Las noticias sobre la atención a inmigrantes ante el Decreto Ley de medidas urgentes impuesto por el gobierno de España donde se restringe la atención a los inmigrantes y solo garantiza a los "sin papeles" la asistencia en urgencias y en los partos, han sido muchas y diversas. Algunas de estas opiniones que hablan de NO AL CAMBIO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA, de seguir atendiendo a los inmigrantes "irregulares" e incluso de "insumisión" forman parte de este artículo:

1. La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria (SASPAS-Hipatia) y en su nombre su Presidente Patxi Cuberta ha salido al paso, con motivo de la celebración este año del 26 aniversario de la Ley General de Sanidad, de los riesgos para la protección de la salud y la atención sanitaria. 

Entre el conjunto de medidas de ajuste económico planteadas por el Gobierno de España, la modificación de la Ley de Extranjería es de las que supone, a nuestro parecer, un importante paso atrás para los derechos de la ciudadanía. Que la posibilidad de obtener atención sanitaria por la población inmigrante dependa del domicilio fiscal, en vez del lugar de empadronamiento, como hasta ahora, supone una medida injusta, además de ineficaz para disminuir los costes de nuestro Sistema Nacional de Salud. Tan injusta e ineficaz, que creemos debería paralizarse su ejecución.

Es injusta porque por primera vez desde la transición a la democracia un colectivo de personas es privado de un derecho social básico. Estábamos en la Universalización, recién lograda por una disposición de la Ley General de Salud Pública y damos un paso atrás, inaceptable en términos de justicia, expulsando en la práctica, a un colectivo especialmente vulnerable.

Los inmigrantes empadronados y sin trabajo son un colectivo amplio, constituyen un grupo difícil de calcular con exactitud, pero sin duda de varios cientos de miles de personas, que viven, como tantos españoles, de la economía informal y forman parte de la sociedad. Pagan impuestos, los indirectos como el IVA, y otros. Son una población vulnerable y frágil, que un Estado y una Sociedad solidarios tienen que proteger.

El mezclar este tema con el turismo sanitario es inaceptable para la inteligencia. Quienes practican turismo sanitario son ciudadanos europeos a los que hay que habilitar, y con eso sí que estamos de acuerdo, mecanismos que permitan el cobro a sus países por los procedimientos que existen para ello. Y en esto sí se puede ahorrar. Pero no es el problema de los inmigrantes empadronados y sin trabajo. Es otro problema y es demagógico mezclar a los turistas sanitarios con los inmigrantes vulnerables.

La medida es, además, ineficaz, porque este colectivo consume muchos menos recursos que la población autóctona, por varias razones como el miedo a  acudir a servicios estatales, pero también porque están más sanos que los españoles en igualdad de circunstancias. Desde hace mucho sabemos que no emigra quien quiere, sino quien puede financiarse,  él o ella o sus familias, un "proyecto migratorio". Lo llamamos el "Síndrome del Inmigrante Sano", y está ampliamente probado. No vamos a ahorrar lo que dicen con esta medida. Las cuentas son falsas.

Por otro lado, este colectivo de personas ocasionalmente tiene problemas de salud, y entonces acuden, más que la media, a los servicios de urgencias. Si se mantiene la medida que propone el gobierno, todavía usarán más los servicios de urgencias porque será su único recurso legal. Estarán más sobrecargadas nuestras urgencias. Este colectivo quedará desprovisto de atención sanitaria normal ante una enfermedad crónica, una diabetes por ejemplo, o un cáncer, o una tuberculosis o cualquier otro problema en el que interese una atención de salud "normalizada". ¿Qué haremos?  ¿Crearemos una "beneficencia" para ellos? ¿O los dejaremos morirse lisa y llanamente? No, crearemos, otra vez, servicios caritativos para ellos, porque la sociedad española es compasiva a pesar de su gobierno.

En definitiva, proponemos no modificar la Ley de Extranjería para instaurar esta medida injusta, inequitativa, ineficaz en cuanto a ahorro de costes, desorganizadora del sistema, y que presentará continuos y cotidianos dilemas éticos a nuestros profesionales de urgencias y de atención primaria. Sí que proponemos instaurar mecanismos que permitan el cobro a sus países para los ciudadanos europeos que practican el turismo sanitario. Pero no confundir a la población española con medidas que son peligrosas por su potencialidad xenófoba.

2. La Asociación Pro Derechos Humanos  ha pedido s a la Junta de Andalucía que ejerza "insumisión"  y que mantenga la asistencia sanitaria "a todas las personas, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa", incluidos los inmigrantes en situación administrativa irregular. Ante ello, la Consejera de Salud de Andalucía ha dicho que "Nadie en Andalucía con un problema de salud se quedará sin asistencia sanitaria" y que el Servicio Andaluz de Salus busca cómo seguir atendiendo a los ‘sin papeles’.  Y el Gobierno Vasco  llevará al Constitucional los recortes en sanidad y educación y Osakidetza seguirá atendiendo a los inmigrantes irregulares.

3. Hemos podido leer testimonios de pacientes, personas con nombres y apellidos que, desde el 1 de septiembre, quedan excluidas de la atención normalizada o que tendrán problemas para seguir su tratamiento médico, como:

• Un inmigrante en situación irregular enfermo de cáncer que dejará de recibir su tratamiento de radioterapia y quimioterapia.
• Un lesionado medular que tendrá que pagar una parte de su silla de ruedas y del transporte medicalizado que le lleva varias veces por semana a recibir su tratamiento.
• Una persona con un ictus que tendrá que abonar un porcentaje de los preparados nutricionales que debe recibir por sonda.
• Un paciente con VIH que necesita las pastillas del VIH y no podrá pagarlas.
• Dos niñas, Paula y Marta, de ocho y 14 años, que padecen fenilcetonuria, una patología que les impide metabolizar las proteínas. Por eso tienen una alimentación muy restrictiva a base de frutas y verduras. El resto de nutrientes vitales lo obtienen a través de batidos y preparados que cuestan 22.000 euros al año. Sus padres no podrán pagar su tratamiento.
• El argelino Salam que pelea contra una enfermedad de corazón. En 2003 le implantaron en Francia una válvula biológica. Ahora vive en España. No tiene papeles. La operación le ha dado la vida pero necesita revisiones y medicación que no podrá tener sin cobertura pública.
• Al paciente que le detectaron degeneración macular y que para no perder la vista se sometió a un trasplante de córnea. Necesita seguimiento médico y fármacos que no podrá pagar.
• "Si dejo la medicación moriré".  Esto dice un paciente que tiene problemas de corazón y está en situación irregular. No sabe qué hará cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria.
• Adiós a los tratamientos de salud mental. Después de una dura vida en la calle y de caer en el infierno de las drogas logró un trabajo gracias a Cáritas. Poco después sufrió una crisis y le diagnosticaron esquizofrenia. Necesita seguimiento médico para evitar recaídas.

4. Médicos por la INSUMISIÓN  y contra la NO ATENCIÓN a los inmigrantes irregulares con la idea: "Trato personas, no asegurados", dice Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. "Si tengo a una persona delante, me da igual que sea extranjera o no; la tengo que atender", o  Juan José Rodríguez Sendín: "Igual que no me pueden obligar a hacer una eutanasia no pueden obligarnos a no atender a un paciente". y esta visión es el de la mayoría de los profesionales sanitarios. "Un paciente es un paciente negro, blanco o mediopensionista, y deontológicamente no le podemos abandonar. Es una locura. No somos policías ni inspectores, si a mí como médico me piden asistencia la tengo que dar, otra cosa es que no pueda utilizar las tecnologías que tenga mi centro--, y luego ya se verá la parte administrativa". Y algunos dicen que practicarán, la insumisión.