¿De qué derechos humanos hablamos?

El Parlament de Catalunya va a debatir sobre la conculcación de los derechos humanos en Venezuela a propuesta de CIU y del PSC, con la aprobación de ICV-EU y ERC. Para ello hablarán en el hemiciclo los opositores del presidente Nicolás Maduro, sin que haya sido invitado ningún representante de su Gobierno.

Solamente puedo manifestar mi perplejidad ante semejante iniciativa, que durante los 38 años de vida de nuestra democracia no me parece que haya tenido lugar en ningún otro caso en Catalunya. Durante esos casi cuatro decenios se han producido las guerras de Yugoslavia, de la República del Congo, del Chad, de Ruanda-Burundi, de Armenia, de Chechenia, de Irak, de Siria, de Libia, por citar de memoria sólo unas cuantas. Las violaciones de derechos humanos, así como las de miles de mujeres, con asesinatos masivos, se han producido repetidamente en esos países, con escándalo internacional, sin que yo sepa que los partidos políticos catalanes se sintieran tan indignados en algún momento como para convocar a la oposición de esas naciones a presentarse en su sede.

Pero sin remontarme a tan lejanos hechos, y acercándonos a países que tienen herencia española, en México se producen 50.000 asesinatos anuales, con una proporción aterradora de mujeres, como en Tijuana. Honduras ha sufrido hace pocos años un golpe de Estado con una parodia de elecciones (que ha sido bendecida enseguida por el Departamento de Estado de EEUU y por la Unión Europea), donde tanto la represión de periodistas como de opositores al régimen es estremecedora, mientras las más numerosas víctimas son campesinos y mujeres.

En Nicaragua, la abyecta alianza de Ortega con el cardenal Obando ha llevado a prohibir todo caso de interrupción voluntaria del embarazo, con lo que se están produciendo cada vez más muertes de mujeres por abortos sépticos. En Guatemala, el genocidio indígena producido por las guerras del siglo XX ha dejado un saldo estremecedor de asesinados y desaparecidos, sin que los gobiernos posteriores ni la judicatura hayan perseguido a los culpables ni esclarecido los hechos, mientras Ríos Montt, el tirano acusado de ordenar el exterminio de la población indígena e inicialmente procesado y condenado, ha sido puesto en libertad y archivado el expediente.

En El Salvador, las secuelas de la guerra se han convertido en un reguero escalofriante de delincuencia, bandas juveniles y delitos sin esclarecer. En Colombia la guerra iniciada hace cincuenta años ha llevado a los crímenes más horrendos por parte del Ejército y de los paramilitares. No prosigo la relación de desgracias que se sufren en tantos países de América Latina, pero que no son ningún secreto oculto, ya que la información la obtenemos los españoles diariamente de nuestros medios de comunicación.

Y, como un tradicional sacrificio ritual, el siempre y permanente genocidio de los palestinos por parte del Estado de Israel, aceptado como normal o inevitable por la comunidad internacional. Hace sólo un mes, Sara Vilá, diputada de ICV fue retenida en Gaza cuando se encontraba allí para apoyar a los pescadores y agricultores que son tiroteados sistemáticamente por el Ejército israelí; pero desde 2002, en que el Parlament aprobó una moción planteada por Maragall a favor de Palestina, no se sabe que se les haya ocurrido a los diputados catalanes citar en el hemiciclo a los representantes de la ANP o de Hamás, para ser oídos sobre la conculcación de los derechos humanos en aquel desdichado territorio.

Como colofón, el drama más cercano a nuestro país, el del Sáhara, ––abandonado por el Estado español en las garras del reino de Marruecos, en la operación más infame de las que han protagonizado todos los gobiernos españoles, desde el franquista hasta los socialistas–, cuyos ciudadanos viven en campamentos desde hace cuarenta años, en pleno desierto, sin viviendas ni ciudades, sin escuelas ni hospitales, y que son objeto de persecución, prisiones y asesinatos, no tiene el eco que se merece. Mientras la policía marroquí asalta los campamentos, destruye las pocas pertenencias de sus moradores, los detiene y los condena a interminables penas de prisión en cárceles secretas en el desierto, en Barcelona se celebra la Feria marroquí de productos, muchos de los cuales pertenecen a las provincias saharauis, contra la prohibición expresa de Naciones Unidas de que la potencia ocupante explote los recursos naturales de los pueblos colonizados. Y tampoco hemos sabido que nuestros parlamentarios decidieran invitar a los representantes del Frente Polisario para explicar cómo defiende Marruecos los derechos humanos de su pueblo.

Pero cuando la oposición al Gobierno venezolano se organiza y financia para acabar con el régimen, provocando algaradas, incendios y asaltos a centros de salud, escuelas y comisarías, y el Ministerio del Interior desmantela los campamentos de las guarimbas y detiene a varios centenares de agitadores, los partidos catalanes se sienten tan estremecidos, y al parecer concernidos, por ello, que desde la derecha hasta la izquierda logran un acuerdo, imposible en cualquier otro asunto, para citar a los financiadores de la contrarrevolución, con el fin de dar testimonio de su preocupación por el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela.

Ya sabemos por el vocero del neoliberalismo más reaccionario, Mario Vargas Llosa, que ha acudido a Venezuela a apoyar a la oposición venezolana, que en ese país no existe libertad. Ni de expresión, ni de comercio, ni política. Y como la campaña de los principales medios de comunicación españoles se ha unido al coro de los opositores a la revolución bolivariana, nuestra opinión pública debe de creer semejante falacia. Por ello se oculta que en Venezuela existen más periódicos de derechas que de izquierdas, que se publican diariamente sin que en los 15 años del Gobierno bolivariano se les haya impedido su publicación; que periodistas y comentaristas y políticos contrarrevolucionarios hablan, escriben, discuten y opinan sin tregua contra el Gobierno, utilizando los insultos y adjetivos más denigrantes contra Maduro y sus ministros, del mismo modo que lo hicieron contra Chávez, sin que sean censurados ni detenidos. Mientras en México y en Honduras el número de periodistas desaparecidos, asesinados y encarcelados es escandaloso, nunca nuestros periódicos nos informan de igual fenómeno en Venezuela.

No solamente la libertad de comercio en ese país se mantiene intacta, sino que ha permitido a los empresarios la estrategia del acaparamiento de alimentos y objetos de necesidades básicas, que, como sucedió bajo el gobierno de Salvador Allende en Chile, está causando graves problemas de abastecimiento en la población, con el evidente propósito de que el régimen se enajene las simpatías de los trabajadores. La especulación con las divisas, el estraperlo, el sabotaje, todas las tácticas de la patronal, financiadas por la oligarquía, se utilizan en Venezuela para minar la revolución, sin que el Gobierno haya expropiado a las grandes empresas de alimentación y suministros para nacionalizarlas. Siguen haciendo negocios los grandes ganaderos y explotaciones agrarias que se permiten acaparar los alimentos, produciendo un espantoso aumento de la inflación.

Y si se trata de hablar de libertades políticas, resulta altamente insultante tratar de “dictadura” un régimen que ha permitido 19 elecciones en 15 años, que tiene en su Constitución la posibilidad de revocar el Gobierno a mitad de mandato, cosa imposible en España –derecho que ha sido utilizado por la oposición sin éxito– y en el que los ciudadanos venezolanos tienen que soportar campaña tras campaña electoral de la oposición, cargadas de odio contra todo aquel que apoye la revolución bolivariana.

En esas condiciones, ¿de qué clase de derechos humanos quieren hablar los diputados catalanes? Porque es evidente que, para ellos, entre los derechos humanos también hay clases.