Era previsible. Artur Mas ha sido condenado a la inhabilitación por dos años. Su delito, haber colocado unas urnas no autorizadas por el Tribunal Constitucional. Aunque lo ha sido con una pena menos dura de la que había solicitado el fiscal, es una condena al fin y al cabo que le inhabilita para presentarse como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Sentencia que habrá sido muy del agrado de quienes, desde Madrid y Barcelona, se entregan con fruición al juego de ambas banderas nacionalistas. Las rojigualdas contra las esteladas, las esteladas contra las rojigualdas. Rajoy, muy presionado por Aznar, Puigdemont por Anna Gabriel, compiten por ver quien de los dos echa más leña al fuego de las locomotoras que buscan el choque frontal de los trenes del Gobierno central y de la Generalitat, lo que conllevaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el  probable recurso de casación que presentarán los líderes catalanistas condenados, y en espera de que el caso pueda llegar al Tribunal de Estrasburgo, la primera ministra de Escocia, Sturgeon, acaba de anunciar ayer mismo que solicitará que los escoceses vuelvan a a ser convocados a un segundo referéndum sobre la separación de Escocia de Gran Bretaña como consecuencia del Brexit. Sabida son las muy evidentes diferencias constitucionales entre la Monarquía inglesa y la española, que impiden a esta última imitar la actitud democrática de la primera, pero no deja de ser una cruel paradoja que en el interior de una misma Unión Europea una nación sin Estado pueda votar dos veces sobre su futuro estatal y otra nación sin Estado no pueda votar ni siquiera una sobre el derecho a decidir.

Para mayor inri, desde el Partido Popular y  Ciudadanos, su marca decente, se sostiene con todo desparpajo del mundo que esta sentencia muestra que todos los españoles somos iguales ante la ley y que, por consiguiente, cada palo debe aguantar su vela. Cierto que el mástil soberanista debe soportar esta condena por haber violado la legislación vigente, pero igualmente es completamente incierto la igualdad ante la ley. La infanta Cristina, el cuñado del Jefe del Estado, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por ejemplo, no son los mejores antecedentes para vender la sentencia sobre Artur Mas. Discriminación muy negativa que se acentúa, además, por los diferentes delitos que separan al de Artur Mas de los de la banda de los cuatro trileros, aficionados a privatizar, de aquella manera, lo público y lo privado. Está claro, hecha la ley, hecha la trampa.

No se puede defender peor la unidad del Estado español. No cabe ser más torpe en la defensa de los intereses comunes de todos los pueblos que componen España. La visión de una España centralista, que comparte Rajoy con Susana Díaz, es el camino más rápido hacia la desintegración de nuestro país. Hoy ya no es posible, en esta Europa actual, imponer un criterio centralista contra los deseos de los ciudadanos de las tres nacionalidades existentes. Sólo la firme unidad en la diversidad  puede ser el cemento de la unidad estatal de los españoles. Sólo una respuesta política, basada en la negociación democrática, podría garantizar la supervivencia de un estado con 500 años de existencia. La judicialización de las reivindicaciones nacionalistas, plenamente coherente con las leyes vigentes, es un grave error político.

Aznar ha doblado el pulso a Soraya Saénz de Santamaría. Si esta es la forma de dialogar de la vicepresidenta, apañados vamos. No se entiende por qué y para qué abrió un despacho en Barcelona. Si pensaban que Aznar y toda su amplia red rojigualda iba a quedarse con los dos brazos cruzados, se han equivocado por completo. Se observa hoy con bastante claridad en Cataluña, pero también en Euskadi, donde el nacionalista vasco Urkullu ve como todas las demandas para que se les transfieran ya las competencias penitenciarias chocan con el sólido muro de la Moncloa. Rajoy va a retorcer el Presupuesto para reconocer al PNV sus muy discutibles cuentas sobre el cupo vasco, pero busca exhibir enjaulado a Josu Ternera, al igual que lo fuera el líder del senderismo peruano, Abimael Guzmán.

Por si fuera poco, las campanas doblan a muerto por la que, probablemente, va a ser la más corta legislatura desde la lejana transición de 1978. La mala tentación de envolverse en la bandera rojigualda planea sobre la Moncloa. Nada mejor que esta rebelión catalana para terminar con las veleidades de Ciudadanos que juega a ser mayor, las vicisitudes de un PSOE, cuya mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, las angustias de un ministro Montoro mendigando unos escaños para intentar aprobar los Presupuestos y el toque de corneta del caudillo Aznar contra los pusilánimes de la Moncloa. No cabe engañarse, a Artur Mas se le inhabilita porque Rajoy, ante la grave cuestión nacional que corroe el Estado español, teme verse prisionero de Aznar. Carece de margen de maniobra. O rompe las cadenas de la FAES con nuevas urnas o asume su condición de reo.