Incertidumbre, miedo y una sensación de falta de información acerca de las modificaciones que implica el RDL 16/2012 en relación al derecho de acceso sanitario es lo que cuenta Roxana, de la Asociación de Mujeres Bolivianas.

Ella  explica que las mujeres inmigrantes que ella conoce acuden poco a los centros de salud, porque el motivo de su proceso de migración es la búsqueda de empleo, no el uso de los servicios sanitarios en el país de acogida.

Partiendo de su propia experiencia, Roxana señala que, en el momento actual, al miedo de perder el empleo y, en consecuencia, la posibilidad de renovación del permiso de residencia y trabajo, se suma el temor de perder el derecho de acceso sanitario, de especial relevancia en caso de personas con enfermedades crónicas.

Como otra barrera en el acceso a los centros sanitarios y otras administraciones públicas, Roxana identificó el miedo de las personas migrantes en situación no regulada a la detención. Además, hizo referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los/as hijos/as de personas migrantes. Aunque, según el RDL 16/2012, las personas menores de edad tienen derecho de acceso sanitario hasta los 18 años, su situación carece de seguridad en caso de una expulsión de la madre o del padre, produciendo, en muchos casos, situaciones de separación familiar.

Estas palabras de Roxana se hicieron en la Escuela Andaluza de Salud Pública en un debate titulado "La salud de las personas inmigrantes en el contexto de crisis económica. Previsión del impacto del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril", que contó con la participación de representantes de diferentes ONGs y asociaciones, entre ellos Médicos del Mundo, Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, Andalucía Acoge y Asociación de Mujeres Bolivianas "Nosotras", así como de profesionales del ámbito sanitario, auspiciados por la red Isir.

En la mesa de debate, moderada por Ainhoa Ruiz Azarola, @airuaz se aportaron diferentes análisis de la previsión del impacto de las modificaciones que introduce el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, en relación al acceso sanitario de las personas migrantes en situación no regulada.

El debate se centró en los siguientes aspectos:

1. La necesidad de abrir espacios de acción para coordinar una respuesta ciudadana al RDL 16/2012 y trabajar en la defensa de la sanidad pública, así como de elaborar estrategias a mediano y largo plazo, coordinando asociaciones, ONGs, sindicatos y la sociedad civil. La importancia del carácter transversal de estos espacios, englobando diferentes temáticas y grupos de población.
2. La importancia de trabajar para el derecho de acceso a la atención sanitaria y la atención a necesidades específicas de toda la ciudadanía.
3. La necesidad de una diferenciación entre las dificultades de facturación de los gastos sanitarios a otros países y el derecho de acceso sanitario de la población migrante. La observación de una utilización de la población migrante como ‘chivo expiatorio’ y de la exclusión de las personas migrantes de la asistencia sanitaria pública como ‘banco de niebla’ para desviar la atención a otras medidas del RDL 16/2012.
4. El entendimiento de la inversión económica en salud como una ‘inversión en el progreso social’.

Observación de situaciones de vulneración de derechos en el ámbito sanitario:

1. La constatación de prácticas de control migratorio en la administración pública y los centros de salud, ej. mediante la realización de redadas delante de edificios públicos.
2. La existencia de barreras en el acceso sanitario efectivo de las personas migrantes.
3. La observación de una práctica de emisión de facturas de gastos sanitarios a personas migrantes en situación no regulada en el contexto andaluz.

La previsión del impacto del RDL 16/2012:

1. Limitación del acceso sanitario de diferentes grupos de población, incluyendo tanto a personas migrantes como a personas mayores de 26 años sin cotización previa.
2. Presencia de conflictos éticos para los/as profesionales sanitarios/as.
3. Cambio del concepto de ciudadanía, introduciendo una diferenciación entre ‘ciudadanía’, ‘no ciudadanía’ y ‘semi-ciudadanía’.

Argumentos jurídicos, humanitarios, sanitarios y económicos en contra de la limitación del acceso sanitario a personas migrantes en situación no regulada establecida por el RDL 16/2012:

1. Falta de cumplimiento de los ‘objetivos del milenio’ de la Organización Mundial de la Salud.
2. Riesgos de salud individual y colectiva.
3. Previsión de un aumento del uso de Urgencias.
4. Previsión de un mayor coste a mediano y largo plazo (mayor coste de la Atención Hospitalaria que la Atención Primaria).
5. Riesgo de un aumento de actitudes de insolidaridad y discriminación.

Potenciales respuestas desde la ciudadanía:

1. Las posibilidades y potenciales límites del ejercicio de una insumisión profesional (objeción de conciencia) al RDL 16/2012.
2. La importancia de una elaboración de modelos de argumentación alternativos, así como de una mayor difusión de las reflexiones y propuestas ya existentes.

Este post ha sido posible gracias a la colaboración de Amtes Suess, Ainhoa Ruiz y Luís Andrés López, todos ellos profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública