El pacto del engaño

Se ha filtrado el borrador del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (como le llaman), sabiendo como sabemos todos que solo se filtra lo que interesa. En ese documento, trascendental para la supervivencia de las mujeres, dicen que se contemplan 200 medidas para atajar los feminicidos y el maltrato machista.

DOSCIENTAS MEDIDAS, repito asombrada, y me pregunto ¿son necesarias tantas? Siguiendo la guía que nos marcan los Diez Mandamientos diría que éstas se resumen en dos: meter en la cárcel a los maltratadores y dar ayudas económicas a las víctimas.

No he leído las 70 u 80 páginas que llenan las 200 medidas, porque me parece que a mi edad no me lo merezco. Y no creo que las lean ninguno de los diputados, y sobre todo diputadas, que las firman, –para eso tienen sus sherpas que son los que las redactan. Pero tampoco las leerán los fiscales ni los jueces ni los policías ni las asistentes sociales ni los psicólogos ni los forenses a los que conciernen, porque eso es ilegible.

Gracias a los resúmenes que se difunden por las redes me he enterado de que quieren aumentar el dinero destinado a las víctimas y sus defensas y terapias y casas de acogida, pero poquito a poco. En cinco años o así. Y que se lo repartirán a los Ayuntamientos para que ellos carguen con la molestia de atender a las llorosas féminas con sus churumbeles gritones agarrados a las faldas. Que ampliarán la red de casas de acogida, gabinetes asesores y terapéuticos, y poca cosa más. Como también que ahora se enterarán de que una mujer es víctima de maltrato sin necesidad de que vaya a la policía a denunciar, cosa que por lo visto hasta hoy no sucedía. Porque ¡tantas técnicas de igualdad, asistentes sociales, policías municipales, médicos, forenses, psiquiatras, y otros profesionales ad hoc, que pagamos, eran incapaces de saber que la mujer que acudía a su consulta con un ojo morado o un brazo roto no se había dado un golpe con una puerta o caído por la escalera!.

Todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo en retirar el régimen de visitas, la custodia y la patria potestad de los desgraciados menores sometidos al poder omnímodo de machos maltratadores, violadores y asesinos, porque se deben seguir preservando los privilegios del patriarca.

Me repito, ¿era necesario escribir 200 párrafos de mala literatura para describir las desgracias de las mujeres y  designar a psicólogos, asistentes sociales, abogados de oficio, casas de acogida y demás mecanismos de ayudas para pobrecitas desgraciadas que ni siquiera saben denunciar? ¿Hacer un vademécum de la caridad organizada por el Estado?

No sé si el PSOE ha firmado semejante engendro, y ni siquiera quiero saberlo para no desanimarme definitivamente. Pero lo evidente es que los partidos dominantes en el Parlamento, con la complicidad y el contento de Ciudadanos,  han llevado adelante una farsa que ha durado siete meses, fingiendo que se preocupaban mucho de la situación de la mujer y de la infancia. En esos 7 meses han asesinado a 49 mujeres y 5 niños, han violado a casi una docena y han maltratado a millones de ellas. Calculando la media anual, habrán denunciado 50 o 60.000 más que están siendo apaleadas por sus parejas, y que según los cálculos internacionales es aproximadamente el 10% de las víctimas reales. Las violaciones todavía se denuncian menos.

Y a ese manifiesto que documenta el engaño le llaman Pacto de Estado.

Ya sabemos el Estado que tenemos abandona a los más desgraciados y entrega nuestro dinero a la OTAN, al Ejército, a los bancos, a la Iglesia católica, a las grandes corporaciones que significan “el mercado” y a las Casas Reales –no hay que olvidarse que disfrutamos de dos, más que ninguna otra monarquía.

Ya sabemos que el Estado es un eufemismo que encubre a los partidos que gobiernan, y que como decía Marx, es el consejo de administración de El Capital. Ya sabemos que bajo una maraña de legalismos y constitucionalismos los que montaron este supuesto Estado de Derecho han convertido la democracia en una construcción hueca dentro de la cual sólo se encuentran los privilegios de los ricos.

Pero en el caso de la violencia contra la mujer es demasiado desvergonzado que se proteja de tal manera al maltratador, porque disponer de una ley que obligue al acusado a demostrar su inocencia y exonere a la víctima de aportar las pruebas, que ordene la detención y prisión de los maltratadores y los obligue a cumplir íntegras las penas, no cuesta dinero, no pone en dificultades al Capitalismo y apenas le da una patada al Patriarcado.

Solamente la crueldad y el machismo de Ciudadanos, la indiferencia satisfecha del Partido Popular y el obstinado empecinamiento del Partido Socialista pueden conseguir que después de meses de trabajos –y de cobro de primas- la Ley de Violencia de Género salga tan incólume como entró en los trabajos de la Subcomisión.

Dicen que la adecuarán al Convenio de Estambul, que parece el tratado del “no va más” de la protección de la mujer y que en realidad únicamente se limita a reconocer que todas las víctimas merecen protección y a aconsejar que se las proteja. Pero, incluso para cumplir con ese compromiso internacional que alguno de nuestros gobiernos  aceptó ratificar por quedar bien con sus colegas, sin tener la menor intención de cumplirlo, se recurre a la astucia de proponer redactar otra ley que ahora llaman marco –siempre hay alguna categoría para engañar- para no tener que modificar el horrible redactado del artículo 1 de la Ley de Violencia de Género, que es el único que acepta “perfeccionar” el PSOE. Y la Ley tiene 72 artículos, 20 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria única y 7 disposiciones finales.

Ese perfeccionamiento se va a realizar con otra disposición adicional y otra ley –más leyes- que se llamará de Todas las Violencias, para introducir la trata de personas, las violaciones, los abusos sexuales, la mutilación genital, etc. que al parecer, y no me había enterado, hasta ahora no estaban penadas por nuestra legislación.  

Es decir que es imposible aceptar para esos diputados,  y sobre todo diputadas, que hay que modificar el impresentable redactado de la Exposición de Motivos y del artículo 1 de la nunca tan ponderada Ley, para reconocer que las víctimas de un maltratador o asesino pueden ser mujeres de todas las categorías sociales y de todas las variables familiares, y cambiar ese engañoso constructo verbal de “violencia de género” que desidiologiza y despolitiza el maltrato a la mujer, por el término preciso de violencia machista. Como tampoco están dispuestos, ni dispuestas, a introducir la inversión de la carga de la prueba, no vaya a ser que los buenos y pobrecitos hombres sean acusados falsamente por las malvadas mujeres.

En definitiva, no cabe duda, por un lado, que los diputados y diputadas se ganan su sueldo y sus retribuciones extraordinarias, dada la cantidad de horas que han invertido en discutir los detalles y sutilezas del redactado de las 200 medidas aprobadas –hay que incluir las que nos han dedicado a los expertos y a las asociaciones de mujeres que han testificado en la Subcomisión,  las visitas, entrevistas, llamadas telefónicas, etc. con que las activistas y las militantes del Partido Feminista les hemos entretenido y fastidiado.

Por el otro, que llegados a este punto, el 22 de julio de 2017, hay que perder toda esperanza de que de esa Subcomisión salga un acuerdo decente que proteja a las mujeres españolas. El Patriarcado saldrá triunfante nuevamente de esta prueba, y yo no volveré a aconsejar a mis clientas que presenten denuncias ante las autoridades competentes. Les aconsejaré que se compren una pistola.