Yasunizar

03 may 2014
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El pasado 11 de abril presidí en Quito (Ecuador) el Tribunal Ético sobre el Parque Nacional amazónico Yasuni. Se trató de una sesión especial del Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza, constituido en la tradición de los tribunales de opinión pública internacional de que los grandes inspiradores son el Tribunal (Bertrand) Russell y su sucesor, el Tribunal Permanente de los Pueblos. Estos tribunales fueron creados para denunciar ante la opinión pública mundial graves violaciones de los derechos humanos que los tribunales nacionales e internacionales se revelan incapaces de condenar.

Yasuni es considerada una de las regiones del planeta más ricas en biodiversidad y donde viven varios pueblos indígenas, algunos de ellos en aislamiento (no contacto) voluntario. A lo largo de la primera década del milenio, fue germinando en el movimiento ecologista ecuatoriano la idea de que debería ser prohibida la explotación de petróleo en el Yasuni. En 2007, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumió como suya esta propuesta y le añadió una condición que la transformaría en una de las formas más innovadoras de cooperación internacional: Ecuador se comprometía a no explotar el petróleo del Yasuni si la comunidad internacional resarciese al país la mitad de los beneficios resultantes de la explotación. Esta propuesta sorprendió al mundo por su carácter innovador: ante la creciente amenaza del calentamiento global, esta propuesta iba mucho más allá del Protocolo de Kioto y de los mercados de carbono, y apuntaba hacia un nuevo paradigma energético menos dependiente de los combustibles fósiles, los grandes responsables del efecto invernadero; por otro lado, la propuesta mostraba que la lucha contra el cambio climático es un problema nuevo que exige otro tipo de cooperación internacional, en la cual debe ser contabilizada la deuda ecológica de los países más desarrollados.

En agosto de 2013, Rafael Correa anunció la cancelación de la propuesta, invocando la falta de respuesta favorable de la comunidad internacional. La verdad es más compleja. A lo largo de varios años, el presidente actuó de manera incoherente y contradictoria, ora distanciándose de la propuesta ora revelando que ya estaba en marcha el llamado Plan B, o sea, la explotación de petróleo en el Yasuni. Con esto, la propuesta, en cuanto propuesta de Estado, fue perdiendo credibilidad, pero curiosamente continuó granjeándose la imaginación de los movimientos de la sociedad civil, no sólo en Ecuador sino también en otros países. Así se fue acuñando el término yasunizar para designar la lucha por la no explotación de petróleo en zonas sensibles, como las islas Lofoten en Noruega, San Andrés y Providencia en Colombia, Lanzarote en las Islas Canarias y Madidi en Bolivia.

Entre tanto, surgió en Ecuador un nuevo movimiento de jóvenes, autodenominados Yasunidos, que han promovido la recogida de firmas para una consulta popular sobre la explotación de petróleo en el Yasuni. Recabaron más de 270.000. Su verificación por parte del Consejo Nacional Electoral está siendo polémica por los estrictos criterios utilizados para validar esas firmas.

En este contexto se constituyó el Tribunal Ético sobre el Yasuni. Como es habitual en tribunales de este tipo, fueron invitados a declarar representantes del Gobierno que, como también es usual, declinaron participar. Después de las alegaciones iniciales del procurador, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, declararon varios especialistas en biología, botánica, geología, ingeniería de petróleos, flora y fauna amazónica. Además, declararon dos mujeres indígenas, representantes de los pueblos contactados que viven en el Yasuni. Considerando la urgencia de iniciar una transición energética que permita superar la fase de los combustibles fósiles, cuyos límites biofísicos están a la vista; considerando que no existe ninguna tecnología que elimine los riesgos para las comunidades indígenas no contactadas o garantice que no se produzcan fugas y contaminación de aguas, el tribunal decidió proponer al Gobierno que no se explotase, iniciar una campaña internacional en defensa del Yasuni y crear un observatorio permanente con el objetivo de seguir el desarrollo del caso Yasuni.


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