¿Para qué el pacto de estado sobre la violencia?

Cuando se acumulan los cadáveres de mujeres asesinadas por sus maridos, parejas, amantes, amigos, empresarios, proxenetas, los partidos políticos parlamentarios se han decidido a crear una Subcomisión para elaborar lo que llaman un Pacto de Estado contra la Violencia contra la Mujer.

Ya se han pactado los nombres de las personas que comparecerán en las reuniones previas, que dicen que durarán tres meses. Entre los y las comparecientes nos encontramos además de cargos institucionales, representantes de asociaciones de mujeres de diverso pelaje, ya que de algunas nunca se conoció su afán de eliminar la violencia machista, sobre todo relacionadas con los partidos que las convocan. Así, el más escandaloso de los casos, están invitadas las llamadas Hetairas que se han dedicado durante dos décadas a hacer apología de la prostitución, reclamando su legalización por tratarse de un trabajo “igual a otro cualquiera”, que denominan a las mujeres prostituidas “trabajadoras del sexo” y que incluso han montado una “Escuela de prostitución” en Barcelona, para enseñar a las neófitas a proporcionar a los hombres el placer al que tienen derecho. Como si prostitución no fuera una de las mayores manifestaciones de la violencia contra las mujeres.

El 13 de diciembre de 2016, el Frente Feminista, compuesto por el Partido Feminista y personas de IU, Podemos e independientes, entregó a todos los grupos parlamentarios un Manifiesto elaborado por juristas, que llevan doce años trabajando en el tema, teórica y en la práctica procesal, donde se contienen las reformas imprescindibles de la Ley de Violencia vigente para asegurar una mayor protección a las víctimas. Ninguno de esos grupos políticos ha tenido a bien convocarnos a las sesiones de información de la subcomisión.

En lo tratado hasta ahora en esa Subcomisión, que se ha filtrado, nadie pone en cuestión el articulado de la famosa Ley de Violencia. Los temas que se plantean: falta de recursos económicos en la atención a las víctimas, educación en la escuela, publicidad sexista, estadísticas fiables, perfil del agresor y de la agredida, cuestiones que aunque importantes, sobre todo la de los presupuestos, bordean el meollo del problema sin plantearse modificar la Ley de Violencia de 2004. La educación en la que tanto insisten, significa dejar la solución a 20 años vista. Así es bueno para todos los responsables.

Sobre todo para el PSOE que se niega, como gato panza arriba, a modificar una ley que considera la “mejor de Europa”, como se denominó cuando organizó que la premiaran sus compañeros de bancada europea.

Mientras tanto, es fundamental que se apruebe:

1.- Denominar la violencia machista como lo que es; las agresiones de un hombre contra la mujer, sea cual sea la relación que sostengan entre sí.
2.-
Disponer que la carga de la prueba recaiga sobre el denunciado.
3.- Limitar la exigencia de la citación del denunciado a 72 horas, transcurridas las cuales se adoptarán las medidas de protección a la víctima necesarias, in inaudita parte.
4.-Establecer que se dicte orden de alejamiento por el Juzgado en el término de 72 horas, desde que se presenta la denuncia.
5.- Que se ordene el ingreso en prisión de los maltratadores cuando su peligrosidad así lo aconseje, especialmente cuando incumplan la orden de alejamiento y siempre que se haya dictado sentencia de cárcel contra ellos, aún cuando esta no alcance los dos años de prisión.
6.-Que se exijan responsabilidades a todos los funcionarios de la Administración de Justicia que incumplan su obligación de proteger a las víctimas de la violencia machista.
7.- Que  a raíz de que la madre denuncie malos tratos o  abusos sexuales a los menores, infligidos por el padre de la víctima, se interrumpa inmediatamente el régimen de visitas del acusado a los hijos e hijas.
8.- Que se dote del suficiente personal a las unidades de la policía en los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia.
9.-Que se aumente el número de juzgados y la dotación de personal cualificado para ello, con preparación específica para atender a las víctimas de la violencia machista.
10.- Que se proceda a la formación de médicos, asistentes y trabajadoras sociales, policías, jueces, fiscales, personal de la administración de justicia.

Estas son las más elementales medidas legislativas que hay que adoptar rápidamente para asegurar que las instituciones del Estado no van a seguir desprotegiendo a las víctimas.

En el 30% de las asesinadas de estos años anteriores se había dictado orden alejamiento o de protección contra los asesinos. En muchos casos las víctimas habían presentado varias denuncias en los días anteriores o incluso horas antes del asesinato.  Tanto las fuerzas de seguridad del Estado como el personal de la Administración de Justicia y las unidades forenses se desentienden en numerosas ocasiones de la solicitud de ayuda de las mujeres. Y no tienen ninguna responsabilidad, según nuestro ordenamiento jurídico actual.

La Guardia Civil que se niega a reportar la denuncia, aconsejando a la mujer que presente una demanda de divorcio, para que el marido la asesine horas después, se inhibe de cualquier responsabilidad aduciendo que aquella no quiso denunciar. El juez o la jueza que cuando la víctima se niega a declarar deja en libertad al denunciado para que la asesine horas después, se queda en su puesto sin reproche alguno. El juez o la jueza que le niega a la víctima la orden de alejamiento o de protección o que no ingresa en prisión al maltratador, a pesar de las evidentes sospechas de ser peligroso, que tarda días y meses en tramitar un sumario de violencia, dando con ello lugar a que el asesino consume su crimen, y que absuelve al denunciado para que en poco tiempo mate a su víctima, siguen tranquilos en su puesto sin responsabilidad alguna.

Y lo mismo sucede con el cuerpo médico que no atiende las señales de maltrato machista en la paciente y no presenta la correspondiente denuncia, o la asistente y la trabajadora social que se inhibe de atender a la víctima.

Pero todas estas conductas, tan reprobables moralmente, son perfectamente legales, según el ordenamiento vigente. Mientras no se modifique la estructura misma de la Ley, impidiendo que se discrimine a las víctimas según la relación que sostengan con el verdugo,  que imponga que la mujer maltratada sea la que tenga que probar el delito, victimizándola doblemente con interminables declaraciones, interrogatorios capciosos, careos con el maltratador y sometiéndola a exploraciones psicológicas bajo la sospecha de estar falseando la denuncia, no se rebajará un ápice el nivel de violencia y el número de maltratadas y asesinadas. Sobre todo porque las víctimas, desmoralizadas por la falta de protección institucional, dejarán de denunciar.

Es conocido que las Comisiones se montan para enmascarar los hechos que se pretenden investigar, dilatar interminablemente los trabajos, hacer públicos los enfrentamientos entre los partidos que las componen y concluir sin resultado alguno.

Imagínense lo que sucederá con esa Subcomisión, que ni siquiera llega a la categoría de Comisión.