En abril de 1962 (hará medio siglo ahora) yo tenía un amigo que se llamaba Quique, que una mañana de aquella primavera se presentó en el viejo instituto Jovellanos de Gijón con corbata y medias negras. Todavía vestíamos de corto, acabábamos de empezar el bachillerato y ese día Quique se pasó el recreo apoyado contra los muros de azulejo del patio, muy callado, ojeroso e inconsolable porque se había muerto su padre. El padre de Quique era minero y en aquellas fechas pasábamos frío en el instituto porque no había carbón para la estufas. Los mineros estaban en huelga y el cura que ejercía de jefe de estudios, cuyo nombre siempre quise olvidar en vano, tuvo unas frases muy despectivas hacia los compañeros del padre de mi amigo, que las escuchó con lágrimas.
La chispa de la huelga minera conocida en Asturias como huelgona prendió el 7 de abril en el pozo Nicolasa, en la cuenca del Caudal, porque siete trabajadores de esa explotación fueron sancionados tras haber reivindicado unos derechos laborales relacionados con los cambios en el horario de trabajo. El conflicto se extendió muy pronto por las demás cuencas mineras, así como por la industria siderúrgica. Fue seguido solidariamente por más de 40.000 mineros, varios miles de operarios siderúrgicos y un total de 15.000 trabajadores en Gijón, pertenecientes a diversos sectores obreros. Según cuenta Rubén Vega en Las huelgas de 1962 en Asturias, el conflicto minero en esa región tuvo su repercusión también en el resto de España, sobre todo en el País Vasco y Cataluña. Consecuentemente, la prensa internacional se hizo eco del mismo con sus correspondientes efectos críticos y manifestaciuones populares contra el régimen franquista, que reprimió duramente a los huelguistas.
Según cuenta Agustín Bermúdez, a quien se le conocía por Tino Tarzán en el Pozo Dos Amigos y tenía entonces 17 años, se produjeron muchas detenciones a lo largo de aquellos dos meses. También fueron muchas las palizas brutales que sus compañeros sufrieron en las comisarías. Pasamos mucho miedo y mucha hambre, recuerda, porque en su casa con once hermanos no entró dinero mientras duró el conflicto.
Fue especialmente significativo el papel de las mujeres durante la huelga. Anita Sirgo, hoy octogenaria, vivió el encierro protagonizado durante ocho días por las mujeres en la catedral de Oviedo para pedir la liberación de los presos. Anita formó parte de la comisión que se desplazó a Toledo para visitar a monseñor Enrique y Tarancón, que años atrás había sido arzobispo de Oviedo, y también participó en las colectas para recaudar fondos con los que socorrer a las familias de los mineros encarcelados y deportados. En total fueron 356 los que ingresaron en prisión, 1.226 los deportados y 198 los despedidos.
Por aquellos años en España no existía la canción protesta. Estaba por escribirse la canción de Chicho Sánchez Ferlosio Hay una lumbre en Asturias/ que calienta a España entera/, y es que allí se ha levantado/ toda la cuenca minera. Sí tenía mucho éxito y nombradía, en cambio, un popular cantador de tonada asturiana fallecido en 1983, José González “El Presi”, al que mi amigo Quique le tenía gran aprecio por influencia paterna. Todavía al escuchar Si yo fuera picador, no puedo evitar la emoción de la memoria (histórica y personal) y la razón y el sentido que tiene la huelga general del 29-M, pues la fecha de mañana debe ser también un homenaje a quienes lucharon por los derechos sociales que ahora se nos quiere arrebatar. (El romance, de José León Delestal, y la canción, aquí).
Lo que hoy reflejan sobre todo las portadas de los periódicos, con relación a las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía y Asturias, es la victoria insuficiente de los partidos ganadores en ambas comunidades. Ni el Partido Popular podrá gobernar en Sevilla ni el Partido Socialista en Oviedo porque los partidos opuestos lo impedirán gracias a sus respectivas alianzas.
Le faltó mucho al PP para conseguir la mayoría absoluta en el sur. Los recortes de Rajoy han reducido en casi 400.000 votos la cosecha lograda en Andalucía el pasado 20-N. El Partido Socialista ha quedado muy cerca del millón y medio largo de papeletas obtenido por su adversario, mientras que Izquierda Unida ha duplicado el número de escaños, lo que sin ninguna duda constituye un hecho histórico muy a tener en cuenta a la hora de establecer el previsible pacto de gobierno entre el PSOE de Andalucía y esta coalición.
También en Asturias gana un escaño IU (5), aunque el incremento en el número de votos -siete mil y pico- haya sido menor del esperado. Gana un diputado el PSOE (16) y pierde votos la derecha -más de sesenta mil-, sobre todo por el desgaste de Foro Asturias, que se queda con tres diputados menos (13), aunque sumados a los del Partido Popular (10) evitarían el gobierno de la izquierda en la región. Falta el recuento del voto emigrante, con un escaño por decidir a favor de Foro o el PSOE. Si lo obtuviera el Partido Socialista, sería decisivo el papel del único diputado de UPyD.
Dicho lo que antecede, me ha extrañado no ver resaltado en ningún medio el alto grado de abstención registrado tanto en Andalucía como en Asturias. Con relación a los pasados comicios autonómicos, las votaciones han descendido en torno a 10 puntos porcentuales en la primera comunidad y nada menos que en 11 en la segunda. De cada cien ciudadanos en Andalucía, 38 no han acudido a las urnas. De cada cien en Asturias, 44 no han votado.
¿No es esto -con la que está cayendo contra nuestro bolsillo y nuestro derechos sociales- un titular especialmente relevante? Quizá para explicarlo y alarmarnos aún más sea conveniente recordar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas: La nefasta actuación de los políticos suma 15 meses consecutivos como tercera preocupación nacional. Es de toda lógica que la degradación de la democracia se note en las urnas, pero ¿adónde nos lleva esto?
Hay quien se ha sorprendido y hasta indignado por la oferta de empleo seguro que la Iglesia de Roma acaba de ofrecer a la mitad de la población española, dado que las mujeres no cuentan en el desempeño de la labor sacerdotal. Si había crisis de vocaciones y los seminarios estaban despoblados, ¿alguien puede extrañarse de que la jerarquía eclesiástica -sirviéndose de la desesperación de tantísimos jóvenes desempleados- promueva esa llamada para ingresar en una de las profesiones más duraderas y estables que han existido y existen en nuestro país?
Se trata, en efecto, de un trabajo subvencionado, puesto que cuenta anualmente con esos 250 millones de euros que la Iglesia recibe gracias al celo recaudatorio del Estado a cuenta de la casilla del IRPF. Con esa cantidad está asegurado el empleo de los curas, si bien nuestros impuestos también sirven para retribuir, además, a los profesores de Religión, cuya misión no es otra que la de hacer perdurables los privilegios de que goza la institución católica, apostólica y romana en España.
Muy posiblemente, a la mayoría de los 1.278 seminaristas que ahora mismo se preparan para el sacerdocio en los centros pertinentes, esa oferta de empleo -de la que ahora hace publicidad muy terrenal la empresa a la que pertenecen- no les haya extrañado. Es probable que la razón de su vocación en muchos de ellos se haya basado precisamente en la seguridad de su horizonte profesional, ajeno a los vaivenes de todas las crisis económicas que pueda padecer el resto de sus conciudadanos, pues estos seguirán en todo caso pagándoles sus sueldos.
Ante tan halagüeño porvenir, ¿a quién importa la fe en el mensaje de Cristo, razón explícita antaño de la vocación que decían profesar los jóvenes seminaristas, si hace mucho que ese principio ha dejado de inspirar a la institución vaticana, por más que se siga rezando a Dios, en la liturgia de la misa, aquello de no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia? ¿De qué carácter puede ser esa fe que se sustenta en la expectativa de un sueldo seguro, religiosamente retribuido por el Estado a costa de las estrecheces de la mayoría de la población?
Tres años y un mes después de la espantosa masacre del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que acabó con la vida de 191 personas y causó casi dos mil heridos, el que fuera diputado del Partido Popular por Valencia, Joaquín Calomarde, hacía pública una larga carta dirigida a Pilar Manjón, presidenta de la asociación Víctimas del 11-M, en la que le pedía perdón por la actitud y conducta políticas del PP a lo largo de aquel nefasto trienio de algarada pertinaz llevado a cabo por el entonces partido opositor.
El señor Calomarde recordaba en la misiva ese bochornoso comportamiento desde el mismo momento en que el PP trató de impedir por todos los medios la inolvidable comparecencia de Manjón ante la Comisión Parlamentaria, con un discurso admirable que la mayoría de los ciudadanos recordaremos siempre por su profundo contenido, lúcida exposición y espontánea y conmovedora emoción. Conviene tener en cuenta las palabras del señor Calomarde hoy, ocho años después de aquellos trágicos hechos, porque desde la caverna mediática se sigue disparando con todo tipo de insidias e injurias contra la asociación que preside Pilar Manjón, a quien le siguen llegando amenzas de muerte por correo, como muestra más explícita del talante que caracteriza al fanatismo conpiranoico elaborado y mantenido ocho años después por el diario El Mundo.
Este periódico acaba de suscribir, en su edición de ayer lunes y con motivo del octavo aniversario de la masacre, un párrafo que no se puede pasar por alto como evidencia no solo de su flagrante insolvencia deontológica y de su empecinamiento en ignorar y/o menospreciar la sentencia dictada por los tribunales contra los autores de la masacre, sino de su desprecio a los sentimientos de la aludida. Manjón ha optado por el activismo político -sostiene El Mundo ante la actitud de la nombrada de defender la manifestación de los sindicatos, coincidente con la fecha del 11-M-, demostrando que le puede más el odio a quienes no comparten sus ideas que el dolor por la muerte de su hijo. Parece claro, por lo tanto, que ese diario va a mantener los postulados conspiranoicos que lo han caracterizado, sin posibilidad de que pueda llegar a compartir nunca las palabras que el ex diputado Calomarde le dirigió a Pilar Manjón al recordar su discurso en el Congreso:
Todavía hoy resuenan en mis oídos sus palabras, pero, sobre todo, una pregunta concreta que usted lanzó desde el fondo mismo de su intervención con agudeza y sentido dramático profundos: “¿De qué se reían ustedes señorías?” Y yo, Sra. Manjón, quiero recordar hoy aquí que las risas, en ocasiones estridentes, de esas señorías provenían fundamentalmente del portavoz de mi ex Grupo Parlamentario y de su portavoz adjunto en aquella comisión.
La carta de Joaquín Calomarde podría sonar entonces a cierto oportunismo político, pues la firmaba a raíz de su dimisión como militante del Partido Popular por disentir con la airada política de oposición del aznarato genovés, si no nos participara el autor que, tras la comparecencia de Manjón, el diputado del PP se dirigió epistolarmente a la asociación que preside doña Pilar para expresarle a ésta que contaba con toda su simpatía, todo su apoyo moral, y, sobre todo, con todo sus ánimos y condolencias.
El ex diputado valenciano expresó su petición de perdón en estos inequívocos términos, que no espero, por desgracia, estén algún día al alcance de la dirección del diario citado: Yo, si usted me lo permite Sra. Manjón, quiero como diputado del Congreso, hasta esta semana perteneciente al Partido Popular y en tanto que he sido miembro del mismo, pedirle perdón. Perdón por tanta mentira, perdón por tanta falta de dignidad y altura personales y políticas, perdón por el menosprecio al que se ha sido usted sometida por personas y medios próximos al Partido Popular que mejor deberían reflexionar y saber, al menos, callar con dignidad en los próximos tiempos; perdón por las amenazas recibidas; perdón por los escalofriantes vídeos de los que hemos tenido noticia; disculpas por todas las imputaciones falsas y repugnantes contra su honor personal, el de su familia y el de la Asociación de Víctimas que usted dignamente preside. (Texto de la carta).
La verdad es que la noticia, publicada en el diario El Plural, nos ha llegado un tanto limitada de contexto, pero eso no es óbice para que las declaraciones en rueda de prensa del alcalde de la localidad salmantina de Béjar lo dejen a la altura de aquellos ediles de los tiempos de Joaquín Costa, el autor de Oligarquía y caciquismo.
Dijo Alejo Riñones, refiriéndose a los restos de una matanza porcina organizada por el ayuntamiento que preside, que los huesos y las piezas de tocino serán entregados a la residencia de las Hermanas de Ancianos Desamparados, que tenemos ahí cerca del parque, pues les vendrá estupendamente a las personas mayores y nosotros nos alegraremos de ello.
Es sabido que la ciudad de Béjar se caracterizó en los primeros decenios del pasado siglo por su muy activo protagonismo en las luchas obreras. El grado de concienciación social entre los operarios de la industria textil, entonces boyante, hizo que aquella localidad ocupara repetidas veces los titulares de los periódicos. Hace algunos años todavía era posible encontrar a algún anciano que recordaba los sucesos del llamado Motín del pan, que tuvo lugar el 20 de mayo de 1920 a causa de la subida en el precio de las subsistencias.
Es muy posible que, entre lo internos con más edad de la residencia que Riñones cita, se encuentre alguno que guarde una oscura memoria de aquellos decenios. Entonces también se pretendía, por parte de la derecha afincada en un reaccionarismo de siglos, que la falta de derechos sociales se sustituyera con caridad, tal como ha hecho don Alejo y está pretendiendo hacer su partido, que es el del Gobierno.
Lo que Rajoy ha dicho en Bruselas lo viene repitiendo nuestra derecha más rancia desde que la conflictividad social, en el siglo XIX, hizo posible todas las conquistas de los trabajadores que hoy forman parte de sus derechos fundamentales. También entonces los dominadores les decían a los dominados que manifestarse no servía para nada.
Todos sabemos, sin embargo -incluido Rajoy-, que las concesiones sociales se lograron siempre en la historia por el miedo de los grupos dominantes a que un descontento popular masivo provocara una amenaza revolucionaria que derribase el sistema, según recordaba no hace mucho el historiador Josep Fontana a propósito de la publicación de su último libro Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945. Para Fontana, el factor que desencadena la fase crítica que atraviesa en estos momentos el Estado del bienestar es la pérdida del miedo de las clases dominantes a una revuelta popular.
Es posible que don Mariano el Obvio crea a sus conciudadanos más que indecisos para que, por mucho que se les apriete el corbatín, se decidan a movilizarse contra dictadura de los mercados, bien sea porque considere muy sólidos los cimientos en que esta se asienta, bien sea porque estime -teniendo en cuenta esa supuesta consistencia y al igual que sustentaban sus predecesores ideológicos en el siglo XIX- que será inútil toda resistencia.
Estamos, por lo tanto, ante la posibilidad de que el retroceso social en curso avance -con el riesgo de situarnos en el punto de partida del que arrancaron todas las conquistas sociales adquiridas a lo largo de más de un siglo-, o ante la necesidad de evitar ese retorno y echar el freno a un itinerario en franca marcha atrás. Para esto sería preciso desechar en principio consejas como las del presidente del Gobierno y evitar con ello la resignación y la postergación de aquellos impulsos que movieron a los líderes sociales del pasado.
Si las utopías que a ellos los estimularon en presente fueron realidades mañana y nosotros tuvimos la fortuna de vivirlas como derechos, toda dejación de los mismos es una afrenta a nuestra dignidad como ciudadanos libres. Mariano Rajoy acaba de invitarnos, por lo tanto, a ser tan indignos como sus palabras o las de su camarada Cospedal cuando dijo que el suyo era el partido de los trabajadores.
La lideresa Aguirre se refirió ayer, en unas manifestaciones a Onda Cero, a la inmaculada trayectoria del Partido Popular en manifestaciones antigubernamentales, excusadas aquellas en en que sus fieles concurrían para protestar por el pacto entre el gobierno de Zapatero y los terroristas, según doña Esperanza.
La reiteración en esta falaz y torticera imputación, me hace recordar el régimen de algarada permanente que mantuvo el Partido Popular y el actual presidente del Gobierno desde la oposición durante la primera legislatura y buena parte de la segunda, a costa tanto de la conspiranoia del 11-M como de la eficaz política antiterrorista llevada a cabo por Zapatero, que finalmente acabó con la actividad armada de ETA.
Es bien cierto que el Partido Popular nunca podrá salir a la calle para defender los derechos sociales de la población, porque su misión está siendo recortarlos, pero de la memoria de los ciudadanos no se podrán borrar los denuestos e injurias propios de algarada parlamentaria que don Mariano el Obvio dispensó como líder opositor al anterior Presidente del Gobierno.
Aparte de acusarlo de apalear a la clase media y agredir a las víctimas del terrorismo, Rajoy tildó a Rodríguez Zapatero de “bobo solemne” y “cobarde sin límites”, de “irresponsable”, de “grotesco”, de “frívolo”, de “antojadizo, veleidoso e inconsecuente”, de “acomplejado”, de “confuso”, de tener “mala conciencia”, de “chalanear con los terroristas”, tener “la cabeza de adorno”, de “indigno”, de “cobarde”, de perdedor complacido”, de dar “coces”, de comportarse como un “hooligan británico”, de “traicionar a los muertos” , de “radical, taimado y maniobrero” y de hablar “en batasuno”.
La condesa de Murillo y Grande de España forma parte de ese partido que hizo oposición de algarada, a imagen y semejanza de la ultraderecha mediática a la que la lideresa Aguirre prestó cobertura. Ni su militancia ni sus títulos le pueden permitir el más mínimo asomo de comprensión ante la indignación que crece en las calles. Por eso en su simpleza, no exenta de mala baba, culpabiliza al PSOE de promover lo que tanto el gobierno de este partido como el del suyo han provocado y provocan entre la mayor parte de la ciudadanía: indignación
Llamar algarada al derecho a convocar y expresar esa indignación nos sitúa en los tiempos en que el fallecido Fraga calificaba del mismo modo toda manifestación reivindicativa. Confiemos en que la condesa de Murillo no comparta con el admirado fundador de su partido los expeditivos métodos con que don Manuel se significó en Vitoria (1976) siendo ministro del Interior.
La noticia acaban de publicarla varios medios, la ha ratificado el propio diario y dejará nuevamente huérfanos a quienes añorábamos como profesionales y lectores un periódico de izquierdas en España. Público estuvo más cerca de serlo que ningún otro rotativo en los últimos decenios, pero no ha conseguido llegar a cumplir un lustro de vida en los kioscos. Público cierra su edición impresa al no encontrar inversores que apoyaran el proyecto.
Esto es lo que acaba de asegurar elEconomista.es, según fuentes de la propia redacción del diario. También se dice que Público continuará apareciendo en su edición digital. Como se recordará, la empresa editora, Mediapubli, había solicitado voluntariamente el concurso de acreedores de la cabecera el pasado 3 de enero, debido, según la propia compañía, a “la intensificación de la crisis publicitaria, la profunda transformación que está sufriendo el sector de la prensa escrita y las dificultades para acceder a nueva financiación”.
En esa misma fecha se iniciaron una serie de negociaciones para tratar de conseguir los 9 millones de euros precisos para que el periódico continuara publicándose. Al parecer, esos contactos no han dado su fruto. Mediapubli no ha logrado un acuerdo para salvar su edición impresa, en palabras de miembros de la redacción. No ha habido luz verde a un pacto con un grupo inversor latinoamericano que parecía interesado en participar. Finalmente, han dado marcha atrás y han decidido no acudir al rescate del periódico. Por eso, el administrador judicial ha citado al comité de empresa a las 12.00 horas de este mismo viernes para dar las “malas noticias” correspondientes.
Jaume Roures, administrador único del grupo Mediapro, matriz de Mediapubli, recibió en su día preguntas de sus trabajadores sobre su patrimonio y sus cuadros. Si estaría dispuesto a vender alguno para hacer frente a las deudas del diario. El empresario contestó que “si alguien me paga 4 millones de euros por un Antonio López, lo haría”. Roures se refería a un óleo titulado El Campo del Moro, que está valorado en cinco millones de euros. Los trabajadores esperan ser tratados de acuerdo con la línea progresista editorialmente trazada por su empresa.
Creemos que el lugar ocupado hasta ahora por el diario Público no debería quedar vacío en la prensa española, máxime en la actuales circustancias de regresión en los derechos sociales adquiridos. Es claro que su ausencia constituiría una lacra para la pluralidad informativa en este país, a la que habíamos estado habituados durante buena parte del vigente periodo democrático, y que alguna vez habrá que superar, como sucede en otros países de Europa. Personalmente no me sentiré en un país libre mientras esto no ocurra.
Mi solidaridad con todos los compañeros y colegas (160) que hasta última hora han creído en la posibilidad de que su trabajo no tuviera este frustrante y decepcionante final. Necesitamos Público (y más).
Hace unos días falleció en Valencia, ciudad en la que residía desde hace 25 años, el historiador Ronald Fraser, partidario de que el Estado y no Garzón investigara los crímenes de la Guerra de España. Enamorado de nuestro país desde que leyera la obra de Gerald Brenan, Fraser fue uno de los pioneros en investigar la Guerra Civil sirviéndose del testimonio oral de sus protagonistas. En este caso no se trata de los grandes protagonistas, sino de los ciudadanos comunes que padecieron aquel conflicto, tanto en el sector gubernamental como en el dominado por el bando rebelde. Su libro Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, publicado en 1979, es fruto de más de trescientas entrevistas que el autor hizo entre los años 1973 y 1975.
En 2008, Gerald Fraser concedió una entrevista al diario Levante en la que, respondiendo a una pregunta del periodista acerca de si el olvido puede curar las heridas no cerradas por la Guerra de España, respondió: No, al contrario. El olvido es la represión otra vez y la represión nunca es buena, porque lo que se ha reprimido suele volver por otros cauces y puede ser incluso peligroso. Es mejor enfrentarse abiertamente al pasado y, finalmente, entenderlo y asumirlo.
El pasado 24 de enero fue convocado por el Tribunal Supremo el juicio contra Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por haber intentado investigar los crímenes del franquismo. En esa misma fecha, 35 años atrás, eran expuestos los féretros de cuatro abogados laboralistas y un conserje, asesinados por tres pistoleros ultraderechistas adscritos a sectores del poder franquista residual que se resistían al proceso de transición democrática.
Hoy, 23 F, 31 años después del intento de golpe de Estado que a punto estuvo de acabar con la tierna democracia española, se reunirá el pleno del Consejo del Poder Judicial para consumar la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial. Que se vaya contra Garzón en esas dos fechas reseñadas pudiera parecer cualquier cosa menos mera coincidencia. Permitidme que de forma irrespetuosa os diga que os ha traicionado el subconsciente -escribe hoy la abogada Cristina Almeida-, y habéis intentado evitarlo diciendo que ya está expulsado. Que habéis decidido ya y que mañana [por hoy] sólo es una mera ratificación del pleno de lo que ya está acordado. Almeida califica la resolución contra Grazón por parte del Consejo General del Poder Judicial como la culminación de un atentado contra la Democracia y un golpe a la Justicia.
Por eso no debe extrañarnos que el próximo sábado, como ocurriera en los tiempos de la dictadura contra las resoluciones adoptadas por Franco, esté convocada en la Place Pierre Brisson de París una manifestación en defensa de Baltasar Garzón, según me acaba de comunicar por correo Carmen Negrín.
La revista Der Spiegel es una publicación seria, con una tirada media de más de un millón de ejemplares, caracterizada por la profundidad de sus análisis y un estilo académico muy distintivo. También, por haber investigado con éxito la corrupción política, hasta el punto de ser considerado un semanario defensor de la democracia.
No ha sido, por lo tanto, un medio cualquiera el que ha revelado las conversaciones de Juan Carlos I con el embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, a propósito del intento de golpe de Estado del 23-F. En esa charla, el rey de España expresó su comprensión y hasta su simpatía por los golpistas -según el despacho diplomático recientemente desclasificado por el Gobierno de aquel país-, e incluso confesó a Lahn su intención de mediar ante la justicia a favor de quienes habían querido repetir la ejecutoria de su predecesor en tan expeditivo método, Francisco Franco.
La plática entre Juan Carlos I y el embajador alemán se celebró un mes después de que el intento golpista tuviera lugar. Esto significa que no se dio al calor de una ocurrencia improvisada, sino con todo el poso reflexivo de las semanas transcurridas desde que se solventó aquella desgraciada coyuntura, y con la agravante además de creerse investido el monarca de un poder absoluto, capaz de influir en la sentencia que decretasen los tribunales.
¿No es ahora ya, como ayer propuso Izquierda Unida en el Congreso, de que sean desclasificados todos los archivos, documentos y grabaciones que el Estado mantiene en secreto con relación al más bochornoso episodio vivido en este país desde 1975 y que tan a punto estuvo de retrotraernos al pasado dictatorial? Solo cuando se dé libre acceso a los investigadores para tener conocimiento de todo lo que se desconoce, se podrá contrastar lo que ahora ha revelado la revista alemana.
Mientras eso no ocurra, la información de Der Spiegel será digna, por lo menos, de promover iniciativas como la de Izquierda Unida, ante las que el PSOE ha guardado un significativo silencio, no compartido por el memorioso Alfonso Guerra, que vivió aquello tan de cerca y no debe de estar muy satisfecho con lo que de aquello se sabe.
