Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

El jueves 21 se debatió en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) sobre Muerte Digna presentada por el grupo parlamentario de Podemos. No pudo ser que la Asamblea de Madrid aprobara la PNL inicial que había sido promovida por la médico Carmen San José, portavoz de Sanidad del Grupo Podemos y en la que el parlamento madrileño instara al Gobierno del Estado a que se abriera en el Congreso el debate público sobre las conductas eutanásicas. La PNL de Podemos quedó recortada de la petición "al Gobierno de la nación la reforma del artículo 143.4 del Código Penal legislando la exención de pena para quien mediante actos necesarios o de cooperación activa facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables".

Al terminar la sesión la sensación de muchos parlamentarios era un tanto agridulce. Se había aprobado una Propuesta, pero quedaba en el interior de muchos una especie de vergüenza política pues no se había logrado abrir camino al deseo de la mayoría de la ciudadanía. Era la vergüenza de verse superados por los ciudadano que iban varias décadas por delante de sus políticos. No obstante, creo que fue suavizada con el aplauso que se dedicó al médico Luis Montes, presente en la zona de invitados, encausado en el triste caso del hospital Severo Ochoa de Leganés en 2005. Era una alegría que la Asamblea recompensase al Dr. Montes de la infamia del consejero de Sanidad Lamela en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre, que dio por verdadera una denuncia anónima en que se incriminaba a Montes de 400 asesinatos en el departamento de Urgencias que él dirigía. El aplauso era un desagravio al médico que por ayudar al enfermo en trance de muerte tuvo que soportar la vileza y mala voluntad de un gobierno de Madrid. No hay que olvidar que el doctor Montes fue liberado de tal escarnio profesional ya que los tribunales consideraron que su labor y comportamiento se correspondían con una correcta práctica médica. Pero el gobierno de Esperanza Aguirre no reconoció su mal hacer en el caso. Así el aplauso era sin duda un reconocimiento del quehacer médico de Montes y un desagravio institucional ante la infamia y descrédito a que fue sometido por el gobierno de Aguirre.

Si la Asamblea hubiera aprobada la propuesta en su integridad inicial hubiera sido la tercera comunidad autónoma (tras Euskadi y Extremadura)  cuyo parlamento incitara al gobierno central a estudiar oficialmente la exigencia que reclama la opinión mayoritaria española y que está pendiente en España desde hace más de 20 años. Por aritmética parlamentaria hubiera sido sin duda rechazada por los votos de PP y Ciudadanos. De ahí que la PNL fue el resultado de una enmienda transaccional realizada por el grupo de Podemos y el de socialistas. El texto por fin aprobado no era una novedad en su contenido. Como explicaba Carmen San José lo que se aprobó por todos los grupos fue que se "cumpla la legislación en la Comunidad de Madrid".

El miedo conservador incluso a que se estudie y debata en su momento este asunto en el Congreso de los Diputados, y a que se reforme el Código Penal en su art. 143 provocó el recorte de la propuesta de Podemos. No hubo ni estridencias ni tensiones en la sesión, pero se vio claramente el enfrentamiento ideológico que no debiera existir pues con una legalización de las conductas eutanásicas a nadie se le obliga a morir; la decisión dependería de la libertad de conciencia del ciudadano y de su percepción sobre la propia existencia y por ello de la opción que pudiera tomar. Cuando Carmen San José afirmó que en la Comunidad de Madrid "se muere mal, con dolor y sufrimiento", tuvo la réplica del representante popular, Jacobo Beltrán, que le acusó de sostener una "afirmación gratuita" y que su partido defiende la vida digna. Sin duda esta defensa es en abstracto como enunciado teórico. Está visto que el parlamentario Beltrán no advertía que la aprobación que se llevaba a cabo en ese momento era un correctivo por no decir un varapalo a la política sanitaria de la Comunidad respecto al enfermo con amenaza de muerte. La propuesta que se tenía entre manos y que se debatía era para instar al Gobierno de la Comunidad a que se llevaran a la práctica y se cumplieran normas legales establecidas en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 -mucho agua ha pasado desde entonces por el Manzanares a pesar de su escaso caudal- y que el corto número de testamentos vitales (instrucciones previas) registrado en la comunidad de Madrid denuncian la falta de promoción de la muerte digna llevada a cabo. Con la PNL aprobada ya solo se insta al gobierno autonómico de Madrid a cumplir con lo legislado a nivel estatal: fomento y respeto a las instrucciones previas (testamento vital) de los pacientes, incremento de los cuidados paliativos para que lleguen a todas las personas, formación continuada específica de los profesionales de la sanidad sobre el proceso de morir, creación del Observatorio de Humanización de la Asistencia en el proceso del final de la vida. Esta formación específica y el Observatorio sobre la muerte digna debieran haber sido dos medidas urgentes, necesarias y prioritarias que se debieran haber puesto en práctica al día siguiente de la fecha de vigencia de la Ley de Autonomía del Paciente para que no se muriera mal en Madrid, con dolor y sufrimiento.