El azar ha hecho coincidir el manifiesto de la Generalitat, la moción de censura de Podemos y el cuarenta aniversario del 15-J de 1977, cuando comenzó a cerrarse la salida de la dictadura de Franco, con la II Restauración de los Borbones, impuesta desde, por y para la derecha. Son precisamente los problemas de ayer, derivados de nuestra peculiar transición, los que estallan estos días con la cuestión territorial, social y política. Los pactos firmados entonces, sobre estas cuestiones, por las dos siglas de la derecha –UCD y AP– son convertidos ahora en papel mojados por las dos nuevas siglas de la derecha–PP y Ciudadanos–, ante la nueva correlación de fuerzas desfavorables hoy para la izquierda. Las fuerzas progresistas de entonces, PSOE y PCE, no erraron en pactar en 1978, sino en vender como una victoria lo que en realidad fue una derrota. Tanto que aquella transición "modélica" revienta políticamente en la moción de censura de hoy.

PSOE y Podemos coinciden en la necesidad de censurar a  Mariano Rajoy, aunque discrepan sobre el cómo y cuándo plantearla. Coinciden, porque lo que define hoy al Partido Popular es la corrupción. Pero esta regla política de la derecha, que también se ha dado como excepción en la izquierda, proviene de una  injusta ley electoral, de una financiación de los partidos y de una sistemática puerta giratoria que han cruzado progresivamente, a lo largo de estas últimas cuatro décadas, centenares de ministros, secretarios de Estado, presidentes autonómicos y diputados. Dos eminentes políticos teorizaron esta práctica. Pepote de la Borbolla , cuando el referéndum sobre la OTAN, al sentenciar, "con las cosas de comer no se juega" y Eduardo Zaplana, con ocasión de las cintas del caso Naseiro, al afirmar,  "estoy en política para forrarme". Así, cuarenta años de corrupción, bajo la dictadura de Franco, han continuado bajo la Monarquía de los Borbones.

Del título octavo de la Constitución, el Estado de las Autonomías, no quedan ni las raspas. El referéndum catalán, sostenido hoy por el 80% de los ciudadanos de Cataluña, tanto partidarios de seguir en el Estado español como de abandonarlo, no solo no encuentra ninguna respuesta política  desde la Moncloa sino que ,además, es instrumentalizado por Rajoy para tratar de recuperar parte de los votos perdidos por la corrupción. Por si fuera poco este estropicio autonómico, el PP y Ciudadanos redoblan todos los privilegios fiscales de Euskadi en claro agravio comparativo con el resto de unas comunidades autonómicas ya previamente agraviadas por el texto constitucional. Mal cerrado el capítulo del soborno a los dirigentes nacionalistas catalanes –la mafia de los Pujol campó a sus anchas gracias a la política del silencio de González y Aznar–, la derecha política no se mueve hoy un ápice de las posiciones históricas centralistas: la defensa de su forma de entender España contra la voluntad de los españoles.

Aquellos pactos de la Moncloa, firmados por los sindicatos en 1978, no duraron ni un sólo suspiro político. Desde entonces la desigualdad social ha ido en aumento; reformas laborales, reformas de las pensiones, reformas de los subsidios de desempleo, hasta alcanzar el escandaloso nivel actual muy bien reflejado por el hundimiento de las clases medias y la precarización de las clases trabajadoras. El simultáneo desarme industrial y agrario español, firmado por Felipe González en el leonino acuerdo de integración en la Unión Europea, unido a la pérdida de soberanía monetaria, firmada  irresponsablemente por José María Aznar, que desoyó los consejos de Romano Prodi ,tendente a retrasar la incorporación de España e Italia a la zona euro, cerró el bucle del euroilusionismo que hoy asfixia la economía española. Turismo y ladrillo, acompañado de la burbuja inmobiliaria, es el único modelo productivo que enriquece a una minoría social tanto como empobrece a la inmensa mayoría de los españoles. Los trabajadores, pues, han cambiado libertad política por desempleo.

Políticamente, nunca ha sido menor la autonomía del gobierno y de los partidos respecto a los poderes económicos. Los altos cargos de la Administración que dirigen el PP son hoy como los del Movimiento Nacional ayer. No se sabe donde termina su actividad pública, ni donde comienza la privada. Nunca tuvo el Estado español unos servidores que le sirvieran tan poco. Es tanta la presencia del IBEX en los asuntos públicos que, por vez primera en la historia política española, existe un partido promovido, gestado y dirigido por los ejecutivos de bancos y grandes empresas. Esta progresiva subordinación de lo público a lo privado contagia a todos los aparatos estatales, a las instituciones y supedita el Poder Judicial a ser un poder ejecutivo controlado a su vez por el poder económico. Hasta tal punto, que la Fiscalía General , designada por la Moncloa, funciona como un despacho de abogados de los investigados por la Guardia Civil.

España se encuentra en una crisis análoga a la que precedió a la proclamación de la II República. Ni uno solo de los problemas de ayer, bastante agravados por su permanencia durante cuatro décadas, encuentra hoy una respuesta política. La patente de corso para los corruptos sigue intacta, la cuestión nacional es negada, apenas quedan derechos sociales por recortar y no cabe esperar nada de una Unión Europea que, por lo menos hasta el momento, defiende tanto los intereses alemanes como ignora los de toda la Europa del Sur. Pero lo más espectacular, que anuncia los grandes cambios del mañana, es el creciente divorcio entre la minoría de acomodados y la mayoría de empobrecidos. Así, mientras los primeros celebran con grandes homenajes mediáticos el aniversario de aquella transición, los segundos saludan esperanzados la moción de censura contra el presidente Rajoy. Tan lógico es que los vencedores intenten festejar su triunfo de ayer con una nueva victoria hoy, como que quienes perdieron traten de evitar una nueva derrota, sabiendo unos y otros que este martes 13 de junio se libra tan sólo una batalla.