Antes incluso de que el Congreso de los Diputados pueda votar sobre los Presupuestos Generales del Estado se habrá resuelto, probablemente, el test de la renovación del Poder Judicial. De como lo resuelvan el Gobierno y la oposición se podrá tener una cierta idea sobre la estabilidad o inestabilidad que le espera a Pedro Sánchez en el resto de la legislatura. Pese a que aún continúan las diatribas mutuas, la Moncloa y Génova van a reiniciar la negociación una vez que sea derrotada la moción de censura que presentará mañana mismo Vox. Otra posibilidad es que retomen el acuerdo al que habían llegado en el verano. Sería tanto como hacer el agosto judicial en octubre o en noviembre.

Pablo Casado es  un Zapatero bis. Si el dirigente popular lleva casi dos años bloqueando la renovación del  actual Consejo General del Poder Judicial, el dirigente socialista también bloqueó la anterior renovación del Tribunal Constitucional durante más de tres años. En ese tiempo,  fue imposible designar a un tercio de sus magistrados al no alcanzarse el consenso con el PP. Desde 2018 a 2020 está ocurriendo en el CGPJ lo mismo que sucedió desde 2007 a 2010 en el TC. Solo que entonces el Gobierno socialista empleaba los mismos argumentos favorables al bloqueo que hoy emplea la oposición popular, y ahora la Moncloa argumenta a favor del desbloqueo como lo hacía ayer Génova. Mero cambio de papeles políticos.

La ausencia de rigor en estos planteamientos se desvela en los vetos tanto de la oposición como del Gobierno a sus respectivos socios en el palacio de San Telmo o en la Puerta del Sol. Cabe la critica a los aliados de unos y de otros, lo que no parece procedente es vetarlos y mucho menos exigir la ruptura de estas alianzas que nada tienen que ver con el Poder Judicial. Pedro Sánchez y Pablo Casado deberían poder pactar una paz togada y  continuar cada uno con los compañeros de viaje que han elegido si es de su interés. De lo contrario, no estarían negociando, sino quebrando todo acuerdo por motivos ajenos a la discusión judicial. Probablemente, la caída en esa mala tentación política es la que subyace en la inesperada quiebra del acuerdo de agosto.

Doctores tiene la Santa Madre Iglesia judicial para sentar doctrina. Existen hoy excelentes jueces, tanto en el gobierno como en la oposición, capaces de interpretar bien las leyes, claro está, si existe una voluntad política. Cabe recuperar los mismos nombres, elegidos en agosto para el Consejo General del Poder Judicial, o, como se ha apuntado por relevantes juristas, proceder a una renovación parcial, por tercios, tal como se viene haciendo en el Tribunal Constitucional. Lo  que no cabe, de ninguna manera, es actuar desde la soberbia política y la ignorancia jurídica con la que algunos políticos vienen haciéndolo, salvo que estén por la idea de enfrentar a la mitad de España contra la otra mitad.

El balance del Consejo General del Poder Judicial, tras cuarenta años de funcionamiento, es manifiestamente mejorable, pero su resultado no es malo. ¿Qué hubiera sido de la democracia española sin los jueces en estas cuatro décadas? Veamos. Filesa, Naseiro, Gal, Fondos reservados de Interior, Bankia,  Gürtel, Pujol, Kitchen, Eres, más otros en cartera, son algunos de los sumarios instruidos. Como consecuencia se han sentado en el banquillo de los acusados desde vicepresidentes del Gobierno a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, dirigentes y diputados. Una panoplia judicial semejante no se encuentra en ninguno de los países de la Unión Europea.

Resolver cuanto antes este test sobre el Poder Judicial es imprescindible para saber si vamos a poder afrontar la pandemia con la estabilidad política que requiere la gravedad del momento. Si es así, y se soluciona con un buen acuerdo entre el Gobierno y la oposición, se podrá abordar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con una amplia mayoría parlamentaria que permita que el Gobierno supere la inestabilidad con la que todavía se mueve cuando va a cumplirse el primer año desde su investidura. De lo contrario, si se imponen los que quieren impedir hoy la paz togada, será el primer paso hacia la involución autoritaria que acecha a la Constitución de 1978.