De repente, toda una región, la de Murcia, se ha caído de un guindo. Parece que la desastrosa situación ambiental de uno de los entornos emblemáticos del Mediterráneo español, el Mar Menor, es cosa de anteayer, o incluso de ayer mismo. Y de hoy. Ahora todo el mundo reacciona clamando al cielo por la necesidad de salvar del hundimiento la joya de la corona ambiental y turística. En ese todo el mundo están incluidos desde el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, hasta la Fiscalía –que ha abierto diligencias basándose en publicaciones de prensa como si hasta ahora no se hubiera cometido delito ambiental alguno–, pasando por actores económicos o sociales que han mirado durante muchos años para otro lado mientras hacían caja esquilmando la laguna. Por esa gran gestión ambiental , Ecologistas en Acción acaba de colocarle una Bandera Negra en su informe presentado el martes pasado.

Porque, a excepción hecha de las organizaciones ambientalistas más activas –ANSE, Ecologistas en Acción, Greenpeace– y algunos reducidos grupos de ciudadanos, nadie lleva tomando en cuenta las múltiples señales de alarma que la laguna salada más grande del Mediterráneo Occidental viene emitiendo desde hace... casi cuarenta años.

Sí, casi cuarenta: el primer informe elaborado por profesores de la Universidad de Murcia en que ya advertían del peligro que los vertidos agrícolas, la eutrofización subsiguiente, la urbanización excesiva de las riberas marmenorenses –La Manga es el ejemplo más llamativo–, la desecación de salinas, crecimiento exponencial de regadíos agroindustriales en sus riberas gracias al Trasvase Tajo-Segura, la proliferación de puertos deportivos, falsas regeneraciones de playas, etcétera, etcétera, ese primer informe, decía, que advertía de todo lo anterior fue publicado en 1980.

Los gobernantes de entonces tomaron nota. El PSOE dio unos tímidos pasos proteccionistas pero sin llegar a aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) necesario para articular normativamente la protección de la laguna litoral frente al cúmulo de agresiones ambientales de que hablé algo más arriba, aunque tenga ahora seis figuras de protección ambiental.

En el año de (des)gracia de 1995 arribó al poder el Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel, el mismo que ejerce ahora de petulante vicepresidente del Parlamento Europeo en Bruselas/Estrasburgo. Nada se ha hecho desde entonces. Nada bueno, preciso. Pues a partir de esos últimos años del siglo XX el Mar Menor vio intensificadas las agresiones ambientales, favorecidos cuando no espoleadas intensamente por los ayuntamientos ribereños – Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar– y casi ribereños – Torre Pacheco –.

Esos cuatro municipios han sido gobernados prácticamente siempre desde 1995 por el Partido Popular y a ellos se debe el gravísimo deterioro ambiental de la laguna motivado por la especulación urbanística, la violación de leyes de protección –hay varios procesos abiertos en los juzgados–.

Y esas corporaciones municipales del PP que miraban para otro lado o reprimían directamente cualquier protesta ambientalista y despreciaban las críticas de ANSE y Ecologistas en Acción se han visto respaldadas durante todos estos años por la administración regional gobernada y controlada por el ahora diputado y vicepresidente en la cámara europea Ramón Luis Valcárcel. El cinismo de todos ellos ha llevado incluso a que jamás se haya aprobado la normativa ambiental necesaria para aplicar en la práctica la protección ambiental legal de la laguna: los planes de ordenación de recursos naturales.

Todo esto hace aparecer como un despreciable sarcasmo que el heredero de Valcárcel, el actual presidente Pedro Antonio Sánchez, haya visitado Bruselas esta misma semana y haya regresado tan ufano, presumiendo de que ha conseguido 45 millones de euros para solucionar los problemas ambientales del Mar Menor de aquí a 2020. Inmediatamente el coro de vocingleros "populares" se ha felicitado del logro anunciado, tan contentos no sólo de haberse conocido sino también de que ya se arregló el asunto, según dicen.

Antes de caerse del guindo, el gobierno actual del heredero Sánchez "paralizó la obligatoria aprobación del Decreto de Declaración de Zonas Especiales de Conservación y aprobación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia", señala el informe de EeA.

Aquel asunto sin arreglo inminente, por cierto, ha sido creado, corregido y aumentado por la inoperancia, ineficiencia, ignorancia y cinismo de los representantes de ese mismo partido que han gobernado ayuntamientos y Comunidad Autónoma desde 1995.

Quizá habría que preguntar a Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena y ahora candidata al Senado por el PP; a Pedro José Pérez, también candidato "popular" a la Cámara Alta y ex yesaire y ex alcalde de San Pedro del Pinatar; a José Hernández, promotor inmobiliario, ex alcalde de San Javier del PP e imputado por algún delito relacionado con la corrupción urbanística; o también a Juan Escudero, ex alcalde socialista de Los Alcázares; y, por supuesto, al vicepresidente parlamentario europeo Ramón Luis Valcárcel y a su eterno consejero de Agricultura, Antonio Cerdá ––también imputado en asuntos varios–– qué hicieron para llevar la laguna salada que conocemos como Mar Menor al estado de cadáver medioambiental en el que está.

El premio gordo al cinismo y a la desfachatez se lo llevaría el ex alcalde de San Javier, bajo cuyo mandato se autorizó un campo de golf de muy dudosa legalidad y de nueve hoyos en una zona de La Manga que apenas tiene cien metros de ancho desde el Mar Menor al Mediterráneo. Ahora, cuando el cadáver líquido ya empieza a oler y bañarse en sus aguas puede ser tóxico en algunos puntos, quienes no han hecho nada durante 30 años y, además, han impedido que se hiciera algo para salvar el Mar Menor, se caen del guindo y nos cuentan que todo se solucionará... gracias al dinero de la Unión Europea.