Caso Bonnemaison: ni criminal ni buen médico

10 Jul 2014
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Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de DMD

 

La cuestión de la eutanasia no solo se está planteando en Francia en diversos capítulos sino que ahora la absolución del médico de Urgencias de Bayona Nicolás Bonnemaison y que días más tarde la fiscalía recurriese la sentencia ha sobresaltado a ciertas instituciones. Ya no es que Hollande haya prometido una ley sobre el fin de la vida y las conductas eutanásicas, ni que los ciudadanos que están en un 80 por ciento de acuerdo con la eutanasia esperen el informe definitivo del Comité Nacional de Ética de la nación, sino que ahora se añade la tensión judicial con el caso Lambert y en estos últimos días la absolución del médico Bonnemaison que el 11 de junio entraba en el palacio de justicia de Pau acusado de siete delitos de eutanasia. Con todos estos episodios la ley Léonetti ha entrado en una crisis ética y política definitiva y la cuestión de la eutanasia hierve.

 

En diciembre de 2013 el informe Sicard del Comité Nacional de Ética, denominado así por el apellido de su presidente, fue más bien un documento timorato que aceptaba el suicidio asistido, pero era reticente ante la eutanasia. Al poco tiempo hubo cambios oficiales en el Comité, pero el tiempo ha ido pasando sin que llegara un nuevo informe más decidido que diera pie a la presentación de un proyecto de ley que se anunciaba antes del verano. Ha surgido el caso Lambert, del que he hablado la semana pasada, que ha tenido sentencia favorable para el paciente del tribunal supremo francés, pero a los pocos días era suspendida provisionalmente por la orden garantista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y en estos últimos días ha vivido el veredicto judicial de absolución de Bonnemaison, médico de urgencias al que se le acusaba y juzgaba en Pau por haber abreviado la vida de siete pacientes mediante medicación sedante.

Tras la vista el jurado popular respondió de manera negativa a las 14 preguntas planteadas y sus ‘noes’ dejaban al médico libre, por tanto, de todas las acusaciones de haber envenado a los siete pacientes ancianos, enfermos y en la fase final de su vida. El acusado había asumido los actos médicos realizados, pero la sentencia dictada explica que “no se ha demostrado que al poner las inyecciones tuviese la intención de dar muerte a los pacientes”. La sala al oír la sentencia rompió en aplausos, pero una semana más tarde el tribunal de Pau, miércoles 2 de julio, recurría la absolución.

 

La sentencia definitiva, pues, está pendiente del recurso y habrá que esperarla para que se cierre el caso. Pero la decisión judicial no terminará con el problema de trasfondo: el refrendo de la absolución o la pena que se imponga al médico inculpado dejará pendiente la parte más relevante del caso pues la consecuencia que ha acarreado el juicio de Pau es la apertura de un debate –crítico y radical, casi a cara de perro- sobre la eutanasia y que el jurado popular y el mismo tribunal hayan manifestado implícitamente su posición que tarde o temprano ha de desembocar en al menos una despenalización de la eutanasia.

 

Si prescindimos de la desazón de bastantes ante el signo absolutorio de la sentencia y quedamos a la espera de la decisión judicial definitiva de la instancia superior, es preciso valorar la situación política que se ha creado. Independientemente de la sentencia definitiva que no se sabe cuándo se producirá la cuestión eutanásica pasa necesariamente a manos de los políticos y todavía más en concreto a las del gobierno de Hollande.

 

Cada día es más evidente que Francia camina hacia la necesidad de un cambio en la legislación sobre el final de la vida. Hay que recordar algunas escenas del juicio de Pau. El diputado conservador Léonetti, que llevó el peso de la ley que lleva su nombre, y el médico Bernard Kouchner, antiguo ministro de Sanidad, testificaron a favor de las prácticas médicas de Bonnemaison y dejaron claro que no se le podía llamar asesino. Hubo un momento en que el presidente del tribunal preguntó al encausado por qué durante la instrucción había manifestado que él “no era un militante de la eutanasia”. La respuesta fue: “la eutanasia no es en efecto mi combate. Mi tarea no es acelerar la muerte, ni dejar camas libres. Es aliviar a los pacientes, hacer que no sufran”. No cabe duda de que el médico sabía que la decisión de la sedación llevaba consigo abreviar la vida. Pero no tomar tal decisión es evidente que era prolongar innecesariamente el sufrimiento del paciente.

 

El caso Bonnemaison va a tener que remover las posturas acerca de la política de la muerte que mantiene el Estado y ciertas instituciones de la sociedad francesa y, por tanto, cambiar la interpretación del final de la vida y de la eutanasia. El médico enjuiciado ya lo había indicado en una de sus intervenciones que la eutanasia “forma parte del deber del médico de acompañar a sus pacientes hasta el término de la fase final”. Hay quien se pregunta –posiblemente apoyado en esta reflexión- si la ley no debiera aceptar la evidencia de que el médico en su acompañamiento al enfermo en su proceso de morir irreversible en ciertas circunstancias no ha de estimar que lo mejor (o menos malo) para el paciente sea que el médico que le asiste le haga morir un poco más rápido que lo que sería ‘naturalmente’ y de ahí su ayuda.

 

Quizás algún ciudadano a pie de calle –pero muy posiblemente no muchos- se encuentre en la oscuridad de la duda en estos momentos. Pero sin duda, dada la opinión mayoritaria de los franceses a favor de la eutanasia, la calle estará de acuerdo en que el problema al que hay que dar solución legal es a la ayuda a bien morir –este es el significado de ‘eutanasia’ entendida como un ‘derecho de salida’ de la persona que goza de autonomía- de los pacientes por parte de los médicos y esta ha sido la cuestión planteada con la sentencia de este juicio. Ya las palabras finales del abogado defensor lo indicaban con claridad al animar a los miembros del jurado y decirles que asumieran “la justicia que abra camino a la ley”. Para el defensor el proceso “debiera acelerar la historia” legislativa a favor de ayudar al final de la vida.

 

Por el momento todo queda en suspenso. La sentencia ha sido recurrida, el que fue acusado no se sabe –oficialmente- si es criminal o es un buen médico, el Comité de Ética no ha emitido su valoración de las conductas eutanásicas…, pero cada día que pasa se encuentra más comprometido y urgido a un estudio aclaratorio desde la ética pública, y los hechos y la opinión pública están dejando superada la ley Léonetti. Solo falta que los políticos se pongan al ritmo que marcan los valores de los enfermos y la ética de muchos profesionales sanitarios.


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