Comencemos por la idea tan difundida de que no hay alternativa a la política de austeridad. ¿Significa esto que no hay una concepción alternativa de austeridad?. Les invito a volver 38 años atrás y a consultar uno de los documentos más notables del ciclo político que se inició el 25 de abril de 1974. Me refiero al documento conocido como Documento Melo Antunes (febrero de 1975), elaborado por un grupo de reflexión ordenado por Melo Antunes y en el que participaron —entre otros miembros del III Gobierno provisional— el ministro de Economía Rui Vilar, el de Finanzas  Silva Lopes y la ministra de Asuntos Sociales Maria de Lourdes Pintasilgo. Su lectura hoy causa escalofríos cuando se contrasta la seriedad, el sentido de Estado, la competencia y el patriotismo de aquel grupo de la clase política, en un momento difícil del país, con la mediocridad, la liviandad y la quiebra moral de los que hoy, en un momento igualmente difícil —aunque por razones bien distintas— nos desgobiernan.

Este documento dedica una sección a la austeridad. La cito: "La recuperación y el relanzamiento de la economía deben pasar necesariamente por opciones mucho más nítidas en cuanto a los 'padres del consumo'. La regla general a seguir en esta materia tendrá que ser, forzosamente, la de la 'austeridad'. Austeridad significará, antes que nada, una mucho mayor sobriedad en consumos de lujo o superfluos. Los grupos de población más afectados por medidas que impongan una mucho mayor rigidez en el acceso a bienes no esenciales o poco importantes serán las que hasta ahora gozaban de privilegios o beneficios inaccesibles a la mayoría de la población. Significará, incluso, una mayor contención en la distribución de los lucros de las empresas y un esfuerzo mucho más claro de la iniciativa privada para la movilización de los recursos financieros disponibles o a obtener para la inversión productiva y la creación de empleos. Pero las necesidades de recuperación de la economía portuguesa imponen, ciertamente, un endurecimiento de las restricciones a algunos tipos de bienes de consumo vastamente generalizados. Esto exigirá una gran comprensión y una voluntad muy clara de adhesión al proyecto colectivo de reconstrucción nacional. Con el término austeridad se quiere significar también, y esencialmente, el predominio del desarrollo de los consumos colectivos frente a los consumos individuales. Una política de consumo que privilegie las infraestructuras sociales (transportes colectivos, escuelas, hospitales, viviendas sociales, seguridad social, etc.) compensará en gran medida a las clases trabajadoras de las carencias que tienen en el plano individual".

En aquella época era imperioso el relanzamiento de la economía y era necesario hacer sacrificios. Lógicamente, la austeridad debía pedirse a quien la podía sufrir con menos sacrificio, y esas eran, en primer lugar, las clases sociales más ricas. Claro que la austeridad tocaba a todos y que para que se consiguieran ahorros imperiosos, los consumos individuales deberían dar lugar a los consumos colectivos. Estaban aquí, en fase embrionaria, las políticas sociales que se concretarían en las décadas siguientes y, con ellas, el patrón de sociabilidad democrática que nos trajo hasta aquí. Las condiciones políticas de entonces no habrían permitido que el documento tuviese la mínima eficacia a corto plazo.  Sin embargo, la tuvo más tarde y acabó por constituir los fundamentos del pacto constitucional que entonces selló la convivencia pacífica entre portugueses y que perduró durante los últimos cuarenta años. Tal como el Documento Melo Antunes pretendía frenar el radicalismo de izquierdas, hoy necesitamos un documento que trabe el radicalismo de derechas.

Parto del Documento Melo Antunes y de la concepción alternativa de la austeridad que propone. Estamos en el euro, cualquier salida solo es previsible en un escenario de catástrofe y, mientras tanto, nada nos será ofrecido por parte de la UE a corto plazo que permita el relanzamiento de la economía como justicia social. En la constancia de las políticas actuales es tan dramático continuar en el euro como salir de él. Las alternativas tienen que encontrarse a nivel nacional. Si están bien ejecutadas, serán éstas las que mañana podrán forzar a la UE a hacer lo que nunca hará de motu proprio. Portugal tiene que dar señales convincentes de que no está dispuesta a mantenerse en el euro a cualquier precio. Por ejemplo, si —como se pretende en los presupuestos— la deuda tiene que reducirse hasta el 60% del PIB en los próximos veinte años, eso significa que si no hubiera recorte o reducción de la deuda nuestro sistema nacional de salud y de educación pública tendrán que ser totalmente desmantelados, algo que los portugueses consideran inaceptable y así deben proclamarlo alto y claro.

Según los principios del Documento Melo Antunes adaptados a la actualidad, la austeridad significa apretar el cinturón a quien menos da, sobre todo al capital financiero y a los titulares de la riqueza, a aquellos cuyo rendimiento y ahorros sirven, no para invertir productivamente, sino especulativa. De modo que:

1. Hay que poner en marcha una sobretasa temporal a la riqueza financiera de los super-ricos y a los beneficios del sector bancario destinada a reducir el esfuerzo del servicio de la deuda, liberando fondos para inversiones públicas y privadas. Siendo única, esta sobretasa, justificada como emergencia causada por la deuda, no alterará de forma dramática el comportamiento de los inversores ni causará la fuga de capitales si el Gobierno deja claro que será una medida excepcional.

2- Hay que adoptar un sistema de tributación fuertemente progresivo. En Estados Unidos, en los años 40 y 50, la tasa marginal de tributación del rendimiento rondó el 90% para los réditos más altos. La reducción progresiva de esa tasa en las décadas siguientes apenas tuvo el efecto de concentrar la riqueza del país y en nada contribuyó al crecimiento económico, más bien al contrario. No necesitamos llegar a tanto. Basta con volver a tener claro que vivir en democracia obliga al reparto tanto de los beneficios como de los sacrificios. En Portugal, esta medida puede revelarse menos eficaz debido a la fuga de capitales de los titulares de los rendimientos más altos, una de las grandes causas de la injusticia social de nuestro país.

3- La Caja General de Depósitos no ha de ser privatizada, sino que debe transformarse en lo que hace mucho debía ser: un banco comercial como cualquier otro, pero un banco de inversión para pequeñas y medianas empresas. En relación a este mismo objetivo se ha hablado ya de la creación de un Banco de Fomento con fundos del QREN

4. Como son las clases más bajas las que más dependen de los servicios públicos, se han de suspender todas las políticas de transferencia del sector público al privado en educación y sanidad. Y se revierte la legislación laboral que acabó con la contratación colectiva. El sistema norteamericano que se está implantando entre nosotros no tiene otro objetivo que el de debilitar a los sindicatos, un objetivo que consta de los documentos de ALEC (American Legislative Exchange Council), una iniciativa del gran capital norteamericano para eliminar todos los obstáculos a la acumulación capitalista, sean éstos los sindicatos o la protección ambiental. En esos documentos, la medida central para la privatización de la educación es el cheque-enseñanza.

5. Es recusada la introducción del sistema del tope en el sistema de pensiones, algo que, además de muy arriesgado financieramente, no es necesario si el sistema de contribuciones  fuese alterado y si todo el sistema de Seguridad Social deja de estar sobre la presión de las altas tasas de desempleo.

6. La banca nacional, que tan beneficiada ha sido tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, debe ser obligada a financiar bajo coste de la deuda pública, permitiendo así que la riqueza interna se ponga más directamente al servicio del relanzamiento de la economía y del país. Esta medida debe ser propuesta, en consonancia con la coyuntura, como alternativa o en conjunción con la petición de recorte o reducción de la deuda.

Estas medidas crean tensión con respecto a nuestra permanencia en el euro y deben ser asumidas como tal, o sea, como condiciones para nuestra permanencia en el euro sin suicidar al país. Portugal sólo puede afirmar con consistencia sus condiciones para continuar en el euro si queda claro qué medidas tomará para garantizar la continuidad del país con dignidad, el bien supremo, si tales condiciones no existieran.

*Artículo publicado originariamente en el diario portugués Público el 14 de diciembre de 2013