Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Terminar un año supone un cambio de agenda, repasar asuntos que han quedado pendientes para anotarlos en la agenda recién estrenada. Cada cual tiene su propia agenda, su tarea y objetivos en la vida. Para mí, como miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD), mi objetivo –que fue inscrito públicamente en 1984 cuando se fundó DMD– es el esfuerzo y la lucha por la legalización de las conductas eutanásicas, que no es otra cosa que conseguir que el ciudadano pueda morir con dignidad y plena libertad, un derecho emergente que han logrado en muy pocas naciones en el mundo.

En nuestro país, los meses finales de 2015 abrieron ciertas perspectivas políticas esperanzadoras, pero la crónica del año 2016 ha evidenciado bastantes baches y deficiencias. Pensando en el derecho emergente de la muerte digna, en el último mes del año se han dado ‘una de cal y dos de arena’. La Comunidad Valenciana ha presentado un proyecto de ley de muerte digna que podrá ser ley en 2017 y convertirse en la séptima de este estilo (puesto que ya la tienen Andalucía, Aragón, Canarias, Navarra, Galicia y Baleares). Y como son ya muchas, cada una con su propia norma, el partido Ciudadanos ha presentado a nivel estatal un proyecto de ley que homologue tanta diversidad. Pero ante esto hay que preguntarse si estos esfuerzos tiene futuro o son banales, pues son de sobra conocidos los escasos o nulos frutos de tales leyes, y si respecto al proyecto estatal los esfuerzos de Ciudadanos debieran haber sido encauzados a superar el estancamiento ideológico y el miedo a las conductas eutanásicas que se muestra en el artículo 143 del Código Penal, que penaliza el suicidio asistido y la eutanasia. Llevamos muchos años haciendo gala y sintiendo orgullo de Constitución democrática y todavía los políticos, en su gran mayoría, no sienten vergüenza de mantener el texto y el contexto de dicho artículo penal, que choca de lleno con los valores constitucionales.

Dos esfuerzos bastante banales

La Comunidad Valenciana y el partido Ciudadanos posiblemente se sentirán satisfechos del paso de política sanitaria que están dando, pero en mi opinión son paladas de arena puesto que guardan un respeto pleno a un Código Penal que ya, cuando se reformó en este punto en 1995, recibió muchas críticas. DMD presentó una redacción alternativa al artículo que se aprobó siendo ministro de Justicia el socialista Belloch, que fue el padrino de la reforma.

El proyecto de ley autonómica valenciana quiere dejar estampado como norma legal algo que está aceptado por la población y cuyo cumplimiento solo depende de la formación y el compromiso de los profesionales en su praxis médica. El proyecto busca como derecho positivo algo que resulta obvio: que se evite la obstinación terapéutica por parte de los médicos, que el enfermo sea escuchado por los médicos respecto a los tratamientos cuando ya todo es irreversible, que el enfermo pueda tener intimidad para morir y estar acompañado de sus familiares más cercanos, etc. Sin embargo, se podía haber esperado del parlamento autonómico valenciano –dado su nuevo reparto de escaños– que hubieran presentado una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal para que se despenalizasen el suicidio asistido y la eutanasia, y así romper una lanza por una muerte digna en plena libertad. Podría haber sido el inicio de un procedimiento legislativo en el Congreso de los Diputados, abriría un debate e incluso tres diputados autonómicos valencianos hubieran podido defender su proposición ante el Congreso.

Y la ‘palada de cal’ puede ser el trabajo que a partir de mediados de diciembre está llevando el grupo parlamentario de Unidos Podemos, que trabaja en un posible texto de proyecto de ley de eutanasia. Me siento medianamente optimista pues puede salir adelante, pero para que tenga el efecto de cal deberá coligar las mentes y el talante político del grupo socialista para sumar votos a favor del proyecto y así abrirse  camino en un pleno del hemiciclo.

Al volver página del año no cabe pronunciar felicitaciones pues la situación no es de panderetas ni castañuelas. Pero siempre cabe un deseo y una esperanza para alcanzar –tarde o temprano–  la libertad del ciudadano hasta el momento final, porque no solo la vida sino también la muerte nos pertenece. En estos días, los niños han escrito sus cartas a la espera de los regalos. También los enfermos tienen derecho a expresar sus deseos y hacer sus peticiones. He encontrado un texto que podría servir de modelo para un borrador de carta. Hace más de 20 años, una enferma de esclerosis múltiple, Aurora Pampín, escribía al ministro socialista de Justicia, Alberto Belloch, en vísperas de la reforma del artículo del Código Penal que penaliza las conductas eutanásicas. Le decía: "Los enfermos en fase terminal o irreversible no se quejan, no se manifiestan, no hacen huelgas. La enfermedad los deja mudos y en la mayoría de los casos, anulados. Los enfermos agonizan en silencio, no molestan y si no molestan para qué tocar un tema tan espinoso como la eutanasia...". No sé si la carta fue contestada por Belloch, pero lo cierto es que su contenido recibió el carpetazo del ministro, que presentó a las Cortes su reforma penal de 1995, que mantenía la incriminación y penalización de la ayuda al suicidio y la eutanasia y que fue aprobada por todos los diputados excepto por Pilar Rahola y los diputados de IU e Iniciativa per Catalunya.

Por mi parte, firmo este mensaje de Aurora a los políticos, y sobre todo a los diputados en el Congreso, con el fin de que abran sus mentes y sepan escuchar los deseos de bastantes conciudadanos que solo piden acogerse a los valores que reconoce la Constitución y que por eso desechan, con toda razón constitucional, el art. 143 del Código Penal.