La inhabilitación de Torra como diputado, en las vísperas de la reunión del presidente Sánchez con el presidente de la Generalitat, intenta colocar bajo sospecha judicial su próxima cita en Barcelona pese a  que sólo ha sido inhabilitado como diputado. Pero como la percepción de la realidad es la realidad misma, para la opinión pública queda la imagen de un presidente catalán enfrentado al Tribunal Supremo, cuando únicamente una decisión del Parlamento de Cataluña o de la Sala de lo Penal del mismo Tribunal Supremo, confirmando su sentencia por haber colocado una pancarta de solidaridad con los presos soberanistas, podría inhabilitarle como presidente de la Generalitat.

El magistrado Luis Díez Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso, se suma a la ofensiva política de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, contra la actual desjudicialización del problema político catalán. En espera de que se sume también Manuel Marchena, presidente del  Tribunal Supremo. O sea, el gobierno de los jueces. El Poder Judicial nombrado bajo la legislatura de Rajoy contra los jueces del Gobierno Sánchez, el Poder Ejecutivo. De hecho, la inhabilitación es una respuesta al proyecto de reforma del Código Penal anunciado por la Moncloa. Porque en su abierta estrategia del conflicto de poderes, judicial contra ejecutivo, buscan provocar el choque antes de que el Ejecutivo se blinde con el poder legislativo, la mayoría del Congreso de los Diputados que aprobaría la reforma.

Saben mejor que nadie que el impropiamente denominado Código Penal de la Democracia, aprobado bajo González en 1995, adolece de excesos penales debidos a la larga e intensa actividad terrorista de ETA . Y que pese a que la violencia ha desaparecido desde 2010, no ha sido reformado porque Rajoy optó solo por la vía penal en Cataluña. Saben igualmente que en la Unión Europea los jueces como Llarena o los fiscales  generales como el fallecido Maza, no son presentables. Aunque, hay que reconocerlo, son muy coherentes porque en el parlamento europeo no votan a favor de la independencia judicial en Polonia y Hungría. Y, lógicamente, aprovechan el muy precario escenario político para cuestionar la reforma presentada por Sánchez. Que duda cabe que con un gobierno a la portuguesa la Moncloa ofrecería menos flancos para el ataque de los que quieren reventar el diálogo con Cataluña al ser no solo honesto sino también parecerlo.

El gobierno de los jueces, que tendría que haber sido renovado hace un año como marca la Constitución, da amplia cobertura jurídica a todos quienes desde los aparatos del Estado se muestran reticentes, suspicaces, dubitativos o enemigos de la Mesa de Diálogo de Sánchez. Es una batalla sorda, pero bien evidente a través de algunos gestos, ausencias, declaraciones y omisiones de altos funcionarios estatales muy inquietos por el coste que pudiera tener para el centralismo madrileño la más mínima redistribución del poder territorial en el Estado español. Sin más bolsas de votos que el inexistente peligro de ruptura de España, una vez desaparecida ETA, observan angustiados que Sánchez vaya a normalizar Cataluña.

Como no caen en el cretinismo judicial, creer que el Derecho resuelve las luchas intestinas estatales, florecen los Almendros en las columnas de los medios de comunicación. Al igual que el seudónimo del columnista del diario El Alcazar, en los meses precedentes a la dimisión de Adolfo Suárez, acusado de rojo por legalizar el PCE, como lo es hoy Sánchez por dialogar con ERC. Quizás el recuerdo de la doble genuflexión política del presidente Zapatero ante la movilización del PP contra el Estatut, en el mismo debate en el Congreso de los Diputados y en la votación en el Tribunal Constitucional, donde su brazo jurista lo remató, anime esta brutal campaña mediático-política que como muy bien señala el historiador Borja Riquer recuerda a la de 1936.

Lo inquietante es que estos zafarranchos de combate del gobierno de los jueces no son más que escaramuzas ante la gran batalla de la Mesa de Diálogo, si es que se acaba formando. Lo que intentan es que no se forme, de ahí la inhabilitación; y si finalmente se pone en marcha, que no concluya en acuerdo sobre una consulta legal, y si se acuerda, la anularán mañana por inconstitucional. No hay que olvidar que en la actual correlación de fuerzas entre los jueces del Gobierno y el gobierno de los jueces, los primeros no cuentan más que con la soberanía popular mientras que los segundos van con los riñones bien forrados. O Pedro Sánchez pisa el acelerador democrático o acabará como Suárez después de la legalización del PCE, o como un Zapatero bis cuando no defendió el Estatut  de 2006, que prometió defender, origen de la pasada década de tensión catalana que la derecha intenta convertir en 2020 en estructural.