Muerte voluntaria y democracia

17 Mar 2014
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Luis Montes Mieza
Médico y Presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente

El 13 de febrero de 2014 el Parlamento de Bélgica aprobó una modificación de la ley de eutanasia de 2002, ampliando este derecho a menores que, con un pronóstico fatal a corto plazo y un sufrimiento físico insoportable, con el acuerdo de sus padres soliciten de forma repetida y consciente una muerte asistida.

El texto ha sido sometido durante dos años a un gran debate social, suscitando tal interés que las comparecencias de los expertos en el Senado fueron televisadas. El 74% de los belgas son partidarios de la eutanasia infantil y la mayoría de partidos políticos han respaldado esta iniciativa legislativa (86 a favor, 44 en contra y 12 abstenciones). Tras 30 años de debate, Bélgica y Holanda muestran el camino que sin duda transitarán todas las sociedades democráticas.

En España la mayoría de los médicos (59.9% en 2002, según la encuesta del CIS 2.451) y de la población general (73% en 2009, CIS 2.803) está a favor de la regulación de la eutanasia. En 2002 la ley de autonomía del paciente reforzó el derecho a rechazar un tratamiento de la ley general de sanidad de 1986, al regular las instrucciones previas (testamento vital), por lo que actualmente morir voluntariamente es un derecho cuando la vida depende de una medida de soporte vital (tal y como demostró Inmaculada Echevarría en 2007, tras renunciar al respirador que la mantenía con vida). A raíz de este caso y del escándalo en 2005 por la infamia de la Comunidad de Madrid contra el servicio de urgencias que yo dirigía, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, Andalucía reguló en 2010 los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales en el proceso de muerte, iniciativa que siguieron Aragón y Navarra en 2011 y que probablemente lleven a cabo otras comunidades sensibles con el sufrimiento al final de la vida.


¿Garantiza la legislación una buena muerte para los ciudadanos?

Claramente no. Todavía hace falta mucha pedagogía de la ley de autonomía. Por el tabú cultural de la muerte a muchos pacientes no se les informa sobre su enfermedad, ni sobre sus derechos (como el testamento vital), ocultando su proceso de morir tras el espejismo de una supuestamente bondadosa ignorancia. Y los pacientes que, afrontando su muerte, desean ejercer sus derechos, a menudo chocan con profesionales que, en lugar de respetar su voluntad de morir en paz, tratan de imponer sus creencias personales, con la excusa de los paliativos.

Pero el dilema paliativos o eutanasia no existe, no se trata de elegir entre lo uno o lo otro, sino de disponer de la opción de morir y de los mejores cuidados (el 95% de los médicos opinan que los paliativos no evitan todas las demandas de eutanasia, CIS 2.451). La universalización de los paliativos es un subterfugio que rehuye el debate de la disponibilidad porque para muchos equipos, en manos de organizaciones confesionales, la voluntad de morir es inaceptable, aunque se ajuste a la legalidad vigente (como la sedación paliativa a demanda de una enferma terminal publicada el 20/12/10 en Público).

El Código Penal vigente de 1995 crea situaciones absurdas. El suicidio no es delito, pero la ley castiga la cooperación necesaria, actos sin los cuales Ramón Sampedro no podía darse la muerte a sí mismo, una imagen vergonzosa grabada en el imaginario colectivo, porque castiga al más vulnerable, arrebatándole la libertad de disponer de su vida. Sin embargo, Inmaculada Echevarría pudo morir porque tuvo la “suerte” de estar conectada a una máquina. Algunos juristas argumentan que en caso de graves padecimientos la cooperación necesaria (pero no directa) al suicidio es impune, mientras que para otros toda muerte voluntaria es delito, como la renuncia a la alimentación por sonda, llegando a confundir sedación paliativa y eutanasia, o los conceptos de inducción y cooperación, con los de información y acompañamiento al suicidio (que como grupo de ayuda mutua realiza la asociación DMD).

La ambigüedad de la legislación es una carga añadida para los ciudadanos en el peor momento de su vida, provocando desconfianza en los pacientes e inseguridad en los profesionales, con un discurso público, temeroso del fundamentalismo de la sacralidad de la vida, y otro privado (“cuando hace falta, eso lo hacemos todos”). En un estado de derecho, morir bien, según los valores de cada persona, no puede seguir dependiendo de las creencias particulares de cada profesional, del médico que a uno le toque, sino que debe ser una garantía para todos los ciudadanos.

Como demuestran los hechos, la regulación de la muerte voluntaria no es un peligro, sino una oportunidad, no sólo para los que elijan morir (que siempre será una minoría del 1% al 3%), sino para toda la población. Acaba con el tabú, dota al ciudadano de protagonismo y respeta la libertad de los ciudadanos durante el final de su vida. El debate está en la calle, pero los gobernantes, lejos de escuchar el grito de “no nos representan”, limitan cada vez más el ejercicio de derechos fundamentales, demostrando un alarmante déficit democrático. Ante este fracaso del sistema, el movimiento ciudadano por una muerte digna, libre de doctrinas confesionales, continuará procurando una buena muerte, libre, responsable y legal para todos sus miembros.

Dialogar, deliberar sobre las opciones disponibles, no sólo es lo más humano, sino lo más democrático. Como decían los pediatras belgas que solicitaban el cambio legislativo: es obvio que los médicos no buscamos este tipo de situaciones, pero ocurren. Y por encima de todo tenemos el deber de ayudar a los pacientes en estas situaciones de la manera más humana y responsable.


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