Ya arrancó oficialmente la campaña electoral a las elecciones europeas. 300 millones de ciudadanos de la UE serán llamados a las urnas el próximo 25 de mayo en unos comicios en los que se prevé una alta abstención por el escaso interés que despierta entre los ciudadanos una Europa que, en los últimos tiempos, se ha comportado más como una madrastra que como una madre.

En España es peor si cabe. La desafección que está provocando la política patria, socavada por una corrupción que nos sitúa a la cabeza continental de esta lacra, rezuma desmovilización. Hasta el PP y el PSOE han estado abonados a ella en el arranque. Ahora, viendo que la sangría puede cuestionar el mismísimo bipartidismo que les asiste, han empezado a sudar la camiseta en un intento desesperado por arañar 500.000 votos que hay en liza.

En cualquier caso, aunque el escenario electoral es para quedarse en casa o disfrutar de un domingo primaveral pastando en el campo, 36 millones de españoles podrán ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de cortapisas. Vamos, podrán informarse de las distintas ofertas electorales y votar o no sin mayor problema.

Pero de esa masa ingente hay que descontar los 7.000 trabajadores españoles de Gibraltar, que vivirán bajo una especie de estado de excepción todo este proceso electoral. Secuestrados en una frontera o verja -como quieran llamarla- desde hace casi un año, ejercerán este sagrado derecho con su capacidad de movimientos -uno de los pilares básicos de la construcción europea- limitada. Europeos de segunda clase por mor de una supuesta actuación del propio Gobierno español, que los somete a diario a colas inhumanas en su cruzada de mentira contra el contrabando de tabaco y la evasión fiscal en Gibraltar.

De poco o nada sirve que el Gobierno gibraltareño haya tomado importantes medidas legislativas contra el tráfico ilegal de cigarrillos. Una actividad que, por cierto, sirve, si acaso, para apuntalar una economía campogibraltareña que soporta una tasa de paro por encima del 40%.  Si no hubiera tanta necesidad, creada a golpe corruptelas, mangancias y planes gubernamentales fallidos en la zona, pocos serían los que se dedicarán a la saca de tabaco vía entrepierna. A todo esto, no se quieren enterar de que a los grandes contrabandistas les viene de cine que la actuación policial se centre en el matuteo, en el menudeo. Cuanto más guardias en la frontera o verja, menos en la costa, ¿no? En fin.

De poco o nada sirve que el Peñón haya firmado acuerdos de transparencia fiscal con 26 países; entre ellos, EEUU, Alemania, Francia, etc. España no lo ha rubricado porque le resulta muy socorrido tener tan a mano un supuesto paraíso fiscal contra el que vomitar sus miserias.

Detrás de tanto GRS en la frontera o verja, solo hay una excusa monumental para mostrar firmeza ante los más débiles, una déjà vu para intentar asfixiar sin éxito la economía del Peñón y hundir con éxito un poquito más al Campo de Gibraltar, una burda operación política para llevarse por delante a dos dirigentes socialistas elegidos democráticamente por sus respectivos pueblos –la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo-, una cortina de humo para tapar las tropelías que ha dejado a nuestra democracia en pelota picada.

Al igual que los trabajadores españoles, unos 20.000 gibraltareños, tan europeos como los 300 millones llamados a las urnas, vivirán esta fiesta democrática europea en este clima de excepcionalidad.

Pero a pesar de todo, linenses y gibraltareños votarán y lo harán para que Europa, raptada sin mitología alguna, vuelva a la frontera o verja y ponga en fila india a todos aquellos ministros y funcionarios españoles que se han empeñado en levantar un muro de intolerancia entre ellos, en secuestrarlos poquito a poco, en ponerlos al borde del precipicio, en robarles el sueño europeo de paz y prosperidad por la mismísima jeta.