No habrá Sala de la Discordia en el Tribunal Supremo. Ayer  , lo impidió la  reunión de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo al decidir, por unanimidad, la exhumación del cadáver del general Franco. Es un secreto a voces que, si los seis magistrados del Tribunal Supremo hubiesen empatado en la votación sobre el traslado de los restos del dictador al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, algunos togados buscarían la apertura de la Sala de la Discordia. En el caso de que hubieran logrado dicho empate, no se habría podido producir  el voto de calidad del presidente y se habría convocado la Sala de la Discordia. El aval del Poder Judicial abre el camino al decreto ley del Gobierno Sánchez.

Es una importante derrota judicial de quienes, desde las bambalinas políticas, vienen librando una batalla para intentar doblar el pulso al gobierno hoy en funciones. Han sido catorce largos meses en lo que han recurrido a toda clase de argucias de leguleyos, tanto en los tribunales como en las cuevas del Vaticano, bien acompañadas por una burda orquesta mediática, ridiculizando la decisión democrática gubernamental para que la memoria del dictador Franco, al igual que la de Mussolini y Hitler, no fuese ensalzada en un mausoleo. Aquella firme política de reconciliación nacional, encabezada por las fuerzas progresistas desde hace más de medio siglo, siempre tuvo como punto de partida exhumar del Valle de los Caídos a quien como Franco lo llenó de cadáveres fratricidas como instrumento para terminar con las instituciones democráticas de la II República.

Ni Valle, ni Almudena. Ni se va a continuar exaltándole desde un mausoleo del Estado, ni desde la cripta religiosa de la catedral de la Almudena. El recurso del abogado de la familia Franco, hijo de un ministro de la dictadura, ha sido desestimado por los magistrados del Tribunal Supremo. No deja de ser irónico que quien negó todos los derechos a los ciudadanos españoles haya podido disfrutar del Estado de Derecho para dilatar la decisión del Poder Ejecutivo de exhumarle. Pese a ello, el leguleyo Utrera Molina insinúa, sin atreverse a afirmarlo, que el Tribunal Supremo ha podido ser sensible a algún tipo de presión política destinada a negar a la familia el uso y abuso de un mausoleo del Estado.

Ya no les queda más que el búnker político. Es el prior de la basílica del Valle de los Caídos, junto a un juez que viene paralizando los trabajos para la exhumación, dos arquetipos del trío de Colón, su última trinchera. No parece que ni uno pueda pasar del Vaticano, ni que el otro se pase por el forro el auto de la sentencia del Tribunal Supremo. Como diría Federico de Prusia, todavía hay jueces en el palacio de las Salesas que vengan a recordar que las leyes están para ser cumplidas, y gobierno en la Moncloa, aunque sea en funciones, para que se cumplan. A partir de uno de los próximos Consejos de Ministros, inmediatamente posterior a la publicación de esta sentencia del Tribunal Supremo, corresponderá entonces al Poder Ejecutivo ejecutar lo decidido por el Poder Judicial.

El azar ha querido que la fecha de esta exhumación del dictador Franco venga casi a coincidir con el 1 de Octubre, fecha en la que, durante los cuarenta años de dictadura, se celebró la exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado. Ni hecho adrede parece, aunque la maniobra de dilación de la familia Franco, a lo largo de catorce meses, borra la más mínima sospecha de intencionalidad política por parte del Gobierno, como tampoco sobre alguna maniobra electoralista, dado que fue en julio pasado cuando la Moncloa decidió exhumar al general Franco y por entonces nadie pensaba en convocar elecciones anticipadas. Si podrían existir, por el contrario, si esta exhumación coincidiera con la campaña electoral. Pero, según se afirma hoy, no es el caso.

Franco no tiene ya quien le llore. Ochenta años después del final de la guerra civil, tanto el Partido Popular como Ciudadanos miran para otro lado, aunque hubieran preferido alargar la batalla judicial en la Sala de la Discordia que sus leguleyos amigos no han podido convocar. No condenan la dictadura, es bastante lógico que los hijos no condenen a los padres, pero tampoco ya la defienden. En este contexto, lo extraño, como bien dice Aitor Esteban, es que los restos del dictador Franco no hayan sido exhumados. La prudencia de Felipe González, justificada en la transición, pero incomprensible desde 1986, y el miedo de Zapatero, que agotó todo su valor en retirar a España de la guerra de Irak, van a ser corregidos por la voluntad de Sánchez.