Creo que cuando se argumenta que no es la independencia sino el derecho a decidir lo que es esencialmente antidemocrático, no estamos ante un malentendido, estamos ante un desacuerdo tal y como Jacques Rancière lo entiende. No es una confrontación entre blanco y negro, lo es entre dos formas distintas de interpretar el blanco. Cuando la decisión significa la pugna entre quién tiene derecho a decidir y sobre qué se decide, afirmar que no todo puede ser decidido -las normas de tráfico ponen de ejemplo-, es asumir de antemano que ya existe un campo naturalizado donde el poder constituido está territorializado, anclado y el punto de partida, discutir el todo, es incuestionable. En el  objeto de todo este discurso, la democracia para poder considerarse tal cosa, debe evitar y negar su aspecto democrático, es decir, una democracia donde el demos tiene poco que decidir. La democracia como protocolo formal incluso dentro de nuestra limitada versión, se corresponde cada día menos con su constitución material.  Quienes pensamos que la democracia viene de la mano de la subversión y organización autónoma de los sujetos en la historia, la subversión de aquellos que ven impedida su decisión en torno a los asuntos que afectan a su vida, no podemos dejar de percibir en ese discurso que niega el derecho a decidir otra cosa que lo que dicen combatir: indicios de totalitarismo. Derecho a decidir es democracia porque decidir es la clave de la política. Si el poder de decidir no es común y se privatiza no puede haber democracia real.

Quien apoya su discurso desde la defensa de lo existente pero nunca desde lo que puede existir, cierra el campo a la posibilidad de otro posible y apoya como última ratio la obediencia ciega al soberano, aunque sea a la fuerza. Al soberano según Hobbes se le tiene que hacer caso siempre y cuando éste tenga la capacidad de mantener la protección/coacción, pues para Hobbes miedo y libertad no son excluyentes. Según él un marinero arroja libremente la carga del barco si tiene miedo de que ésta evite su salvación en caso de hundimiento. Siguiendo esta línea donde legal y legítimo siempre coinciden, todo lo que queda bajo la ley es democracia y poco importa que la democracia, la parte que no tiene parte, exija un cambio de ley. Solo en la desobediencia, en la ruptura y el conflicto,  se genera un cuerpo social consciente de sí mismo, de su exclusión entre las partes  capaz de forzar a la ley por la vía de lo legítimo. El desacuerdo reside en que para unos la democracia es un orden jurídico petrificado como un régimen caduco y para otros, la democracia reside en la potencia productiva del ser que adapta la ley a su necesidad y no al revés. Cambien Catalunya por Madrid y obtendrán el mismo discurso asentado sobe la fe ciega en el que manda. Podrán comprobar que aunque se trate de otro tipo de movilizaciones, seguirán enfrentando la idea de la democracia con la  desobediencia cuando se cuestiona el fundamento de la ley ilegítima, también seguirán exigiéndole a  la población que obedezca por su seguridad mientras se empobrece democráticamente.