En este duelo sin fin, en el que toda mujer y todo hombre de buena voluntad estamos inmersos por las víctimas de la violencia machista, al día siguiente de haber escrito Las diversas maneras de matar mujeres y niños otro infame ha asesinado a su mujer y a sus dos hijos. No sé si cuando termine este artículo ya habrá otras cifras que añadir a este horripilante recuento diario.

En este caso los malos tratos de que el asesino Ricardo Fernando hacía víctima a su esposa Maryna eran conocidos en todo el barrio. Por dos veces los vecinos llamaron a los Mossos d'Esquadra ante los gritos del maltratador y los llantos de los niños. La mujer pidió ayuda a la policía municipal cuatro veces, y cuando se negaba a presentar la denuncia aquella se volvía al cuartel, supongo que aliviada por no tener que trabajar. Ninguno de los agentes se consideró obligado a investigar la situación de la familia, aunque la víctima no presentara denuncia. Ni siquiera se abrió atestado. No se interrogó a los vecinos ni a los familiares. No intervino la asistencia social ni se realizó ninguna exploración psicológica de los implicados: marido, esposa, niños. Como si se tratara de la queja de un vecino por el ruido de una juerga los policías municipales se daban el paseo hasta la casa del maltratador y después se iban. Y el viaje lo hicieron cuatro veces. Los Mossos d'Esquadra dos.  Hasta el juez instructor, por primera vez que yo sepa, está interrogando a los agentes y a los vecinos para investigar qué grado de conocimiento tenían de los hechos. Pero no se les podrá pedir responsabilidades porque la ley no lo contempla.

Como tampoco a la jueza Sonia González Pérez, de León, que tramitó las causas  contra el acosador y maltratador Christian C. –con un respeto inaudito la prensa obvia su apellido- y a la que Sara Calleja, su víctima, escribió la última carta de su vida antes de suicidarse tirándose por la ventana. La jueza explica, en unas sorprendentes entrevistas que se han publicado a toda plana en los principales diarios españoles, que le dolió  mucho que la muerta dijera que "era fría y sin empatía". Explica que "tu trabajo es muy desagradecido. Trabajas mucho y a veces no da los resultados que quieres". Habrá que tenerle lástima al final. Diríase que está investigando con microbios en vez de tener la responsabilidad de proteger a personas.

La jueza también explica que el maltratador la impresionó. "Es un personaje que a pesar de todo lo que hacía, cuando llegaba al juzgado lloraba como un niño. Decía que la quería, que quería volver con ella...Un tío listo. Un tío de 1,90 que se te ponga a llorar después de lo que ha hecho..." Está visto que las lágrimas de los maltratadores les son muy rentables.

Sara presentó en el juzgado "un mogollón de pantallazos y mails con coacciones e insultos...cada vez que iba al juzgado la veíamos más demacrada y llamábamos a la psicóloga..." No dictaba orden de prisión contra el maltratador, llamaba a la psicóloga para que consolara a Sara o la convenciera de que no le pasaba nada o de que debía aguantarlo con paciencia. Hasta que Sara se tiró por la ventana.

Pero Christian C. no tendrá que responder por el suicidio de Sara, porque la inducción al suicidio no está contemplada en la Ley española de Violencia de Género, como ha sido aprobada en Venezuela por la  Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Mientras en la legislación española en el catálogo de agresiones constan únicamente dos, la física y la psicológica, la venezolana contempla veintiuna.

Tampoco Sonia González tendrá responsabilidad en la muerte de Sara, porque no se admite que los policías, jueces, magistrados, fiscales, psiquiatras, oficiales de la administración de justicia, sean encausados por dejación en el ejercicio de sus funciones al negarle la tutela judicial efectiva a las víctimas de maltrato.

Cuando hace dos meses en Madrid una pobre niña se suicidó por ser víctima de acoso por parte de sus compañeros de colegio, se organizó un pequeño escándalo -en España los escándalos siempre son pequeños- que derivó en pedirle responsabilidades a la profesora y al director de la escuela, que fueron suspendidos de funciones. Pero si la niña hubiera sido inducida al suicidio por su padre o su novio o un acosador cualquiera ninguno habría sido sancionado.

Al fin y al cabo la que se suicida es porque es débil, y las débiles no tienen derecho a la vida.

Por supuesto, los profesores y las profesoras del colegio hicieron inmediatamente piña para defenderse corporativamente, acusando a los "recortes" de la muerte de la niña, porque siempre es más importante defender los privilegios laborales que la vida de una pequeña. Por supuesto también, si las policías y juezas instructoras de los casos de asesinato fueran "regañadas", como alguna vez ha sucedido, sus compañeros de profesión saldrían como un solo hombre a defender la impunidad de los colegas.

Y de la misma manera el PSOE entero mantiene la bondad de la Ley de Violencia de Género y sale ahora pidiendo "un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la adopción de medidas para proteger a los hijos de la violencia de género"- ya se ve que no a las madres. Al parecer los jueces son tan ignorantes e incapaces que no saben valorar el riesgo cuando una madre ha presentado 30 denuncias antes de que el padre mate a la hija, cuando una mujer, que se suicidará, entrega en el juzgado "un mogollón" de amenazas de su verdugo o cuando la que será asesinada ha pedido ayuda varias veces a la policía y al juez.

Y resulta estomagante oír nuevamente a Marisa Soleto de la Fundación Mujeres, decir que "había un problema en la formación de quienes intervienen en un caso de violencia de género", como si se le acabara de ocurrir, como si no lo hubiera pensado nunca antes después de diez años de vigencia de una ley que ha permitido que en ese espacio de tiempo, y a su amparo, hayan asesinado a casi mil mujeres y centenares  de niños, sin que ningún policía ni juez ni magistrado ni fiscal ni psiquiatra ni asistente social haya sido imputado por dejación en el ejercicio de sus funciones al negarle la tutela judicial efectiva a las víctimas.

Porque el patriarcado está fuerte y triunfante en nuestro país. Permite que  las mujeres y los niños sean las víctimas indefensas de hombres maltratadores y asesinos y que los cargos institucionales que tienen que defenderlas sean irresponsables ante sus asesinatos. Y aún más, que existan unos grupos de machistas, maltratadores ellos mismos, que hagan campaña continuada contra la ley de violencia –que aún les parece muy dura- contra las víctimas y contra las abogadas que las defendemos, impunemente. Porque tampoco existe el delito de apología  de la violencia machista.