Escribo esta crónica desde Cuiabá, capital de Mato Grosso y también de lo que en Brasil se conoce como agronegocio (agricultura industrial de monocultivo: soja, algodón, maíz, caña de azúcar), la capital del consumo de pesticidas que envenenan la cadena alimentaria y de la violencia contra líderes indígenas y campesinos que defienden sus tierras de la invasión y de la deforestación ilegales. Me reúno con líderes de los movimientos sociales, uno de ellos (indígena xavante) llegado a la reunión clandestinamente por estar amenazado de muerte. De este lugar y de esta reunión resulta particularmente claro lo que está en juego en las próximas elecciones en Brasil.

Las clases populares -el vasto grupo social de pobres, excluidos y discriminados que vio mejorado su nivel de vida en los últimos doce años con las políticas de redistribución social iniciadas por el presidente Lula y continuadas por la presidenta Dilma- están perplejas, pero tienen los pies en el suelo y no me parece que sean engañadas fácilmente. Saben que las fuerzas conservadoras que se oponen a la presidenta Dilma están tratando de recuperar el poder político que perdieron hace doce años. Conscientes de que la era Lula transformó ideológicamente el país, no lo podrán hacer por los medios y con los protagonistas habituales. Para poner fin a esa era es necesario recurrir a alguien que la evoque, Marina Silva, el desvío contranatura para llegar al poder. Poco a poco las clases populares van conociendo el programa de Marina Silva e identificando tanto lo transparente como lo mistificador. Es transparente el regreso al neoliberalismo que permita los beneficios extraordinarios resultantes de las grandes privatizaciones (de Petrobras al presal) y de la eliminación de la regulación macroeconómica y social del Estado. Para eso se propone la plena independencia del Banco Central y la eliminación de las diplomacias paralelas (léase: total alineamiento con las políticas neoliberales de los EEUU y de la UE). Es mistificador el recurso a conceptos como el de "democracia de alta intensidad" y el de "democratizar la democracia" -conceptos muy identificados con mi trabajo, pero usados de un modo totalmente oportunista- como si fuese una nueva política cuando, en realidad, de lo que se trata es, en el mejor de los casos, de una continuación de lo que se ha hecho en algunos estados, cuyo ejemplo más notable es el de Rio Grande do Sul.

A esto se añade que lo verdaderamente nuevo en la candidatura de Marina Silva implica un retroceso no sólo político sino también ciudadano. Se trata de la certificación de la mayoría política del evangelismo conservador. El grupo parlamentario evangélico ya es hoy poderoso en el Congreso y su poder está totalmente alineado no sólo con el poder económico más depredador (el sector ruralista), al que la teología de la prosperidad confiere designio divino, sino también con las ideologías más reaccionarias del creacionismo y de la homofobia. Marina, si fuese elegida, llevará tales espantajos ideológicos al Palacio de Planalto [sede del Gobierno] para rogar por el fin de la política, de la ilusión de la diferencia entre izquierda y derecha, de la unión entre ricos y pobres. Quitando el barniz religioso, se trata del regreso democrático a la ideología de la dictadura en el año en que Brasil celebra el período más largo y más brillante de la normalidad democrática de su historia (1985-2015).

Ante esto, ¿por qué están perplejas las clases populares? Porque la presidenta Dilma no hace ni dice nada para mostrarles que es menos rehén de la agroindustria que Marina Silva. No hace ni dice nada para mostrar que es urgente comenzar la transición hacia un modelo de desarrollo menos centrado en la explotación voraz de los recursos naturales que destruye el medio ambiente, expulsa a los campesinos e indígenas de sus tierras y asesina a los que ofrecen resistencia. Bastaría un pequeño-gran gesto para que, por ejemplo, los pueblos indígenas y afrodescendientes se sintiesen protegidos por su presidenta: promulgar ordenanzas de identificación, declaración y homologación de las tierras ancestrales, ordenanzas que están listas, libres de cualquier impedimento legal y guardadas en un cajón por decisión política.

Lo que las clases populares y sus aliados parecen no saber es que no basta querer que la presidenta Dilma gane las elecciones. Es necesario salir a la calle a luchar por ello. Sus adversarios, al contrario, lo saben perfectamente.