Maquiavelo diferenciaba entra las acusaciones y las calumnias: las primeras beneficiaban a mantener la libertad de la República, las segundas la corroen. Las acusaciones sanean los conflictos en la ciudad, necesitan de testigos y pruebas que las certifiquen; se acusa públicamente ante una institución, sea el pueblo, el consejo o los magistrados para que la multitud desfogue su indignación. Las calumnias, al contrario, son rumores, chismorreos donde cualquiera puede ser calumniado desde los soportales. Cuanto mejor regulada está la acusación menos espacio queda para calumniar. La acusación responde a una sociedad civil organizada, la calumnia a una atomizada donde todos son desconocidos.

El que acusa es un ciudadano, el que calumnia un chivato. La propuesta del gobierno de denunciar el fraude laboral se enmarca en la segunda, la de la calumnia y los chivatos. Las acusaciones son públicas, el chivato es anónimo. Pero para que se pueda acusar es necesario sentar las bases democráticas e instituciones que lo permitan, pues de lo contrario, los pocos siempre obran a gusto de los pocos. Cuando no existen mecanismos que ofrecen seguridad material para denunciar a quien te impone lo que hay o a la calle, la víctima nunca podrá acusar a su verdugo porque su dependencia es total. La propuesta aunque se plantea en términos generales hace especial hincapié en la persecución del más vulnerable, de ahí que resalte las cifras de prestaciones por desempleo que se han retirado. ¿Dónde ponemos el acento con el fraude laboral? ¿Tenemos que ser juzgados todos por igual ante la ley?

Si lo que se trata es de mejorar la recaudación y evitar el fraude, el primero objetivo deben ser esos 80,000 millones que se defraudan a Hacienda, donde el 71% responde a las grandes empresas. Hacer una reforma fiscal donde los que más tengan paguen más y no al revés, donde los que menos ganan más pagan en proporción. Pero si nos queremos ceñir al fraude laboral, el detectado en el desempleo por el gobierno en 2012 representaba solo el 0,15% de los parados que recibían subsidio. Fraude también se puede considerar que durante el último trimestre de 2012 los asalariados trabajaron 2,630,000 horas extraordinarias a la semana que no fueron remuneradas por la empresa según el INE. Por primera vez el número de horas extra no remuneradas superaba a las que sí lo están, lo cual genera una situación donde se perdieron 65,260 empleos a jornada completa. Fraude laboral son los contratos laborales que aplican una categoría inferior a la actividad desarrollada en el puesto de trabajo para poder remunerar mucho menos al trabajador.

Fraude laboral es el llamado contrato emocional donde la empresa exige al empleado una dedicación mucho más intensiva, una militancia, excediendo lo firmado en el contrato entre iguales. Fraude laboral existe cuando la jornada laboral en España es la más larga de la eurozona y que además entre 2008 y 2012, aumentaba un 1,4% mientras a nuestro alrededor descendía un 1,6% las horas medias de trabajador por año. Se estima que se han destruido por este motivo 540,000 empleos. Fraude laboral es la reducción de los costes de despido en un 23% desde la aplicación de la última reforma laboral y fraude laboral son los cientos de empresas denunciadas por impedir el derecho a la huelga.

Pero el fraude también se encuentra en un falso concepto de la igualdad. Por ejemplo, desde el año 2007 al año 2010, el porcentaje de trabajadores que viven bajo el umbral de la pobreza ha aumentado pasando del 10,8% al 12,7%. No se puede juzgar con una misma vara de medir una persona que cobre 650 euros de paro y lo compagine con un trabajo precario, temporal y parcial de 400 euros, que una empresa que se aprovecha de la situación y contrata en negro a sus trabajadores, o utiliza las deducciones –subvención en realidad- para contratar jóvenes y despide cuando le conviene para seguir cobrando. No es lo mismo defraudar por necesidad material que hacerlo por aumentar el lucro, no es lo mismo tomar una barra de pan para comer que tener la barriga llena y quedarse con la panadería. Para juzgar con igualdad hay que partir de la desigualdad existente.

Promover la denuncia individual a problemas de tipo social no ayuda a modificar las relaciones de dominación y por lo tanto la existencia del fraude. Es necesario sentar las bases para que el fraude, que siempre es más grande cuanto más margen de acción y poder se tiene, se minimice al mínimo posible repartiendo riqueza y ofreciendo seguridad, ambas dos caras de la misma moneda. Una buena medida en la línea que propone el gobierno, sería que la policía investigue a fondo las denuncias de sus trabajadores y detenga al vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ese empresario que vive a costa del erario público y se jactaba en reconocer orgulloso que le debe millones a la Seguridad Social.