Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Cabe preguntarse si Francia va a tener para la próxima primavera al menos un texto de proyecto de ley de final de la vida. El presidente François Hollande, a pesar del barullo político de estos momentos, anunció hace unos días a los diputados que sí tendrán un texto para el mes de marzo.

Ya casi nos habíamos olvidado de que en julio de 2012 en campaña electoral Hollande lanzó en su programa la propuesta de dar a los enfermos "una asistencia medicalizada al final de su vida para tener una muerte digna". Al final de aquel año conocimos los primeros resultados de la llamada Comisión Sicard y ahora dos años después conocemos el informe del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) que comunica un avance de los resultados de su trabajo de dos años (ver ccne-ethique o ladocumentationfracaise) En el entretanto se han dado noticias de la Comisión Sicard, del panel de trabajo de un grupo de ciudadanos que trabajaron sobre el tema, de los episodios médicos y judiciales del caso del joven tetrapléjico Vincent Lambert que, aun estando en coma, su vida se jugaba entre dos tribunales.

Vale la pena esbozar los puntos básicos del resumen dado públicamente por el presidente del Comité, Jean Claude Ameisen. De entrada el CCNE se muestra escandalizado de "la situación de abandono de una inmensa mayoría de personas al final de su vida y de su falta de acceso a un derecho reconocido por ley de ser atendidos en cuidados paliativos". Para el CCNE las instrucciones previas deben ser vinculantes y la sedación terminal debe ser un derecho del paciente. Puede tener una sedación hasta la muerte si se encuentra ya en fase final o se le ha retirado el tratamiento. El Comité insiste en que hay que tener más en cuenta la voluntad del paciente. Hasta ahora con la ley vigente (ley Leonetti), cuando el enfermo no tenía el documento de instrucciones previas, al no poder manifestarse por falta de lucidez, se preguntaba a los familiares cuál era la voluntad del enfermo, pero el Comité reconoce que la postura de los familiares era conocida a manera de consulta y en definitivas cuentas los médicos eran los que decidían. La CCNE propone que no haya jerarquías en la decisión, se abra una negociación y, si no se llega a un acuerdo, que se proponga una mediación.

Pero el problema álgido de atender con más cuidado a la voluntad del paciente está sin duda en el tema de la eutanasia y de la asistencia al suicidio. Aquí llegan los puntos encontrados y la misma CCNE confiesa que "persisten profundas divergencias" respecto a estas dos cuestiones críticas e incluso las diferencias se aprecian en el diálogo al definir el alcance y significación de los términos y de sus características.

A primera vista la cuestión va para largo por más que el Comité haya remitido el informe a la Oficina de Evaluación de las propuestas científicas de la Asamblea Nacional y a una delegación interparlamentaria y que Hollande haya manifestado ante un grupo de diputados que habrá texto de ley para el mes de marzo. La primera sorpresa de esta situación es que ya la Comisión Sicard parecía que había dado luz verde a la aceptación del suicidio asistido pues en esta acción es el sujeto quien decide y se quita la vida y solo las reticencias se centraban en la postura a adoptar acerca de la eutanasia y la segunda –para muchos- es ¿qué hacer en el parlamento con un informe lleno de divergencias que no puede llevarse a un texto legal?

No olvidemos que el informe es de un Comité ético y que las posturas éticas en una sociedad con multiplicidad de valores y, por tanto, plural, necesariamente tienen que diferenciarse y no ser coincidentes; que una opción ética de alguien o de un grupo no tiene por qué ser universalizable y por ello ser vinculante para todos. Las opciones éticas en la sociedad hay que conocerlas y reconocerlas y ser valoradas. Pero ahora viene el siguiente paso que es el jurídico, propio para una regularización de la cuestión debatida. La norma que se genere obligará a todos, pero, si es racional, deberá respetar las opciones éticas correctas dentro de una sociedad plural y sabemos por la experiencia de otros países que las leyes reguladoras de la eutanasia abren un abanico de libertad y el enfermo que desee la muerte por sus circunstancias podrá solicitar la eutanasia o la asistencia al suicidio o bien continuar con la vida si lo considera oportuno y es su deseo. En una sociedad plural ha de reconocerse un derecho a la vida que es de libre disposición ya que el acto de disposición no daña a terceros.

En mi opinión, si se entiende la política de modo racional y con respeto al sentir de los ciudadanos, podrá haber al menos un proyecto de ley para marzo con tal de que nadie actúe con filibusterismo ideológico. No creo que sea noticia grata que en este momento -una vez que ha hablado el Comité Consultivo Nacional de Ética- la jerarquía episcopal francesa haya abierto estos días un blog llamado ‘finaldevidacatolico’ cuando el final de la vida para el ciudadano solo puede ser libre sin etiquetas añadidas. Y una vez reconocida legalmente la libertad, cada uno hará uso racionalmente de ella.