A finales de julio de 2015, denuncié la burda maniobra política  que protagonizó el PP en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para impedir que la socialista Gemma Araujo, muy señalada por el ex ministro García-Margallo por sus buenas relaciones con Gibraltar, fuera investida presidenta de dicha institución comarcal.

En mitad del partido, el PP, con la ayuda del secretario general de la Mancomunidad y de un presidente en funciones de su cuerda, cambió las reglas de juego, y favoreció sus intereses al decretar que en caso de empate no sería el partido con más representación (PSOE), como establecían los estatutos, el que conseguiría la presidencia sino el partido con más votos ciudadanos (PP).

En aquellos días, el entonces vicesecretario provincial del PSOE y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, advirtió con toda la razón que "el PP está haciendo una interpretación de las reglas de juego torticeras, sectarias y partidistas para favorecer sus intereses, incumpliendo las normas estatutarias y los acuerdos de Mancomunidad y tratando de imponer su criterio".

Merced a un cambio estatutario previo, en el Pleno de la Mancomunidad del 29 de julio, después de dos empates a 16 entre los dos bloques, el popular Luis Ángel Fernández resultó elegido presidente en medio de una gran bronca política.

Ruiz Boix, que había logrado una clara mayoría absoluta en los comicios locales de San Roque, replicó con fuego de artillería pesada –llegó a calificar la maniobra de "golpe militar"-, debutando así de contundente como líder indiscutible del PSOE en el Campo de Gibraltar.

Pese a ese pecado original evidente, Fernández, dicho sea en honor a la verdad, está completando un mandato comarcal muy notable.

Y no sé yo si la esperada sentencia de los tribunales de Justicia dándole la razón al PSOE llegará antes de las próximas elecciones municipales. Y si llega, dudo muy mucho que los socialistas puedan recomponer la coalición de izquierdas con IU y Podemos para desbancar a Fernández. Y si lo hace, no sé si merece la pena.

Sin embargo, esta maniobra partidista, sectaria y torticera (palabras de Ruiz Boix) del PP no puede servir para justificar el intento del Ayuntamiento de San Roque por descomarcalizar los servicios de agua y basura para municipalizarlos.

Desde el punto de vista económico, la simple aplicación de la economía de escala echa por tierra el intento del equipo de gobierno socialista por justificar, a través de un informe técnico manifiestamente mejorable, una decisión legítima en términos políticos pero ruinosa a medio plazo para las arcas municipales.

En este sentido, el informe emitido el 6 de diciembre de 2016 por la interventora del Ayuntamiento de San Roque, Rosa María Pérez Ruiz, cuestiona de forma clara y contundente la viabilidad económica de una empresa municipal que gestionaría los servicios de agua y basura.

En sus conclusiones con respecto al servicio de agua, en el tercer punto, Pérez Ruiz asegura, refiriéndose al informe técnico –lo denomina Memoria-  aportado por el equipo de gobierno, que "con estos escasos datos y sin ninguna sustentación económica que pueda ser corroborada, la Memoria recoge unas previsiones de ingresos y costes que no parten de ninguna variable concreta que pueda ser estudiada o examinada". "Es más -agrega-, no se entiende cómo si la previsión de 2016 es de resultado negativo en 423.679,42 euros, con una importante caída respecto al resultado de 2014, ¿en qué datos fiables se basa la citada Memoria para concluir que en 2017 se podría cerrar con un resultado positivo de 88.362 euros?".

Previamente, en el apartado número dos de las conclusiones sobre este mismo servicio, la interventora municipal reprocha que en el informe no se hayan utilizado los datos de la liquidación del ejercicio de 2015. Esa misma objeción la incluye en las conclusiones sobre la recogida de residuos sólidos urbanos.

Un análisis riguroso del ejercicio de ARCGISA en San Roque en 2015 (agua y basura) arroja un déficit acumulado de más de 550.000 euros.  A esta cifra habría que añadir un sobrecoste de 462.000 euros al tener que pagar un 41% por el agua en alta que abonan los municipios que están fuera de esta empresa comarcal. Es decir, un déficit anual de más de un millón de euros.

Asimismo, la descomarcalización de agua y basura tiene mucho de aventurismo laboral. A nadie se le escapa que la solidez de una empresa, ya sea pública o privada, se mide también por el número de empleados en relación con la facturación. Pues bien, la nueva empresa municipal de San Roque contará con 108 trabajadores para una facturación anual de 6,5 millones de euros, y ARCGISA tiene en la actualidad 398 trabajadores para una facturación de 45 millones de euros. Blanco y en botella.

Aparte de que el convenio laboral de ARCGISA es más ventajoso que el que regirá en la empresa sanroqueña, los trabajadores se arriesgan a perder el paraguas de lo público, a una privatización de dichos servicios a medio plazo si se confirmara la tendencia deficitaria apuntada.

En definitiva, económica y laboralmente esta operación difícilmente cumplirá con la legalidad vigente –Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-, en tanto en cuanto a eficiencia y sostenibilidad, en tanto en cuanto a estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Pero en el ámbito político es donde más chirría, al menos a mí. Esta decisión descomarcalizadora de San Roque, capitaneada por el PSOE, va a contramano del ADN comarcal de los socialistas, que fueron los arquitectos de la Mancomunidad y de la comarcalización de estos servicios.

Desde los tiempos de Rafael Palomino Kaiser y José Carracao, los dos presidentes con más peso político de la historia de la comarca, los socialistas campogibraltareños han sido los que más claramente han apostado por un proyecto comarcal en contra del aldeanismo que sacude periódicamente el Campo de Gibraltar.

Y la descomarcalización del agua y la basura que pretende San Roque va en contra de esa apuesta comarcal sin complejos, plena de convicción que hoy aún practican gente de la talla de Salvador de la Encina, diputado del PSOE y líder histórico y moral de los socialistas campogibraltareños, y Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras y un monumento al saber estar y al sentido común.

Por eso me sorprende tanto silencio en las filas socialistas, apenas roto internamente por Juan Miguel Martínez Font, líder histórico del PSOE de la Estación de San Roque, padre de ARCGISA y principal padrino político de Juan Carlos Ruiz Boix.

Desde la actual presidencia de su agrupación, Font está defendiendo con conocimiento, con mucho conocimiento, el mantenimiento de estos servicios bajo el paraguas de ARCGISA, y está dispuesto a seguir defendiéndolo hasta el final.

Por todo ello, llegado a este punto, el alcalde de San Roque debiera hacerles caso a los trabajadores, que en una reciente asamblea le reclamaron un encuentro con el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, para buscar una alternativa a una descomarcalización que perjudica a todos.

Todo hace indicar que la noche del pasado miércoles se produjeron los primeros contactos para hallar una salida en este sentido.

Rectificar siempre honra y consolida a quien lo hace a tiempo.

De la misma forma, aprovechando esta coyuntura, Fernández debiera urgir a Algeciras, cuyos servicios de agua y basura están en manos privadas y municipales, respectivamente, a incorporarse a ARCGISA, con el mismo argumento de ‘Juntos somos más fuertes’ que está empleando con ahínco para que San Roque se quede en el Campo de Gibraltar.

Algo se está fraguando y después de Reyes, sobre el 15 de enero, Algeciras pudiera incorporarse a ARCGISA, que se convertiría en una las empresas más importantes de Andalucía con casi un millar de trabajadores.

Un indicador más de zona puntera, con uno de los puertos más importantes de Europa -cuya hegemonía está en peligro por el empuje del de Tánger Med-, que sigue esperando, como ocurre con Extremadura, que el tren inaugure de una vez el siglo XXI.