El poder legislativo es uno de los tres poderes del Estado. Legislar es una de las principales tareas encomendadas al Parlamento, junto con la aprobación de los Presupuestos Generales y la acción de control al Gobierno.

Nada más arrancar la legislatura, Podemos se puso en modo legislativo, y registró en el Congreso de los Diputados su iniciativa estrella, la llamada Ley 25.

Ayer se debatía su toma en consideración. Esta proposición de ley de emergencia social de Podemos pasó a tramitarse porque el grupo socialista la apoyó. Pero decaerá en 15 días —ni siquiera podrá agotarse el plazo de enmiendas—, y no será ley si Podemos no apoya un Gobierno que la lleve a cabo y evitamos la disolución de las Cortes y nueva convocatoria electoral. Nosotros, desde el Partido Socialista, votamos con Podemos para corregir las políticas de Rajoy, mientras Podemos vota para mantener a Rajoy en la Moncloa.

Coincido en el análisis de situación del que parte esta iniciativa, precisamente por eso desde el PSOE proponemos un cambio de gobierno, un gobierno de progreso que acabe con la desigualdad y el sufrimiento que están viviendo millones de personas en nuestro país como consecuencia de las políticas del PP.

Advierto que eché de menos en la intervención del portavoz de Podemos la mínima crítica al Gobierno de Rajoy, que tanta desigualdad y pobreza ha generado en estos 4 años. A veces pienso que no tienen claro quiénes son los adversarios o qué políticas hay que combatir.

Entrando en el contenido de la ley, fue unánime la coincidencia de todos los grupos parlamentarios en advertir la falta de rigor y las carencias  de la iniciativa.

Criticar es más fácil que legislar. Una ley es algo muy serio; afecta a millones de personas. El Sr. Iglesias y los 57 diputados que firmaron esta ley deberían haber pensado antes que ya no son sólo tertulianos de televisión. Ahora están en el Congreso de los Diputados representando a los ciudadanos. Esto no va de titulares. Esto va de legislar. Y esta iniciativa deja mucho que desear.

Se trata de una ley que habla de emergencia social y de desarrollar el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos pero que finamente solo aborda 3 cuestiones —asistencia sanitaria, vivienda y suministros energéticos— y lo hace además de manera incorrecta, sesgada e ineficaz. No regula planes de choque para el empleo, la protección social al desempleo o el ingreso mínimo vital. Nada tampoco en relación a la atención a la pobreza infantil o a la desprotección de las personas dependientes. No se puede considerar una propuesta seria si no contempla la dotación presupuestaria necesaria. Decir que la gestión de la situación de emergencia social, la prestación de servicios públicos, la atención sanitaria o farmacéutica no cuesta dinero es engañar a la ciudadanía.

Sobre la protección del derecho a la salud, la propuesta de Podemos no recupera la asistencia sanitaria universal, lo deja en la indefinición. O en materia de vivienda, lejos de esta propuesta quedan las exigencias de dación en pago retroactiva y paralización de los desahucios por causas sobrevenidas. Para proteger la garantía de los suministros energéticos básicos, de nuevo nos preocupa quién paga. Parece mejor, más justo y más equitativo financiarlo a través de los PGE, que el que se hagan cargos las empresas suministradoras que después lo cargarán en las facturas del resto de consumidores.

Apoyamos esta ley a pesar de todas sus deficiencias porque tenemos la preocupación y la prioridad de atender la emergencia social en nuestro país. Pero no entendemos qué le lleva al señor Iglesias a no sumarse a un gobierno de cambio para, no solo aprobar esta ley, sino también para crear el Ingreso Mínimo Vital, aumentar la protección a los desempleados, subir el Salario Mínimo o atender de verdad la emergencia social.

Están a tiempo para no ser recordados como el Podemos "bloqueador".