Esclavo es quien está obligado a obedecer las órdenes del señor, que sólo buscan la utilidad del que manda.

Baruch Spinoza.

La tertulia de La noche en 24horas busca presentarse como un espacio plural, por el mero hecho de contar un hueco para las redes sociales, donde la gente por lo general, opina todo lo contrario a lo que repiten al unísono la mayoría de tertulianos presentes en la mesa. El pasado 1 de abril existían dos hashtag para Twitter #LNescrache y #LNenaltecimiento, ambos muy pegaditos, ya saben, como cuando a veces  en el telediario ponen primero una noticia de una movilización en la calle e inmediatamente después, le sigue otra que tenga relación con el conflicto vasco. En periodismo, como en política o economía, nada es por casualidad, nada es neutral, todo lo que se hace busca ofrecer un determinado marco de interpretación. Las líneas argumentales de los tertulianos pueden variar en torno a cuestiones de política-sálvame, tonterías coyunturales que aparentan una diversidad de opiniones, cuando en realidad, las líneas rojas están delimitadas y cada vez se estrechan más. Sobre los escraches por ejemplo, el más progresista adopta aquella postura tan conocida como cínica  de Goethe, prefiero cometer una injusticia antes que soportar el desorden. Resulta tan ridículo, que cuando hablaban de escraches o de la actitud de los antidisturbios, se limitaban a decir que poco tenían que añadir a lo que argumentaba su colega.

Estos son los demócratas, aquellos que mezclan acusaciones de nazismo mezclado con ETA para referirse a la actitud ciudadana de reivindicar justicia tocando un timbre, ante la total ausencia de mecanismos democráticos que permitan decidir a la población dentro de una legislatura. En lugar de criticar ese déficit de nuestra escuálida democracia, la reacción conservadora se reivindica ante cualquier situación afirmándose en la primacía del orden y la ley. Ese pensamiento tan peligroso, fundamentado en una base hobbesiana de la obediencia/confianza indiscutible al que manda, se limita a cumplir la tarea sin cuestionarse nunca nada; es ese pensamiento de burócrata desalmado incapaz de separar la legalidad de la legitimidad. Para ellos, todo lo legal en cualquier caso, es siempre legítimo porque está fundamentado sobre el Derecho; por eso los artífices de las leyes de sangre y honor se esforzaban tanto en incluirlas dentro de un ordenamiento jurídico legal. Paradójicamente, las peores atrocidades de la historia no han venido dadas por la desobediencia ante el poder establecido, al contrario, han sucedido guardando fiel obediencia al soberano y a las órdenes que éste impulsa, de ahí que, la comparación de los escraches con el nazismo, no sólo es insultante, además es históricamente falsa.

Pero ¿por qué dicen estar en contra de los escraches en defensa de la democracia? Se basan en el contrato social asentado en una cesión de la soberanía que el pueblo le otorga al parlamento. Ese contrato liberal puede estirar más o menos su margen democrático, en nuestro caso muy poco, pero además, lo que está en discusión es el propio contrato  que se encuentra fuera de lugar, cuando los pilares sobre los que se sostiene, han sido dinamitados por las élites porque ya no resultan ser operativos para los intereses acumulativos del capitalismo. No puede haber contrato cuando el diseño institucional no responde a quien dice representar, pero sí que lo hace en cambio, con aquellos lobbies financieros y organismos internacionales que nadie ha elegido y que sin duda alguna, no responden al denominado interés general. A día de hoy, incluso John Locke, padre del liberalismo moderno, se encontraría posicionado a favor de una rebelión como ya indicaba en su II tratado sobre el gobierno civil. Aquí el orden de los factores sí que altera el producto: un sistema político debe responder a las demandas de la ciudadanía, de no ser así, como sucede en la actualidad, no es la población quien debe adaptarse al sistema corrompido, sino al revés, pero se ve que el lastre del franquismo sociológico ciega en algunos esta posibilidad. Cuando la legalidad abre una brecha con la legitimidad, los demócratas no pueden dudar y han de posicionarse con la segunda.

Sabemos que la democracia no se puede limitar a observar una mayoría contra una minoría, sino que trata sobre cómo el poder se reparte entre quienes son explotados/dominados y quienes explotan/dominan. Por lo tanto, se ha de ofrecer la igualdad de la diferencia democratizando el derecho a decidir. Cuando esto ocurre, la idea de la política con mayúsculas vuelve a tomar relevancia porque el reparto de las fichas, deja de ser como hasta ahora venía siendo. El parlamentarismo liberal está pensado para omitir las desigualdades que se dan en el campo de lo social, sacralizando la propiedad privada, para que, a la hora de decidir políticamente en las urnas todos lo hagan en igualdad de condiciones. Se da por lo tanto una abstracción de la realidad material de la población para igualar más tarde, en la capacidad de decisión votando cada cuatro años. Este modelo ha permitido mantenerse gracias a que hasta ahora se ha consolidado una hegemonía cultural que las élites construyen en torno a un consenso. Ese consenso se rompe por arriba y ahora afortunadamente, también por abajo: eso es lo que no pueden soportar los voceros del régimen. Echar a la gente de sus casas se comprende que indigne pero es aceptable, ahora bien, organizar una respuesta democrática para hacerles llegar esta situación a quienes pueden evitarla pero no quieren, eso es inaceptable, no se puede tolerar.

Las organizaciones y plataformas que nacen precisamente del conflicto social, lejos de tomarse la justicia por su mano, organizan el descontento y frustración para darle una forma política y reivindicativa. Lo que le molesta al régimen, no es que una persona desesperada en un arrebato de locura provocada baje con un bidón de gasolina y le prenda fuego a la sucursal, les aterroriza que la sociedad se escinda de las órdenes del que manda e irrumpa en la agenda política como sujeto político autónomo y no más como un súbdito obediente al que se le puede tener pena. La pobreza y la necesidad pueden ser objeto de caridad y comprensión, pero en ningún caso, lo es la arrogancia de querer prescindir de ella y elevarse a categoría política discutiendo la distribución de poder que genera esa misma pobreza.

Bueno, ¿pero dónde está el límite de las protestas? Esa es una pregunta que se hace quien percibe e interpreta la realidad desde el prisma del mantenimiento de este desorden institucional. Quienes entienden que la vida está por encima de la servidumbre nos hacemos la pregunta a la inversa, ¿dónde está el límite de un modelo, de un régimen, que empobrece a la gente y beneficia a los poderosos? ¿Y si mañana van a tu casa? Nosotros y nosotras no tenemos que decidir pulsando un botón para ver si nos ponemos del lado de la gente o del régimen financiero, ellos, los 185 diputados del PP sí lo tienen que hacer, y por ahora están en contra de la gente; por eso y mucho más, escrache es democracia.