A pesar de la crisis económica, España continúa albergando un importante volumen de población extranjera, 5,7 millones (11,4%). Esta población, cuyas necesidades en salud son comparables a las de la población general, suele ser más vulnerable por su exposición a peores determinantes sociales (condiciones de vida, trabajo y riesgo de exclusión de los servicios sociales).

Analizando a cómo la crisis económica afecta o puede afectar a la salud de la población inmigrante en España, se identifica:

1. Een primer lugar un empeoramiento de algunos determinantes sociales, como mayores tasas de desempleo y peores condiciones laborales, que harían esperar un empeoramiento de la salud en esta población, como ya se ha descrito para la salud mental o se ha estimado para patologías infecciosas. Así, si la tasa de paro de la población general es alta (26,3%) más lo es entre la población de origen extranjero (35,7%), como también lo era al inicio de la crisis (8,6% y 12,3%, respectivamente). Asimismo, las ganancias salariales medias brutas anuales de los trabajadores extranjeros eran, en 2006, un 25,5% inferiores a las de la población española, y con la crisis esta diferencia ha pasado a ser del 31,4%.                                                          

   Sobre el estado de salud de los inmigrantes en España con datos de antes de la crisis mostraban que la población de origen extranjero, analizada en su conjunto, percibía un mejor estado de salud y menos limitaciones en la actividad diaria que la población autóctona. No obstante, análisis más específicos muestran la heterogeneidad de este grupo poblacional cuando se desagrega, por ejemplo, por país de origen, y señalan importantes desigualdades en relación con el nivel de renta del país de origen, que se muestran a favor de los procedentes de la Unión Europea. De acuerdo con los análisis de las encuestas nacionales, los inmigrantes referían menos problemas de salud mental, aunque aquellos con menos recursos mostraban mayor probabilidad de padecer un trastorno de salud mental; sin embargo, los resultados de las encuestas de salud de Cataluña y de Barcelona mostraban una peor salud mental percibida y un mayor riesgo de sufrimiento psicológico, respectivamente, entre los inmigrantes. Se ha descrito una mayor prevalencia entre los inmigrantes de algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis (más alta entre los hombres), el sida (con una supervivencia menor que en los autóctonos) y la hepatitis infecciosa. En cambio, los inmigrantes refieren hábitos más saludables: fuman menos, presentan menor consumo de alcohol y realizan más ejercicio físico que la población autóctona. Después de la crisis, los datos señalan un empeoramiento de la salud de la población general con la crisis, y relacionan el empobrecimiento, la inseguridad económica y la precariedad laboral con un estrés duradero que se asocia a muerte prematura, mayor riesgo de infecciones, diabetes, hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y problemas de salud mental. Asimismo, se ha asociado la disminución de los ingresos económicos con el deterioro de la dieta y con una mayor adopción de hábitos tóxicos (como el mayor consumo de alcohol). Teniendo en cuenta el peor punto de partida de la población inmigrante en cuanto a determinantes sociales, y que la escasa evidencia disponible muestra un aumento de los problemas de salud mental entre la población general y entre los inmigrantes cuyas condiciones laborales han empeorado, podríamos esperar una mayor afectación de la salud de la población inmigrante a corto y mediano plazo, y difícilmente algún efecto beneficioso de los cambios introducidos por la crisis.                                                                                                                                                                                                                                             

2. En segundo lugar, ha habido un impacto directo de las decisiones políticas, que han excluido del derecho a la atención, con algunas excepciones, a la población en situación irregular. Los efectos de la crisis sobre la salud de la población inmigrante también se relacionan con las respuestas institucionales del gobierno español directas e indirectas.

   Por un lado, la reducción del gasto social, con una drástica reducción del gasto público en salud, de un 16,8% en 2013 respecto a 2010 y las diversas medidas adoptadas, tienen importantes implicaciones para el acceso a la atención por parte de la población, y seguramente sobre la calidad de la atención recibida, tanto por la reducción en recursos humanos, materiales e infraestructuras, como por el aumento del tiempo de espera. Y por otro lado, la respuesta institucional de mayor trascendencia, es la introducida con el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, es decir, la transformación del derecho a la atención en salud de la población del estado español, que ha dejado de ser un derecho basado en la ciudadanía, para pasar a ser un derecho basado en las cotizaciones a la Seguridad Social. Con el decreto se excluye a la población más vulnerable, a partir de unas premisas confusas («poner fin a los abusos»); así, se limita además el derecho a la atención de algunos colectivos específicos, y muy especialmente de los inmigrantes irregulares, para los que queda reducido a asistencia sanitaria de urgencias, salud maternal y de los menores de 18 años. Aunque la respuesta de las diferentes comunidades autónomas a esta normativa estatal ha sido desigual, ya se han introducido límites en el acceso, como un periodo de carencia de 6 meses de empadronamiento para obtener la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), o garantizar sólo el primer nivel de atención, o la creación de tasas para la renovación de la TSI.

   Por tanto, ambas respuestas institucionales directas afectan a los inmigrantes, pero la segunda, la introducción de límites en el derecho a la atención, les afecta específicamente y revela una politización de la inmigración. El cierre de la atención primaria como puerta de entrada al sistema conllevará un mayor uso de las urgencias, al ser la única vía de acceso permitida, con un potencial de discontinuidad de la atención y con un aumento de costes para el sistema.

3. Finalmente, una reducción en la prioridad concedida a la adaptación de los servicios de salud a las características específicas de la población inmigrante (que en su inmensa mayoría se encuentra en situación regular), que junto a la introducción de nuevas barreras se traduce o traducirá en un peor acceso a los servicios de salud. Se describen barreras tanto en la entrada al sistema de salud como en el acceso y la utilización de los servicios, así como también factores relacionados con los propios inmigrantes (conocimiento limitado del sistema, dificultades para el pago de transporte o medicación, no poder acudir a los servicios en horarios coincidentes con la jornada laboral por las condiciones precarias de empleo y desconocimiento del idioma). Estas barreras probablemente aumentarán con las políticas adoptadas. En este sentido, resultados preliminares de un estudio cualitativo sobre acceso a los servicios de salud señalan, por ejemplo, el aumento de los requisitos exigidos para obtener la tarjeta sanitaria y la exigencia del pago por la atención prestada incluso para consultas de urgencia.

Por tanto, se espera un mayor impacto de la crisis económica sobre la salud de la población inmigrante. Este artículo es un extraxto de uno de los capítulos, coordinado por Mría LUisa Vázquez, del informe SESPAS