José Manuel Soria ha quedado atrapado por la puerta giratoria que intentaba cruzar en dirección al Banco Mundial. Con él ha quedado inmovilizado un Rajoy que trata de cargar la responsabilidad exclusiva de este caso sobre su ministro De Guindos, como si el presidente del Gobierno fuese un ujier del ministerio de economía. Los gritos e improperios de la oposición, acompañados de la exigencia de explicaciones, son proporcionales al descaro con que el PP ha actuado tanto en la designación como en la dimisión de su ex-ministro. En cualquier otra capital europea habría dimitido Rajoy o De Guindos, cuando no ambos, pero Madrid es diferente.

El Partido Popular actúa como actúa, seguro de su impunidad. Gobierna y sabe que seguirá gobernando. Buena prueba de ello es que este desafuero se produce en las vísperas de una próxima investidura de Rajoy, tras el cierre de las urnas vascas y gallegas, sin que la Moncloa se preocupe lo más mínimo por sus efectos en la votación de primeros de octubre. No hay alternativa a la vista, y por no haber, ni siquiera existe ya el turno de partidos que permitiera que el Cánovas PP fuese sustituido por el Sagasta PSOE. Así las cosas, un gobierno sin una oposición unida. Se puede afirmar que después de Soria, nada.

Ahí está el problema. Una derecha sin izquierda conduce a que el PP carezca no ya de complejos, como pedía Aznar, sino de escrúpulos. No los tiene a la hora de perseverar en las prácticas corruptas, tampoco en fomentar el choque de trenes nacionalista del Estado español, con la fogonera Consuelo Madrigal echando más madera al fuego a la Fiscalía General del Estado, ni en elaborar al mismo tiempo unos Presupuestos Generales del Estado de los recortes a ejecutar en 2017. Cada una de estas medidas, no digamos las tres juntas como sucede hoy en España, hubiese generado ya una urgente alternativa democrática y regeneracionista en Londres, Paris o Berlín. En Madrid, no.

Ciudadanos, una vez más, cumple el papel para el que fue diseñado por los poderosos. Su triple función es letal para la democracia. Es una muleta del PP, una mala compañía del PSOE y un freno de Podemos. Al ayudar al gobierno Rajoy, empujar a Sánchez contra la izquierda y vetar la inclusión constitucional de Iglesias, además de alentar el españolismo, impide la más mínima posibilidad de conseguir una alternativa democrática al gobierno del PP. Por no hablar de su entusiasmo a la hora de defender la reforma del 135 de la Constitución, que obliga a priorizar los recortes sociales como primera obligación constitucional.

No queda más que un partido contra su líder, el PSOE, y un líder sin un partido, Podemos aún no lo es, para articular una alternativa con la ayuda de nacionalistas vascos y soberanistas catalanes. Es cierto que Zapatero pudo lograrla porque no tenía al PSOE en contra e Izquierda Unida era solo un pequeño partido sin líder alguno, pero las dificultades de hoy no la hacen imposible. Es una cuestión de voluntad política. Aquel gobierno basado en un pacto entre todas las izquierdas, el primero desde el que fuera presidido por  Juan Negrín, bien podría hoy continuar con uno encabezado por Sánchez.

Quienes lo impidan contraerán las misma responsabilidad histórica de quienes estrangularon aquel último gobierno de Negrin. Entonces millones de españoles fueron entregados al terror político-policial de la dictadura fascista; ahora, otros millones de españoles serían asimismo entregados al terror económico-social de la dictadura de los poderosos. Ayer, cárceles y torturas; hoy, paro y recortes. La alternativa es una necesidad nacional popular además de vital para la mayoría de los ciudadanos. O toda la izquierda responde, o el porvenir de las clases populares y medias será tan sombrío como el de las perspectivas democráticas. Porque al final la tan cantada transición ha sido un viaje de ida y vuelta.