Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

El viernes pasado el Senado californiano aprobó que un médico pueda prescribir drogas que le provoquen la muerte a un enfermo terminal - con un pronóstico de vida de menos de seis meses- que desee morir consciente y libremente. En una palabra California legaliza el suicidio asistido y ahora solo falta la firma del gobernador que puede ratificar o quizás vetar el texto de la norma aprobada.

Al valorar este paso político es obligado recordar a la joven Brittany Maynard que anunció su muerte con antelación, luchó por el suicidio asistido y murió por propia voluntad en la fecha que se señaló en el estado de Oregón. Su muerte y su lucha en sus últimos meses han dado sus frutos, y su migración de California a Oregón unos meses antes de su muerte para poder tener una muerte digna en ese estado ha sido entendida e interpretada correctamente por los parlamentarios californianos. La aprobación del suicidio asistido no es la solución definitiva a la cuestión de la autonomía del ciudadano ante su muerte, pero es un paso que cambia la vida y el proceso de morir de bastantes personas.

En los estados de EEUU están cambiando las políticas públicas respecto a las conductas eutanásicas. Es verdad que el cambio solo afecta a la aceptación legal del suicidio asistido, pero en poco tiempo se han incorporado a esta legalización varios estados y ahora se añade a este movimiento el estado de California. A comienzo de este siglo fueron Holanda, seguida de Bélgica y Luxemburgo los estados europeos que abordaron el problema de la disponibilidad de la propia vida, pero es curioso que fueran los tres países del Benelux los que abordaran la misma tarea cual si fueran un islote cultural en el espacio europeo y, sin embargo, el resto de países con una cultura con las mismas raíces hayan sido ajenos o trabajen con una lentitud legislativa llamativa a pesar de que su ciudadanía está mayoritariamente acorde con la legalización de una autonomía plena del enfermo ante la muerte.

El caso californiano es curioso ya que el año pasado la joven Brittany Maynard tuvo que cambiar su residencia a Oregón para poder acogerse a la legalidad de este estado ya que California estaba ajeno al problema. Es más, fue Brittany una mujer activista que aprovechó el tiempo que mediaba desde su decisión hasta la fecha que ella misma se señaló para morir y actuó con la asociación Compassion & Choices (C&Ch), organización similar a DMD, para luchar políticamente a favor de la legalidad de la disponibilidad de la propia vida. Maynard hizo bien visible el problema de las diferencias de la cultura de la muerte entre los estados con su decisión de migrar a otro diferente. Con su campaña conjuntamente con C&Ch los parlamentos se han dado por enterados y se han abierto mental y políticamente para dar solución a un problema real.

Al parecer es más fácil en América que en Europa desvestir a la vida y a la muerte de la sacralidad con que durante siglos se les ha revestido. Es evidente que las mentes de demasiados políticos europeos están bloqueadas por el tabú cultural de la muerte y son fuertemente reacios a reconocer la autonomía del ciudadano para actuar con libertad tanto en su vida como en su muerte. Y si no, compárese la decisión californiana tan reciente con el barullo que se vive en la Asamblea Nacional y el Senado de Francia que, a pesar de ser una nación con historia laica, su debate parlamentario va a acabar dejando las cosas tal como estaban por más que casi un 90 por ciento de su ciudadanía reclama la legalización de las conductas eutanásicas. Está visto que el algo más del 10 por ciento de la población, refrendado por la jerarquía católica y sus asociaciones y el reaccionarismo político son capaces de anular la libertad de conciencia en una cuestión personal, íntima y propia del espacio privado como es la propia vida. Es evidente que el que una persona libremente disponga de su vida no daña la libertad y derechos de los demás ciudadanos.

Y el reverso exacto de la moneda de California lo hemos tenido en el parlamento británico donde hace unos días ha sido desechada por 330 votos contra 118 una proposición de ley, presentada por el laborista Rob Marris, que afectaría a Inglaterra y Gales. Ha sido significativo que el primer ministro, David Cameron, estuviera ausente de la cámara en la votación dando la impresión que la vida, el sufrimiento, la libertad y la muerte de los ciudadanos no es cuestión ni preocupación de su gobierno. Se puede pensar que ni el suicidio asistido ni la eutanasia son éticas para la conciencia del primer ministro, pero en un país plural donde la libertad ha de ser el principal valor la conciencia del primer ministro no es la medida patrón de todas las conciencias. A los 330 políticos que desecharon la proposición de ley pisotearon la libertad de los enfermos terminales que deseen morir y pidan a la sanidad pública que les prescriba los medicamentos adecuados que ellos tomarían sin intervención alguna de un médico. En breve, que no solo en Inglaterra y Gales sino en la mayor parte de los estados europeos a los políticos poco les importa que algunos enfermos vivan atrapados en un proceso terminal que consideran ‘insoportable’.