Las víctimas de los delitos tienen todo el derecho del mundo a expresar su dolor y su queja, y es obligación de los poderes públicos darles el apoyo y la solidaridad que requieran. Con las víctimas hay que ser generoso, pero la sociedad no puede conducirse de acuerdo a sus criterios. Tan insensato como que las víctimas de tráfico planifiquen una autovía, es que las de ETA dirijan la política antiterrorista o que las que han sufrido otro tipo de crímenes determinen la reforma de las leyes. Los políticos que hicieron la Transición no preguntaron a los represaliados del franquismo qué opinión les merecía que algunos colaboradores del dictador se convirtieran en padres de la democracia.
El PP, sin embargo, ha pasado del respeto a las víctimas a su instrumentalización más descarada, hasta el punto de practicar la sistemática captación de aquellas que considera que le reportarán beneficios electorales o apuntalarán su estrategia contra el Gobierno. Lo hizo con Ortega Lara, que acabó dando un portazo y despotricando contra Rajoy, lo que demuestra que meter en nómina a las víctimas, ya sea en el sentido literal o en el figurado, también tiene sus riesgos; convirtió a la AVT en una filial del partido, con la inestimable cooperación de Francisco José Alcaraz, al que después arrumbó cuando sus improperios resultaron inconvenientes; y arrimó a su ascua a Jesús Neira, que tras recuperarse mínimamente de la agresión sufrida, fue propulsado como líder de opinión porque no dejaba de insultar a Zapatero.
El último en añadirse a esta lista ha sido Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña asesinada en Huelva en 2008 por un pederasta reincidente, que tras darse de baja en el PSOE por el desapego a su campaña a favor de la cadena perpetua, ha hecho público su fichaje por el PP como asesor en temas de Justicia y, en particular, en la reforma del Código Penal que ha empezado a tramitarse en el Congreso.
Cortés es muy libre de optar por el partido que le plazca, especialmente si se le paga por ello, pero la actitud de los populares revuelve el estómago. ¿Aportará este hombre a Trillo algún planteamiento teórico sobre la prisión perpetua revisable o será tan sólo el rostro popular que mostrar en alguna rueda de prensa? Utilizar el dolor ajeno en provecho propio es muestra de una gran indecencia.
Las eléctricas son empresas muy particulares. A diferencia de unos grandes almacenes, a los que no se les ocurriría pedir a sus clientes que fueran prudentes cuando tiran de visa para comprarse pantalones, los señores del enchufe aconsejan continuamente a los abonados un consumo responsable, como si la energía fuera whiskey de malta y provocara cirrosis. En Cataluña, sin embargo, los apagones han elevado el listón de la exigencia. La culpa de que miles de personas lleven una semana a oscuras es de la pertinaz nevada, de que falta la interconexión con Francia o de esos consumidores compulsivos y saboteadores que encienden a la vez la lavadora y el microondas, lo que provoca que salten los plomos de toda la comunidad autónoma. ¿Qué puede hacer Endesa ante tanta fatalidad reunida?
Lo de esta compañía es verdadera mala suerte. Cuando no es la nieve, son los incendios o las filtraciones de agua. Los mismos elementos que hundieron la Armada Invencible se han aliado contra Endesa, y esa es la razón de que periódicamente deje a oscuras a Cataluña, Canarias, Extremadura o Andalucía. Puede que la empresa haya invertido menos en sus redes que la ONCE en televisores, pero no podemos olvidarnos de lo bien que ha tratado a sus accionistas desde la época de Pizarro, la Agustina de Aragón del kilovatio. ¿Que por qué los apagones de Endesa duran días y los de Iberdrola se resuelven en unas horas? Simple infortunio.
La historia de Endesa es muy novelesca. El Gobierno quiso que se la quedara Gas Natural a precio de saldo, pero la cosa se complicó, y para impedir que cayera en manos alemanas se buscó la ayuda de un constructor llamado Entrecanales y de Berlusconi. Hoy es propiedad de la pública italiana Enel después de que Entrecanales se marchara con una mano delante y 1.700 millones de euros de plusvalías en la de atrás. Hay un busto encargado para quien convenza a los italianos de que tienen que seguir metiendo pasta y renovar algunos cables.
Los apagones se resolverían con multas ejemplarizantes o, en último extremo, con nacionalizaciones del servicio. En vez de eso, y como la experiencia con los constructores salió tan bien, ahora se favorece que Florentino Pérez (ACS) y Luis del Rivero (Sacyr) se hagan con el control de Iberdrola y de Repsol. El último que dé la luz, si es que puede.
De casta le viene al galgo y José Luis Baltar Blanco, presidente del PP de Orense por la gracia de Dios pero sobre todo por la de su padre, José Luis Baltar Pumar, tiene el pedigrí de un auténtico cacique. El chico de Baltar está bien enseñado. De su padre ha aprendido los rudimentos del oficio, incluido el secreto para ganar un congreso sin despeinarse, que no es otro que tener en nómina a los compromisarios que han de elegirte. Hay gente que lo complica mucho pero la política es así de sencilla, sobre todo en esta provincia gallega donde uno puede escuchar la banda sonora de El Padrino con acompañamiento de gaita.
Siguiendo los pasos de su progenitor, que continuará de presidente de la Diputación hasta que le dé la gana a él y a su diabetes, Baltar II ha fichado de palmero al vicesecretario provincial del PSOE, un tal Eladio Fernández, y lo ha presentado como si fuera un futbolista. Eladio, diputado provincial y concejal de San Cibrao das Viñas, se había hartado denunciar corruptelas urbanísticas y nepotismos diversos de la alcaldesa del PP, hasta que, como Saulo, ha caído del caballo y ha visto la luz. Según ha explicado, el proyecto de Baltar es “sólido, fiable e ilusionante”, lo cual le ha empujado a cambiar de chaqueta y llevar la suya al tinte. Como suele ocurrir en casos semejantes, llámese el galáctico Fernández o Tamayo, el precio del traspaso aún no ha trascendido.
Debe de ser que el PSOE tiene buena cantera porque no es extraño que los Baltar se hagan con los servicios de socialistas. Son, entre otros, los casos de Manuel Seoane, alcalde de La Peroxa, de Ventura Sierra, primer edil de Vilariño de Conso, o de Susana Vázquez, que de ser la candidata menos votada pasó a regidora de Porqueira y a afiliarse al PP. A Eladio le ha exigido el PSOE vía fax que renuncie a sus cargos por dignidad, y todavía no ha sido capaz de dejar de reírse.
Con los Baltar no han podido ni Fraga, ni Rajoy ni Núñez Feijóo, que ya sabe como se las gastan los de la boina. Esta familia no entiende de pactos antitransfuguismo ni de sutilezas semejantes. Se les antojó el bueno de Eladio y lo han incorporado al equipo. Con las notas del perfume embriagador de fondo, se escucha el comienzo del diálogo: “Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar”. Estamos en Orense, ¿recuerdan?
En contra de lo que puede parecer, tener un plan privado de pensiones no es delito, ni siquiera pecado, pero desde que Corbacho reconoció que tenía uno suscrito y nos recomendó seguir sus pasos, ha desencadenado una exhaustiva encuesta entre los políticos sobre este particular con un juicio preconcebido: si dicen que tienen uno es porque no se fían de las pensiones públicas; y si afirman que no lo tienen lo hacen por disimular. El ministro de Trabajo ha conseguido dos cosas: que la Asociación Española de Banca le nombre empleado del mes, y, de paso, aunque sea de forma involuntaria, extender la desconfianza sobre el sistema.
Los planes privados se pusieron de moda hace casi dos décadas cuando, como ahora, se puso en cuestión la viabilidad de las jubilaciones. La alarma resultó falsa pero los bancos se pusieron las botas con unos productos que les dejan al año más de 1.000 millones de euros en comisiones y que constituyen, hablando en plata, una versión moderna del timo de la estampita, tal y como demostraron dos profesores del IESE, Pablo Fernández y Vicente J. Bermejo, en un trabajo titulado Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España 1991-2007.
Vean sus conclusiones: sólo dos de los 170 planes con 17 años de historia fueron más rentables que los bonos del tesoro; ninguno de los 170 planes con 17 años de historia, tres de los 511 planes con 10 años de historia, dos de los 1.597 planes con 5 años de historia y 2 de los 2.007 planes con tres años de historia superaron en rentabilidad al índice de la Bolsa de Madrid. A pesar de todo lo anterior, a 31 de diciembre de 2007 10,4 millones de partícipes habían colocado sus ahorros en 3.185 planes de pensiones, cuyo patrimonio ascendía a 86.600 millones de euros.
¿Desgravaciones fiscales? Buena parte de los suscriptores se la dejaron en el camino en menos de cinco años, debido a las comisiones y a las ineficiencias en inversión y gestión, lo cual tiene mérito porque las dos terceras partes del patrimonio de los fondos estaba invertido en renta fija y tesorería. Esta es la historia de los planes de pensiones que patrocina Celestino Corbacho y sobre cuyas bondades se ha extendido también Miguel Sebastián, que debió cogerles cariño en su etapa en el BBVA. Con los datos en la mano, compadezcan a sus titulares.
A la obligación de todo dirigente político de tener una foto con el Rey en la mesa de su despacho, preferiblemente con el marco de plata, los políticos del PP unen la servidumbre de conseguir una instantánea con el Papa, un clásico en las estanterías de la derecha. Y por si fuera poco superar ambas pruebas, a la galería de personajes con las que nuestros servidores públicos más señeros han de inmortalizarse se ha unido Obama, que viene a ser como conseguir el cromo de Cristiano Ronaldo en la colección de esta liga. La ventaja de la foto de Obama es que es ambidiestra o, dicho en lenguaje moderno, transversal, de manera que recompensa por igual a todo el arco parlamentario.
Entre los populares la competencia estriba en poder mostrar varias fotos del Pontífice de golpe, signo inequívoco de que la carrera del genuflexo ha sido bendecida con vaticana periodicidad. En esto el campeón indiscutible ha sido Aznar, que en su última visita a Juan Pablo II se llevó a su mujer, a sus hijos y a su yerno Agag, y si no acudió con la señora de la limpieza fue para que el conjunto no pareciera un equipo de fútbol posando antes de un partido. Con tales antecedentes, es comprensible que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo haya hecho lo imposible para obtener su retrato con Benedicto XVI, aunque para ello tuviera que integrarse en el séquito del arzobispo de Santiago.
Lo de Feijóo ha sido como colarse en una boda, con la diferencia que el intruso no se ha hecho pasar por invitado para ponerse ciego a langostinos sino como oficiante. El delfín de Rajoy, un abanderado de la austeridad y enemigo declarado de los Audis, aunque mantenga catorce de ellos muertos de risa en el garaje de la Xunta, tendrá que explicar ahora quién le pagó el viaje a él y a sus colaboradores, alguno de ellos tan íntimo que es su propia novia, Chiny, una mujer que, vestida de negro y con la cruz bien visible por encima de su camisa, hubiera pasado por colaboradora del propio arzobispo.
El de la Xunta, que se limitó a besar el anillo a Ratzinger y pretende apuntarse el tanto de la visita papal a Galicia con motivo del Xacobeo, tiene ya su primera foto; la segunda no tardará en llegar, una vez que Benedicto bese el suelo compostelano. Como Rajoy no ande listo, le madruga el puesto. Habemus líder.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha venido a reconocer ahora lo que resultaba para muchos una evidencia palmaria, esto es que suprimir el Impuesto del Patrimonio fue un error, atribuible en su opinión a que el Gobierno no previó el alcance de la crisis. Tal interpretación, no obstante, es bastante generosa, ya que si algo se deduce análisis de las principales iniciativas fiscales tomadas por el Ejecutivo desde su llegada al poder es que toda su política tributaria es una disparatada cadena de errores.
En 2006 se reformó el IRPF de manera innecesaria para reducir del 45 al 43% el tipo máximo del impuesto, lo que favoreció a las rentas más altas; se redujeron a cuatro los tramos, con lo que se mermó su progresividad; y se amplió a 9.000 euros el límite exento. ¿Que cuál era el objetivo? Pues demostrar que los socialistas también sabían bajar impuestos, porque el consumo funcionaba bien y poner más dinero en circulación sólo podría recalentar la economía y generar más inflación, como efectivamente ocurrió.
A este dislate le sucedió la famosa devolución lineal de los 400 euros, recientemente eliminada, lo que demostró que no se pensaba en la fiscalidad como un instrumento para redistribuir la riqueza, corregir las desigualdades y orientar la actividad económica, sino como una forma de ganar votos. Llegó después la ya citada supresión del Impuesto del Patrimonio, otro guiño a los más pudientes, mientras se elevaban los impuestos especiales y escuchábamos a Salgado explicar que las Sicav de los más ricos debían tener un trato privilegiado para que no colocarán su capital fuera de España.
Metidos en la crisis, había una oportunidad para revisar en su totalidad un modelo injusto, en el que la fiscalidad de los asalariados, que representa la mitad de la renta nacional, sufraga el 90% del gasto público, mientras que la inmensa mayoría de los empresarios tributa como mileuristas. Ni hubo tal reforma ni llegó a plantearse la introducción de un nuevo tipo máximo del IRPF del 50%, como hizo Gordon Brown en Gran Bretaña para las rentas más elevadas; en vez de eso se prefirió subir el IVA, que es tan de izquierdas que afecta de igual forma a millonarios y vagabundos. ¿Un error dice Salgado? Lo de esta mujer es de una modestia clamorosa.
Antes de que se le acuse de maltrato animal y algún Parlamento monte un debate público con partidarios y detractores de la colombofilia, el Ejército ha decidido desmilitarizar a las palomas mensajeras y reincorporarlas a la vida civil. Al parecer, las palomas mensajeras empezaba a hacer la mili al salir del cascarón y si no iban uniformadas era porque la guerrera es muy molesta cuando se vuelan largas distancias con un papel atado a la pata. Los militares han pensado que sus servicios ya no tienen interés para la defensa nacional, especialmente desde que se inventó el correo electrónico, que es mucho más limpio y no come alpiste. Prescindir de las palomas es un signo de los nuevos tiempos.
Vivimos en un país moderno en que, sin embargo, persisten otros anacronismos inexplicables. Es perfectamente posible, por ejemplo, que un político censure las fotos de una exposición para no molestar a su jefe, como ha ocurrido en Valencia, y que quien dimita sea el director del museo del que se descolgaron las imágenes y no el diligente censor de las mismas. Es anacrónico y un poco estúpido, porque las noticias ya no llegan por paloma mensajera y cualquiera ha podido ver en gran formato lo bien que le sientan a Camps los trajes o cómo Rita Barberá le protegía la cabeza al entrar en el coche, igual que haría cualquier policía con un delincuente común.
Estamos a la vanguardia de los derechos, pero cada año hay que recordar que las mujeres siguen cobrando un 25% menos que los hombres, y eso con Ministerio de Igualdad o sin él, lo cual, además de anacrónico es una vergüenza. Cuando se trata de mujeres, lo extemporáneo sigue siendo tan fácil de detectar como cuando en las películas de romanos salía un centurión con un casio en la muñeca; ahora el que sale por televisión es Mayor Oreja diciendo que el aborto es propio de bolcheviques, y notamos enseguida el gazapo temporal porque se le ve en color y no en el blanco y negro del NO-DO franquista.
Eso no quita para que haya gente confundida. Mientras el Ejército jubila a las palomas porque es consciente de que hemos entrado el siglo XXI, la CEOE quiere conducirnos al futuro con contratos inspirados en la Primera Revolución Industrial. Sería bueno parar esta alocada máquina del tiempo antes de que alguien termine haciéndose daño.
A poco que sigan la actualidad económica sabrán, que además del paro, el gran drama de España es la competitividad, esto es que nuestras empresas son incapaces de poner en el mercado un mechero a un precio inferior al que lo ofertaría un productor de Dinamarca o de Trinidad y Tobago. Antes de que abrazáramos el euro, la solución consistía en devaluar la peseta, que era débil y se dejaba, con lo que nos hacíamos más pobres de forma indolora. Devaluada la moneda, el mechero nacional costaba aquí lo mismo pero salía más barato fuera, mientras que los productos importados subían de precio en la proporción equivalente.
Como con el euro se acabaron las devaluaciones, los gurús económicos más ilustres, desde Krugman a Díaz Ferrán, se han puesto de acuerdo en que para ganar competitividad sólo cabe ajustar los costes empresariales, ya sea reduciendo las cuotas a la Seguridad Social o rebajando los salarios. Como por lo primero el Gobierno no ha tragado, las empresas vienen dedicándose a lo segundo, con un éxito más que notable. Es palmario que un amplísimo número de sociedades está alcanzando acuerdos con sus trabajadores para que acepten una rebaja en sus nóminas a cambio de no ser despedidos. ¿Chantaje? No. Se trata de la vida, que es muy dura.
Obviamente, ésta no es la única manera de aumentar la productividad. Por plantear una ecuación simple, si alguien fabrica diez armarios y los vende, lo ingresado ha de equivaler a lo que ha costado producirlos más el beneficio empresarial correspondiente. Para conseguir que los armarios sean más baratos se puede tratar de reducir los costes, en efecto, pero también es posible lograr lo mismo recortando los beneficios, y eso es justamente lo que ningún ilustre economista destaca en sus sesudas reflexiones sobre los sacrificios que nos esperan.
Salvo excepciones, que las habrá, márgenes de un 15%, que en cualquier país civilizado se considerarían una ganancia razonable, aquí se toman como un insulto, ya que a ese ritmo uno tarda una eternidad en forrarse. A principios de los 90, Alfonso Guerra planteó una ley de hierro de los beneficios y Felipe González tardó cinco minutos en desautorizarle. Vivíamos, según Solchaga, en el país en el que más rápidamente se podía llegar a rico. Para eso sí que éramos competitivos. Como ahora.
Dos lumbreras parlamentarias alemanas, una liberal y otra cristianodemócrata, han encontrado la fórmula mágica para que Grecia sortee la bancarrota y consiga salir de la crisis. Sugieren que el primer ministro Papandreu llame a Gilmar y ponga en almoneda algunas de las propiedades del país, especialmente sus islas deshabitadas. Lo cierto es que Grecia posee 6.000 islas e islotes repartidos por el Egeo y el Jónico, pero sólo en 227 se puede comentar con un nativo las excelencias del yogur nacional. Dispone por tanto de 5.700 locales rodeados de agua que podría sacar al mercado en venta o en alquiler, y si ni así salen las cuentas siempre habrá algún rico dispuesto a comprar el Partenón que, roto y todo, es capaz de dar un toque clásico a cualquier jardín.
La idea es perfectamente trasladable a España como parte de la estrategia de ajuste para reducir el déficit, ya que si de algo vamos sobrados es de experiencia inmobiliaria. Siempre podremos despachar Perejil a Marruecos, que sabemos que le gusta a Mohamed VI, o montarle a Obama un leasing con las Chafarinas, famosas por su penal, ahora que va a desmantelar Guantánamo. Eso sí, hay que desterrar la idea de colocar las Baleares a los alemanes, porque ya las han ido comprando a trozos, y lo que queda por recalificar está pendiente de que Unión Mallorquina se refunda y elija al sustituto de María Antonia Munar.
Sacar a subasta lo público en momentos de dificultad empieza a ser costumbre por estos pagos. El problema es que cada vez queda menos que adjudicar desde que el PP, cuando gobernaba, se inventó aquello del capitalismo popular, que consistía esencialmente en sacar a bolsa las joyas de la Corona y situar al frente del negocio a un amigo de Aznar, de Rato o de Pizarro para que se lo llevara crudo, o poco hecho si no era avaricioso.
Ayer supimos que la crisis no ha afectado por igual a todas las autonomías y que Aragón y Cataluña han sido las comunidades con las que más se ha ensañado. Los aragoneses se adelantaron a Grecia pero, en vez de vender Los Monegros al mejor postor, se dejaron convencer por unos croupiers que les prometieron construir Las Vegas y ya sufren sus trampas. Lo de Cataluña es otra historia. Como no tiene desierto, podría sacar una pasta por Messi. Enajenemos nuestros activos. Así se levanta el país.
En la escalada de propuestas disparatadas sobre un nuevo contrato para jóvenes la CEOE se ha quedado a un paso de reclamar uno libre de cuotas empresariales, sin indemnización por despido, sin derecho al desempleo y en el que el sueldo del operario sea pagado a partes iguales por el Estado y las Comunidades Autónomas. Si funcionara, algo muy probable, podría extenderse a los mayores de 45 años, y, si también en esta franja fuera un éxito, ampliarse a toda la población. En esas condiciones, la patronal estaría en disposición de encaminar al país hacia el pleno empleo.
Hay que reconocer que la CEOE ha encontrado una fórmula para acabar con la dualidad del mercado de trabajo: universalizar la precariedad. Díaz Ferrán dice que no quiere un contrato basura para los jóvenes, pero sugiere uno que es una bazofia; afirma que lucha por la estabilidad, aunque pide que se mantengan los contratos de duración determinada y se fomenten los de tiempo parcial; como los indefinidos son muy caros, reclama que se abarate el despido; si el trabajador enferma, que se mejore, pero que la baja entre el cuarto y el decimoquinto día la pague Rita; si la empresa abre delegación en Tokio, que se obligue a la plantilla a meter un quimono en la maleta o que se pase por el INEM; para los despidos colectivos, que el juez haga la estatua, y firme donde pone 20 días por año con un límite de 12 mensualidades; y respecto a las cuotas a la Seguridad Social que se reduzcan, aunque Don Gerardo hace tiempo que dejó de pagarlas.
Una cosa es una reforma estructural de gran calado y otra sumergir las relaciones laborales en la fosa de las Marianas. Informado de que la esclavitud no es legal en España, Díaz Ferrán tuvo ayer que retractarse de su propuesta de contrato sin derechos para menores de 30 años, una modalidad que acabaría con el mileurismo de un plumazo ya que el salario máximo sería el del SMI, es decir 635 euros al mes, aunque podría llegarse a 700 euros por buen comportamiento del penado.
Siempre se ha dicho que el valor de los interlocutores sociales ha de medirse por su capacidad para llegar a acuerdos y que tanto la patronal como los sindicatos son conscientes de que no pactar es su fracaso. Pactar implica renuncias. ¿A qué está dispuesto a renunciar Díaz Ferrán? A sus deudas.
