Si se aplicara a la situación catalana el Indice de miedo y avaricia con el que la CNNMoney asesora las inversiones en activos de riesgo– donde el cero es pánico total y cien, beneficio máximo–, Cataluña políticamente estaría en los catorce puntos en los que se fija hoy mismo las perspectivas económicas como consecuencia del coronavirus. Mucho más cerca de la parálisis que de una próxima salida a un problema tan enconado que divide simultáneamente tanto a la sociedad catalana como a la española. El procesamiento de uno de los quince participantes catalanes en la reciente primera reunión de la Mesa de Diálogo, solo veinticuatro horas después de que se levantara de la silla de la Moncloa, con el mitin de Puigdemont en Perpiñán, muestra que se cruza el fuego amigo con el fuego enemigo.

Cada paso adelante que se da en la distensión, sea aparente o real, suele casi siempre ir mal acompañado de una estratégica decisión judicial que, con independencia de cual sea su voluntad, sitúa hoy nuevos bastones bajo las ruedas melladas del diálogo. El procesamiento de Jové es como un tiro en las piernas de Esquerra Republicana para que deje de marchar por la senda de la Moncloa y es, sobre todo, una nueva advertencia a  todos los navegantes de la Moncloa. Que se haya elegido para anunciarlo precisamente el día siguiente a la cita de las quince sillas no se debe, probablemente, a ningún azar sino a la necesidad mediática de los partidarios del choque de trenes de sumar un procesado como Jové a un inhabilitado como Torra.

Tres días después del miércoles de ceniza, la concentración multitudinaria de Carles Puigdemont en Perpiñan es  todo un pistoletazo de salida de la precampaña electoral de las elecciones catalanas pendientes de convocarse. Como era previsible, las ideas ejes de su discurso son diametralmente opuestas a las posiciones que hoy mantiene ERC, aunque el expresidente no entró a valorar una Mesa de Diálogo en la que también ocupa cuatro sillas. Se limitó a recordar, más allá de algunas retóricas al uso, que los amigos republicanos no representan a todo el soberanismo y que, por lo tanto, no hay salida sin Junts per Catalunya. Es también una advertencia a quienes proponen su ninguneo. Llegado el caso, devolverá a Rufián las 155 monedas que le lanzó en octubre de 2017 .

El problema es que cuanto más tiempo tarde la Mesa de Diálogo, más fácil se lo ponen tanto a los del fuego amigo como a los del fuego enemigo. Ese fuego cruzado, si es sostenido sistemáticamente, se convertirá en un serio obstáculo, porque se hace muy insostenible para los que dialogan luchar en medio de los disparos de la propia retaguardia amiga como de la vanguardia enemiga. Tenía razón ayer Pedro Sánchez cuando trató de aplazar la Mesa de Diálogo al cierre de las urnas catalanas, porque era muy evidente, como ahora se empieza a ver, que mantenerse en la trinchera del diálogo bajo este fuego cruzado era la peor  de las opciones posibles.

Salvo imprevistos, que abundan en la cuestión catalana, lo más probable es que Puigdemont opte por el 1 de octubre, fecha emblemática, para abrir las urnas catalanas. Si es así, le espera a la Mesa de Diálogo más de un semestre largo de campaña electoral combinada con los vaivenes de la negociación y los nuevos sobresaltos judiciales que prepara el frente togado. Con lo que Junts per Catalunya conseguiría mezclar las churras políticas con las merinas judiciales, a la vez que combinar aquel 1 de octubre de 2017 con este próximo octubre de 2020. El resultado electoral podría verse bastante condicionado hasta tal punto que no coincidiera con todos los sondeos que apuntan a una clara victoria de Esquerra Republicana.

Por mucho que los publicistas oficiales u oficiosos intenten hoy desviar la atención de la opinión pública hacia la España despoblada o hacia la resurrección de Blas Infante en Andalucía, el hecho cierto es que de esta Mesa de Diálogo depende la involución preconstitucional de España. O el Estado español logra encauzar la difícil relación con Cataluña, o el sistema democrático entrará en una dinámica involucionista que acabará afectando a todas sus instituciones. Sin aquel 155 de octubre de 2017 no habría presos, ni fugados y  la Generalitat podría dialogar con el Gobierno central. Bien lo saben los que el presidente Pedro Sánchez denuncia como los partidarios de un 155 semanal. Luego, el dilema es claro: o los de Sánchez o los del 155 semanal.