Las imágenes de las cargas policiales en Barcelona dan la vuelta al mundo. De la marca España no quedan ni las raspas. Las de la ciudad condal no son más que un fragmento de la brutal represión policial que ayer mismo se abatió sobre cientos de miles de pacíficos catalanes en toda Cataluña. Si se dice que una imagen vale diez mil palabras, la colección de salvajadas de este 1 de octubre constituyen todo un amplio diccionario sobre la baja catadura moral de la mafia corrupta instalada en la Moncloa. Una cadena de políticos bajo sospecha de toda clase de delitos, una fiscalía reprobada, un Tribunal Constitucional desacreditado tras la última reforma del 2015 impuesta por el PP, han ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado protagonizar lo que será conocido como la salvajada de Barcelona. En tan solo un único día, se han visto obligadas a recuperar los malos hábitos que la desaparición de la dictadura del general Francisco Franco había enviado al baúl de las viejas prácticas de Interior.

En un día se han cargado el famoso modelo de la transición que había asombrado al mundo al final de la dictadura. En veinticuatro horas han barrido al régimen de 1978. Ya mortalmente herido por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que nos condena a pagar la deuda antes que atender los gastos sociales de la inmensa mayoría de los españoles, recibió el tiro de gracia de la mano de Rajoy que firmó la carga policial contra una masiva concentración social. Adiós a todo diálogo, a la transacción política; bienvenida a las porras, balas de goma, gases lacrimógenos, salvas. Desde aquel gobierno de Arias Navarro, el de los asesinatos de Vitoria, no se había vuelto a vivir en las calles las escenas de violencia contra pacíficos manifestantes. Ilegales, es cierto, pero tanto como lo eran los que se manifestaban entonces contra la legalidad preconstitucional. Aquella consigna de Aznar, recortar todos los derechos democráticos de 1978 dada la actual debilidad de la oposición demócrata, ha dado ayer un gran paso hacia delante.

Se empieza demoliendo el Estatut de Cataluña del año 2006, votado por los parlamentos españoles y catalán, se continúa negando el derecho a votar y se termina con las competencias de las autonomías. Estamos a minuto y medio de un paquete de propuestas de la derecha tendentes a cambiar la ley electoral, la enseñanza, financiación y seguridad de algunas de las nacionalidades históricas. Va en la misma dirección de poner punto final al pacto de la transición por el que la derecha aceptó a regañadientes el Estado de las Autonomías y el pacto social a cambio de que la izquierda tragara con la bandera de los vencedores de la Guerra Civil y la II Restauración de los Borbones. La ilegalización de John Maynard Keynes, como consecuencia de la reforma del 135, ya se ha cargado todo aquel pacto social; la ofensiva preconstitucional contra el derecho a votar se llevará por delante el sistema autonómico. Detrás de los muñecos de Rajoy y Soraya, altos funcionarios del estado de derecha, hay toda una estrategia invisible de corte involucionista.

Si Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, levantara la cabeza, correría a gorrazos a Sánchez y sus plañideras. No digamos de todos los líderes socialistas de la II República. Que el socialismo avale la salvajada neofranquista de Barcelona carece de explicación, comprensión o justificación. ¿Para qué compitieron con Susana Díaz antes del verano? Para hacer la política de Susana Díaz nada más empezar el otoño. Taparse las vergüenzas con la razón de Estado o el Estado de Derecho es impresentable por cuanto cuentan con expertos y juristas más que sobrados para saber que Rajoy es el asalto permanente a la razón de Estado y el Estado de Derecho, que describía Giorgy Luckas como los pasos previos al autoritarismo. Condenar las cargas policiales sin rechazar a quien como Rajoy las ordena es puro cinismo que se esconde, además, en la defensa de las instituciones, cuando es la Moncloa el más grave riesgo para las instituciones.

Los letratenientes, habituales firmantes de manifiestos gubernamentales, son igualmente cómplices de la  salvajada de Barcelona. Cabe, si es necesario, criticar la política de la Generalitat, cuestionar la ilegalidad de su actuación, pedir que no se vote, siempre y cuando vaya acompañado al menos de una mínima denuncia sobre la irresponsabilidad del PPSOE en el tema catalán. Felipe González impidió el procesamiento de Jordi Pujol en 1985; Zapatero traicionó el Estatut catalán que promovió él mismo; Aznar movilizó al PP contra el gobierno catalán del socialista Maragall y Rajoy acaba de abrir la caja de Pandora tras negarse al más mínimo dialogo sobre una clara demanda de voto compartida por el 80% de los catalanes. Este nuevo compromiso político de los intelectuales, al contrario del sartriano, es el penúltimo reflejo de la degradación de la cultura llevada a cabo por ese "poder cultural" que la ha manipulado a lo largo de varias décadas desde el lobby de Prisa.

La salvajada de Barcelona exige una moción de censura. Lo de menos es que cuente o no con los votos necesarios. Si se presentó por la corrupción, mucho más lo es por la involución autoritaria que se desprende del día dramático de ayer en Barcelona. La extraordinaria amenaza de ruptura del Estado español, como consecuencia de la política de Rajoy, que muera España para que viva el PP, demanda a gritos un diálogo entre la Generalitat y un nuevo gobierno central encabezado por un líder progresista que recoja todo el voto de centro izquierda. Ese debate parlamentario permitiría visualizar a todos los partidarios, directos e indirectos, de una política de enfrentamiento de todos los pueblos que aún componen España, mediante la represión con la porra, las bolas de gomas y los gases lacrimógenos. Urge poner pie en pared y frenar a Rajoy tanto como emplazar a los que ponen dos velas al Dios de la Moncloa y una al diablo.