Tras un gobierno como el de Rajoy, Sánchez tiene la obligación política de colocar el listón ético lo más alto posible. Lo colocó en teoría desde la oposición, lo vuelve a colocar en la práctica, ahora que gobierna. Como consecuencia, Maxim Huerta ha dimitido por haber defraudado fiscalmente, las ministras Batet, Robles y Ábalos han abandonado sus escaños por incompatibilidad con los ministerios que hoy ocupan y Luis Planas, ministro de Agricultura, podría asimismo dimitir si se confirmase su imputación en la causa instruida por un juzgado onubense. En apenas una semana en la Moncloa, Sánchez ha tenido ya su primera crisis de gobierno que ha desembocado también, por ahora, en una primera remodelación de su gabinete.

Si el listón ético está a la altura que está, la pregunta es: ¿cómo ha sido posible el doble nombramiento de un defraudador fiscal en el ministerio de Cultura y el de un imputado, en el  de Agricultura? Ese necesario control que ha  impedido que el magistrado Pablo Ruz pudiera haber sido nombrado secretario de Estado de Seguridad, lo que hubiera sido un error, ha brillado por su ausencia en la selección de Maxim Huerta o de Luis Planas. Incoherencia que ha facilitado la puesta en cuestión del gabinete por parte de la oposición. Tampoco parece que haya existido mucho análisis y  control en la propuesta de nombrar en  la Fiscalía General del Estado a una  excelente profesional que sin embargo chocó con la juez Alaya, instructora de los casos Eres y Mercasevilla; nombramiento, en vísperas de hacerse pública la sentencia sobre estos sumarios que pueden afectar al PSOE.

Lo que está claro es que Sánchez no ha llegado a la Moncloa con un completo dossier de ministrables, similar al que tuvo González en 1982. Ni tampoco con un organizador tan eficaz como lo fue Alfonso Guerra; en definitiva, la inexistencia de una estructura partidaria pasa hoy factura en estos primeros errores del actual gobierno socialista. Si el colectivo socialista no está presente en estas designaciones, como parece desprenderse de los casos que comentamos, el peligro que subyace es que se sustituya inevitablemente por individualidades, elegidas por su perfil mediático, tendentes al clientelismo personalista. Nada sería más lesivo para un gobierno progresista, que el partido motor, el PSOE, se vea convertido en una máquina electoral, al estilo de los dos grandes partidos estadounidenses.

Solo así se entiende que un personaje, sin dimensión política ni perfil profesional, como Maxim Huerta haya ocupado un ministerio. El oportunismo es siempre una veleta que gira en dirección al viento que sopla. Si son buenos vientos para quien lo nombra, no hay problema, pero si los vientos soplan a contracorriente, se convierte en la madre de todos sus problemas. Basta ver el perfil radicalmente diferente de su sustituto, un gestor formado y reconocido por el mundo de la cultura, para constatar que Sánchez ha comprendido que metió la pata hasta el fondo. En cuanto a Luis Planas, en las antípodas de Huerta, parece evidente que lo prudente hubiera sido elegir otro profesional, mientras se concrete o no su anunciada desimputación.

No se puede olvidar que el PSOE está en la  Moncloa porque el PP robó a manos llenas y Ciudadanos se convirtió en la muleta de los delincuentes. De lo contrario, Pedro Sánchez no contaría hoy con la mayoría parlamentaria que lo sostiene gratis et amore. Cortar por lo sano cada vez que alguno de los suyos se vea inmerso en un sumario va a ser máxima inevitable. Porque una sola comparecencia en el Congreso de los Diputados, para responder a una acusación lanzada contra un socialista, puede implicar serios riesgos para el gobierno progresista, tanto si es calumniosa como si no lo es. La imagen de que todos los políticos son iguales será la inmediata percepción de la realidad, independientemente de que sea real o no.

La dimisión con forceps del señor Maxim Huertas aporta hoy tanto rédito electoral como la decisión de ayer de Pedro Sánchez sobre los inmigrantes que rechaza el gobierno italiano. Es la primera vez, desde hace más de cuatro décadas, que un ministro pillado con las manos en la masa delictiva se ve obligado en veinticuatro horas a presentar su dimisión. Ese ejemplo ético, muy singular en una clase política con una moral bastante elástica, es hoy por hoy el principal capital político de Pedro Sánchez. Quien como él calificó de indecente a M. Rajoy, en un famoso debate televisivo, está obligado a que ni siquiera haya la más mínima sombra de indecencia en el gobierno que preside.