Laurence Arseguet
Soci@ctivista de DMD Madrid

La ley francesa actualmente en vigor "relativa a los derechos del paciente y al final de la vida", más conocida como ley Leonetti, data de 2005. Es una ley ambigua, más preocupada en prohibir toda conducta eutanásica que en responder al deseo, muchas veces expresado por la ciudadanía, de una auténtica ayuda a morir sentida como necesaria en un mundo donde la medicina ha progresado tanto que es capaz de mantener en vida durante largo tiempo a los pacientes, sin preocuparse mucho por la calidad o el sentido de la vida que se prolonga. En sus diez años de aplicación esta ley ha provocado una cascada de casos dramáticos y muy mediáticos que ponen de relieve su inoperancia y hasta podríamos decir su "toxicidad".

Así se ha llegado a la conclusión de que había que reformarla. Después de muchas promesas políticas y de mútiples consultas de todo tipo - entre las cuales tuvo una gran importancia una "consulta ciudadana" en 2013 que se pronunció claramente a favor de la apertura de un "derecho al suicidio asistido y a una excepción de eutanasia" - se presentó en marzo 2015 delante de la Asamblea Nacional la ley Claeys-Leonetti que sólo añade a la anterior la obligatoriedad de tomar en cuenta las directrices anticipadas (pero dejando la última decisión al médico) y permite una sedación terminal profunda y continua una vez suspendidos todos los tratamientos. O sea una modificación mínima de la ley en vigor, y que traiciona las promesas políticas y las esperanzas de gran parte de la ciudadanía. ¡Una vez más un consenso político calificado de "realista y consensual" arruina las esperanzas ciudadanas!

Después de un episodio bochornoso y surrealista en el Senado que la edulcoró totalmente y que luego, incomprensiblemente, votó en contra de sus propias modificaciones, la propuesta de ley va a volver ante los diputados el 5 y 6 de octubre. Al mismo tiempo varios de los casos dramáticos relativos al final de la vida anteriormente evocados van a volver ante los tribunales y ocuparán los titulares de prensa:

El 22 de septiembre compareció delante de un tribunal Jean Mercier, un hombre de 87 años enfermo de Parkinson y de cáncer. Hace tres años, ayudó a morir a su esposa de 83 años y muy enferma. Ella le pidió ayuda para acabar con una vida que ya no era vida. Él finalmente se la proporcionó y llamó al médico sólo después del fallecimiento. Le iban a acusar de "homicidio voluntario" y de "no asistencia a persona en situación de peligro". Finalmente sólo será acusado del segundo de estos delitos, lo que puede acarrearle una condena a 5 años de cárcel. "Hubiese sido una cobardía no ayudarla", dice. "Si me condenan, que sea a una pena efectiva de cárcel, para que se cree un escándalo de tal calibre que nuestros gobernantes se sientan obligados a afrentar el problema del final de la vida con seriedad". Jean Mercier está defendido por un abogado de la ADMD.

El 29 de septiembre se desarrollará otro episodio del caso Vincent Lambert, paciente en coma vegetativo desde 2008 y que no había redactado directrices anticipadas. La familia se ha dividido dando lugar ya a numerosos episodios judiciales muy duros. Uno de los grandes fallos de la ley es, en efecto, no establecer ninguna jerarquía entre los posibles representantes del paciente cuando no está capacitado para expresarse. Y para complicar aún más la situación, los ambientes integristas católicos han cogido este caso como bandera.El hospital donde está internado el paciente se ha retraído en la aplicación de las sentencias del Consejo de Estado y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que autorizaban la suspensión de la alimentación y de la hidratación de acuerdo con la ley vigente y pide que el tribunal nombre un juez de tutela para amparar al paciente.  Los padres, católicos integristas y contrarios a "dejar morir" a su hijo, han denunciado a los médicos por "tentativa de asesinato contra una persona desvalida" y piden a la justicia autorizar el internamiento del paciente en una unidad de cuidados para grandes minusvalías. Dada la situación, el sobrino de Vincent Lambert, a favor de "dejarle ir", exige judicialmente y con procedimiento de urgencia la aplicación de las sentencias. El tribunal examinará su petición el 29 de septiembre.

Entre el 12 y el 23 de octubre se celebrará el segundo juicio contra el doctor Bonnemaison, acusado en 2014 de asesinato de 7 ancianos en estado terminal en el servicio de Urgencias del hospital de Bayona. Bonnemaison fue absuelto por el jurado, pero el fiscal, que declaró sin embargo que Bonnemaison "no es un asesino", recurrió la sentencia de absolución. Será juzgado una segunda vez. Puede ser condenado a 5 años de cárcel.

Estos son sólo los casos más recientes. Ha habido muchos más – demasiados – en lo que va de siglo XXI. La ley eligió un casi inmovilismo y un "consenso" político que da la espalda a los deseos de la ciudadanía. Frente a la sordera y a la increíble cobardía de sus representantes, pero también frente a la gran capacidad de presión de las fuerzas más reaccionarias unidas a la iglesia institucional, la ciudadanía se moviliza intensamente estos días por intentar conseguir la "última libertad", la libertad de que cada uno pueda tomar su destino en sus manos y decidir cuando y cómo "irse".  Un derecho que ya disfrutan los ciudadanos de varios países vecinos: Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Y lo conseguirán – ahora o un poco más tarde tal vez -  porque va en el sentido de la Historia (con mayúscula).