La espuma de la noticia

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El diputado de CiU Carles Campuzano es uno de los parlamentarios más estudiosos con que cuenta el Congreso. Cuando un asunto cae en sus manos no ceja y se deja las cejas para conocerlo. Ahora es portavoz en la Comisión de Educación y Asuntos Sociales y por él sabemos que 11.218 personas dependientes –3.587 con pensión de gran invalidez– se han acogido a la ley de la dependencia y tienen reconocido el derecho a recibir asistencia de una tercera persona, y también, que algunas autonomías con gobiernos del PP no están informando sobre el funcionamiento y la aplicación de la ley.

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El martes, en la Comisión de Economía, estaba diciendo Cristóbal Montoro que la inflación desbocada se ha comido los 400 euros del IRPF y que esa medida sólo ha beneficiado a las rentas medias y altas. Le contestó Pedro Solbes que “ustedes nos critican porque tratamos igual a Botín que a su jardinero, sólo que Botín hay uno y jardineros, miles, millones”. En eso intervino la canaria Ana Oramás y dijo que unos cabreros de su pueblo no entienden por qué no se reúne a la banca, las eléctricas y las petroleras, que exhiben beneficios, y se les exige un mayor esfuerzo contra la crisis.

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Los periodistas esperaban ayer con interés el estreno de Manuel Pizarro como portavoz del PP en la Comisión Constitucional. No eran los únicos. El presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, saludaron su designación como nuevo portavoz en sustitución de Federico Trillo. Mas todo el interés se vino abajo cuando en vez de él hablaron Juan Carlos Vera (puro aparato) y Celso Luis Delgado, sobre las reformas electorales. Pizarro verificó, en fin, el lema machadiano de que toda espera es espera de seguir esperando.

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Tanto miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado como investigadores desplazados a los países de origen de la mayoría de los inmigrantes que entran de forma irregular por las costas españolas lo corroboran: los cayucos procedentes de África llegan a territorio español guiados por aparatos GPS “que –añaden observadores desplazados a Senegal y Mauritania– generalmente se compran en España, en las Islas Canarias y que, posteriormente, se revenden en África”. También efectivos de la Guardia Civil han comprobado muchos casos en los que los motores de los cayucos se vendieron inicialmente en España.

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Mientras las autoridades se esfuerzan en extremar la lucha contra las mafias y en aprobar polémicas normas, como la Directiva de Retorno, y no tanto en invertir en futuro en los países de origen, un colectivo de abogados anuncia desde Canarias que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ya conocida como Directiva de la Vergüenza en cuanto dicha norma aparezca publicada en el Boletín Oficial de la UE. Por ahora, estudian las vías de impugnación de la normativa por las sanciones previstas para delitos muy graves, que contemplan hasta 18 meses de prisión.

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Compras y reventas de GPS y motores son sólo una pista que se sigue en las investigaciones contra las mafias que se dedican al tráfico ilegal de personas. Sin embargo, se está tratando de establecer una mayor vigilancia en Internet, ya que existen varias páginas web en las que se guía al aspirante a sin papeles sobre cómo hacer la travesía y a qué precio, se les facilita mapas de las Islas Canarias y datos para desembarcar con más facilidad y hasta consejos sobre cómo arreglar un matrimonio de conveniencia una vez en destino. La Red ofrece un auténtico manual.

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El buen periodista y gran conversador Jorge Bezares, corresponsal del Grupo Joly en Madrid, ha sido nombrado por Manuel Chaves presidente de la junta rectora del parque de Los Alcornocales, que abarca 167.000 hectáreas de montes y fincas públicas y privadas y constituye una de las mayores riquezas medioambientales y materiales de Andalucía. Y si no que se lo pregunten al ex senador socialista Ignacio Díez, hermano de Rosa Díez, que merca tapones de corcho a los bodegueros. Aunque es un cargo honorario, un consejero exclamó: “¡Recórcholis, Manolo, ya está bien de independientes!”.

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Pocos la conocen, pero algunos han sufrido sus efectos. Se trata de Flor López y es el látigo de los altos cargos de la administración central. Ella dirige la Oficina de Conflictos de Intereses, envía requerimientos e inicia expedientes sancionadores cuando detecta incompatibilidades. En los últimos seis meses ha reconvenido a tres de los 56 altos cargos nombrados y a cuatro de los 49 cesados por no haber presentado su declaración de bienes y actividades. El influyente Taguas no estaba entre ellos. Por lo demás, Flor custodia 20.249 declaraciones de cargos de todos los colores.

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El ex ministro de Trabajo Jesús Caldera es un político sensible y disciplinado. Como presidente de la Comisión parlamentaria sobre Discapacidad estima que debe acudir a Pekín para, junto con la reina Sofía, animar a nuestros atletas paralímpicos, que competirán entre el 6 y el 17 de septiembre. Pero es consciente de las restricciones de gasto que ha impuesto el presidente del Congreso, José Bono, y le ha dirigido una carta solicitando que además de él o del vicepresidente de la comisión puedan ir tres diputados más, aunque sólo sea a la apertura o la clausura de los Juegos.

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Con una mueca de disgusto, ciertos miembros del Gobierno demuestran lo poco que les seduce el estilo de las autoridades de Guinea Ecuatorial. “¿Qué hay del respeto a los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial?”, se preguntan. Es una buena cuestión, que también podrían hacer a China, país al que el Gobierno español enviará una amplia delegación, presidida por los príncipes de Asturias, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. En este punto, en el entorno de Moratinos aclaran que no conviene mezclar deporte y política, pero el argumento no convence a algún purista.