Que nadie se llama a engaño. Cuando Rajoy vuelve a esgrimir la amenaza del 155, formulada el lunes en un acto público, no habla en vano. Esa intervención intermitente sobre la Generalitat es el único programa político de la Moncloa, si las urnas del 21- D no deparan un  buen resultado para las fuerzas interventoras. Vivir desde, por y para el 155 hasta junio de 2020, en que finalizará la actual XII Legislatura. Sin más oposición que la de Podemos, impotente para hacer frente a la triple alianza de los interventores  (PP, PSOE, Cs),  Mariano Rajoy programa cómodamente su estrategia de gobierno para los próximos tres años. Si Cataluña vivió más de ochenta años del siglo XIX bajo estados de excepción, según Vicens Vives, no sería una novedad histórica que en el XXI viviera intervenida tres años más

Por casualidad o por causalidad, las palabras de Rajoy han venido acompañadas de hechos avalados, cómo no, por decisiones judiciales tan importantes como la gestación de una Causa General contra todo el soberanismo catalán, a cargo del magistrado Pablo Llerena, que podría desembocar en los procesamientos de Marta Rovira, líder de Esquerra, o de Anna Gabriel, dirigente de la Cup. También sería casual o causal que otro juez haya ordenado la devolución de 44 piezas artísticas desde el Museu de Lleida a Sijena, sin esperar siquiera a conocer si los recursos presentados, en apreciación incluso del interventor Miquel Iceta, eran aceptados o rechazados. Más allá del contenido de estas resoluciones, no se comprende, o se comprende muy bien, el anunciarlas a bombo y platillo  a diez días tan sólo de la apertura de las urnas catalanas.

La cuenta atrás hacia el 21-D inquieta bastante al clan del 155. Los cálculos de la lechera interventora tropiezan con la piedra de la realidad catalana. Los números no salen, como no le salieron a Jaime Mayor Oreja en su confrontación electoral del 2001 con Ibarretxe en Euskadi. La advertencia de Aznar, repetir resultados es empeoar,  cobra cada día más verosimilitud. Cualquiera de las hipótesis es muy alarmante para la Moncloa y sus dos sólidos costaleros políticos. Ni un gobierno soberanista, malo; ni un tripartito de izquierda, peor y ni un gobierno de la tríada interventora, una quimera. No les quedaría, pues, más opción que  reeditar en Barcelona en el 2018  lo vivido antes en Madrid  en el 2016 tras una muy larga ingobernabilidad, unas nuevas elecciones sin posibilidad de un golpe de estado, como el propiciado contra Sánchez en Ferraz, que reoriente alguna fuerza política.

No le resta más alternativa a Rajoy que poner a galope el caballo de Santiago y cierra España, un corcel que no ha sido despertado por el nacionalismo catalán. Ahí estaba  bien instalado, tanto en la más alta institución del Estado como en las cloacas del Estado; intacto, desde una transición que aún en 2017 no ha sido narrada tal y como exactamente sucedió, en virtud de una correlación de fuerzas muy desfavorables para las fuerzas democráticas. De  todos aquellos lodos que ayer acompañaron inevitablemente la II Restauración de los Borbones, estos polvos que hoy nublan la cuestión catalana. Sobre ese talón de Aquiles de todas las fuerzas progresistas españolas, clavan certeramente  sus flechas los arqueros del 155 bien dispuestos  a vivir políticamente en la Moncloa desde, por y para la intervención intermitente en Cataluña. O, lo que viene a ser lo mismo, a gobernar sin oposición en España.

Será probablemente también el azar o la necesidad el que ha hecho coincidir los juicios de la Gürtel con los de los ERES. Que Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Alvárez y otros 22 altos cargos de la Junta de Andalucía vayan hoy a sentarse en el banquillo de los acusados, al mismo tiempo que lo hace la mafia del PP, permite facilitar un cambio de cromos postjudiciales siempre y cuando el PP y el PSOE sigan en amor y compañía en el 155 intermitente.  La desconfianza  de Rajoy hacia Pedro Sánchez es inexistente, lo que intenta es controlar todo aquello que puede para seguir contando con el aval socialista, incluso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado,  en caso de que el PNV no los votara por la permanencia del 155. En aras del interés de Estado español, enfrentado al problema catalán, cabría el voto favorable del PSOE.

Por último, por orden que no por importancia, soplan muy malos vientos sobre las perspectivas de una cantada recuperación de la economía española, sustentada hasta ahora en la energía barata, la política monetaria del Banco Central Europeo y la depreciación del dólar. Ninguno de esos tres factores van a continuar y, por lo tanto, los recortes en sanidad, educación, gasto social y pensiones previstos en los Presupuestos Generales, todavía por aprobarse, van a multiplicarse ya con el simultáneo incremento de la tensión social. Nada mejor, pues, que aprovechar el 155 tanto a efectos represivos como políticos tendentes a recoser con hilatura rojigualda una cierta cohesión social rota desde el inicio de la crisis hace ahora diez años. O, sea, que Puigdemont o Urkullu se lleven las bofetadas que deberían llevarse Fainé o Botín, para  con Rajoy sentado en la Moncloa sigan forrándose los patriotas de su bolsillo.