A pesar de que los fundadores del Partido Popular sostuvieron en su día que el más noble destino de las urnas era romperlas, Rajoy no quiebra hoy las catalanas por esa visión neofranquista de España que ha heredado de todos sus mayores. Dispone de los recursos sociológicos, estadísticos y analíticos para saber que, si se pactara un referéndum legal, la unidad estatal no correría peligro alguno. Todo lo contrario. El respeto al resultado deparado por las urnas de las naciones, que componen una España plural, reforzaría democráticamente el Estado español, al igual que el reciente voto escocés ha consolidado el Estado de la Gran Bretaña. No son, pues, razones nacionales sino sociales las que determinan la conducta de la derecha española. Y es que el PP cree haber hallado en la vía catalana la mejor senda hacia la recuperación de la hegemonía perdida por su tendencia a meter la mano en la caja.

Rajoy, o quien mañana entierre su cadáver político, necesita evitar sentar el precedente del referéndum catalán. No por Euskadi, donde los mil millones de euros que ha donado por cada uno de los cinco escaños del PNV le ahorra la catalanización del País Vasco, ni por Galicia, donde el nacionalismo creciente está todavía lejos del catalán, sino por la capacidad de movilización de las fuerzas progresistas. ¿Hubiera sido viable el atraco a mano armada de la reforma del 135 de la Constitución, llevado a cabo con alevosía y nocturnidad, si ese asalto a los derechos sociales hubiese sido posterior al referéndum catalán? Permitir que se vote hoy sobre el futuro nacional en Cataluña, obligaría mañana a la Moncloa a tener que pasar por el aro de las reivindicaciones que exijan asimismo votar en referéndum los nuevos brutales recortes contra las pensiones, subsidios y gastos sociales del dúo Rajoy-Rivera.

La cuestión es ¿cómo volver a dejar atado y bien atado lo que ya ató Franco? Diez años consecutivos de africanización de todas nuestras condiciones sociales han desatado económicamente lo que políticamente tenía que haberse desatado durante la transición de Franco a los Borbones. Así, esos felices cuarenta años de PPSOE, basado en el turno de poderes, han saltado hoy por los aires con la crisis que explotó hace más de una década; han aparecido nuevas fuerzas populares que recogen hoy el testigo de aquellas viejas generaciones de luchadores de la izquierda española, catalana, vasca y gallega. En 2016, casi todo un año sin gobierno, se desveló un nuevo mapa político no controlado por el bipartidismo corrupto. El cuadro de mando político no puede ser más inquietante para la derecha. El mismo fallido golpe de estado en el PSOE contra Pedro Sánchez, muestra bien que el gran arquitecto de la transición, Felipe González, ya ni siquiera controla las siglas que recibió de Willy Brandt.

Para colmo de males, los medios de comunicación han entrado en una crisis mortal. Su agonía les impide seguir jugando como correa de transmisión de los intereses de sus propietarios ligados a la Moncloa y a las grandes entidades financieras e inversoras. Las redes han sustituido a los grandes diarios de papel, que han entrado ya en el corredor de la muerte esperando su cierre total o parcial. El País o El Mundo, o sea el PSOE y el PP, son la caricatura patética de lo que fueron. La pluralidad digital de hoy era inexistente ayer. Como consecuencia, la libertad de expresión, que antes controlaba la derecha, existe en España por vez primera desde el cierre, en 1982, de los semanarios de izquierda, Triunfo y La Calle. Excepción hecha de la muy breve experiencia de aquel gobierno de Adolfo Suárez, no había vuelto a existir en  España un parlamento mediático en el que se informa, se opina y se editorializa desde, por y para la izquierda.

A la vista están las consecuencias políticas. El auge de Podemos, el avance del soberanismo catalán apoyado por el 80% de los ciudadanos que defienden su derecho a decidir, la lucha interna en el PSOE, aún no totalmente ganada, porque los peronistas de Susana Díaz buscan de nuevo el Despeñapedros que describía el pasado 30 de julio; todos estos hechos se explican en parte en que, como bien canta una vieja canción minera,"el periódico sé leer, pero no leo, porque las cosas que quiero, no aparecen en él". Tanto es así, que el fantasma de la unidad de las fuerzas progresistas vuelve a envenenar los  dulces sueños de la derecha. Nada les inquieta más que un gobierno progresista en Madrid pueda coincidir con otro gobierno progresista en Barcelona, acordando una común política territorial y económica. Esa España plural, basada en un modelo estatal democrático y en  la defensa de los intereses sociales de los de abajo, aterra a los de arriba.

La recuperación del Movimiento Nacional es la respuesta de la derecha. De nuevo, como antaño, recurren al enfrentamiento de los pueblos que componen España para recuperar su hegemonía. El 1 de octubre es el pistoletazo de salida  de esta estrategia del PP tendente a unificar al máximo todas las fuerzas de la derecha e intentar dispersar las de izquierda para con nuevas elecciones, que prepara desde febrero, o sin elecciones, barrer a toda la oposición democrática. Con el PSOE, si Susana Díaz logra de nuevo ahormar a Pedro Sánchez bajo el serio chantaje de un propio grupo parlamentario andaluz aliado a Rajoy, o sin el PSOE, si la lideresa vuelve a ser derrotada, el PP prepara toda una Causa General contra Cataluña en nombre de una concepción  franquista de España, por completo ajena a la visión republicana de España. No es casual que hoy el PP recupere oficiosamente el lema oficial del dictador general Franco, que hasta 1959 calificaba a Cataluña como una provincia traidora junto con Guipúzcoa y Vizcaya.