Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de DMD

Antes del verano el Reino Unido podría dar un paso decisivo en la regulación parcial de las conductas eutanásicas. Los diputados británicos se pronunciarán -siguiendo el principio de ‘voto libre’ (voto en conciencia)- sobre el suicidio asistido. De esta manera se pondrá fin a la larga lista de enfermos (se dice que cerca de unos doscientos británicos) que viajaron a Suiza para morir en la organización Dignitas en el llamado ‘turismo de la muerte’ y dentro de unos meses lo podrán hacer ayudados por un médico o una enfermera en Inglaterra y Gales.

En el Reino Unido la Ley del suicidio de 1961 prohíbe hasta ahora que se ayude a otra persona a poner fin a su vida. La policía, siguiendo la orientación marcada por la entidad que ejerce la función fiscal, en los últimos años ha sido intencionadamente remisa a perseguir estos delitos para evitar los juicios a no ser que hubiera indicios suficientes de que la víctima había sido obligada o que quien le ayudaba iba a sacar un provecho de tal muerte.

En varias ocasiones ha sido presentada en el Reino Unido una propuesta de despenalización del suicidio asistido. El último impulso lo ha dado Lord Charles Falconer, miembro de la Cámara de los Lores, que desde 2010 ha presidido e impulsado una Comisión independiente para el estudio de la muerte asistida y la legalización del suicidio asistido. La Comisión constantemente ha estado apoyada por la asociación Dignity in Dying con objetivos similares a la asociación española Derecho a Morir Dignamente.

Por fin Lord Falconer, antiguo lord canciller del Partido Laborista, ha presentado un proyecto del ley sobre la ayuda a morir -la ‘Assisted Dying Bill’- que va a permitir a dos médicos prescribir una dosis letal de medicamentos a un enfermo en fase terminal al que se le pronostique menos de seis meses de vida. Los médicos dictaminarán que la enfermedad del paciente sea irreversible. El objeto fundamental, tal como dice el texto del proyecto, es hacer que "una persona que tiene una enfermedad terminal pueda solicitar asistencia y legalmente se le facilitará para poner fin a su propia vida". Será necesario verificar que la persona tiene una intención clara y reiterada de poner fin a su propia vida, que haya formulado una declaración a tal efecto, que quien hace la declaración tiene 18 o más años de edad; y ha residido en Inglaterra y Gales durante no menos de un año. Los medicamentos le serán entregados a la persona y lo ingerirá bajo el control de un profesional de la salud que le atenderá si es necesario.

La Comisión que ha llevado a cabo el estudio, discusión y presentó el Informe, que ha sido fuente de la redacción del texto de proyecto de ley presentado en la Cámara de los Lores, tiene un carácter semipúblico. Aunque ha estado financiada por fondos privados (en parte por el autor Sir Terry Prachtett, para quien el suicidio asistido debiera ser como ser atendido en el hospital), su presidente es miembro de la Cámara de los Lores, Lord Falconer, quien fue el primer secretario de Estado para Asuntos Constitucionales británico durante los Gobiernos de Tony Blair. La recomendación de este grupo de expertos consiste en cambiar la actual legislación, que establece penas de hasta 14 años de cárcel para quienes ayuden a una persona a cometer suicidio, pena muy superior a la que tipifica en España el artículo 143 del Código Penal. La aplicación estricta de la legislación británica había llevado a casos en los que la persona afectada por una enfermedad terminal que decidía acudir a Suiza (único país donde el suicidio asistido está permitido) temía que quien le acompañara fuera procesado a la vuelta. Uno de los casos más sonados fue el de Debbie Purdy, una mujer con esclerosis múltiple que pleiteó para asegurar que su marido, Omar Puente, no iba a ser procesado si la acompañaba a Suiza. Purdy lo consiguió en 2009, pero Diane Pretty, siete años antes, no lo logró, y al final murió por las complicaciones de su enfermedad.

El proyecto sin duda saldrá adelante por el apoyo tanto de la clase política como por el alto nivel de adhesión de la opinión pública. Va a ser un nuevo paso en el reconocimiento y respeto de la voluntad seria y racional del paciente, paso que sin duda tendrá que servir de acicate a otros gobiernos. Pero ante el proyecto va a surgir una cuestión de la que se habla en algunos círculos: ¿por qué no han de entrar en la ley, además de los enfermos terminales, los enfermos que se encuentran en condiciones crónicas o progresivas?