una muda limpia, porque los monos naranja ya no se llevan ni en Repsol.
Pudiera ser también que los acogidos no tuvieran imputación alguna a la que hacer frente. En ese caso, habría que legalizar su situación y facilitarles un permiso de residencia o atender sus hipotéticas demandas de asilo. No cabría someterles a vigilancia porque sería ilegal, y nada les impediría tomar las de Villadiego, ya fuera para regresar a sus respectivos países, practicar el esquí en los Alpes suizos o buscar trabajo en Babia, que es el limbo de los de León. No caben más alternativas en nuestro ordenamiento jurídico.
De una forma o de otra, salvo inesperada pirueta legal, nos encontraríamos con que los cinco acogidos no tardarían en pasearse por la calle. Y ello sería estupendo si se tratara de respetables padres de familia injustamente encarcelados. Pero no es descartable también que, por una vez y sin que sirva de precedente, los americanos hubieran acertado y su relación con Al Qaeda fuera real. ¿Nos arriesgamos?
