Presos políticos

Cuando diversos intelectuales de izquierda, de mucho prestigio y presencia continua en los medios de comunicación, están utilizando el calificativo de “presos políticos” para definir el encarcelamiento de los consellers del govern de Catalunya y los dirigentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional de Catalunya, es evidente que la izquierda ha perdido la capacidad de realizar el análisis concreto de la realidad concreta.

Amnistía Internacional le negó esta calificación a los procesados  alegando que lo que ellos denominan “preso de conciencia” son “aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus convicciones políticas o religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, como su origen étnico, sexo, color, idioma u origen”.

Vemos diariamente, y más ahora comenzada la campaña electoral, cómo los dirigentes políticos de variadas formaciones, no solo los independentistas, defienden esta calificación para los que se hallan en prisión arengando a las masas en los actos públicos, gritando en los programas de televisión, haciendo declaraciones a la prensa, convocando a los medios, mitineando en el Parlamento, escribiendo artículos en los que defienden la independencia de Cataluña o la celebración de un referéndum para conseguirla y acusando al Estado español de represor, de ser heredero del franquismo y carcelero de políticos. Y todavía algún periodista asegura que es hora de llamar dictadura al sistema que padecemos.

Comprendo, porque me siento concernida, que Julián Ariza escribiera un artículo protestando, dolido, por esa falacia que, como yo decía hace unas semanas, banaliza la dictadura que padecimos 40 años, hasta el último minuto. Dos meses antes de morir el dictador todavía asesinó a cinco militantes del FRAP y de ETA. Y como Ariza nos sentimos las veinticinco mil personas que estábamos en libertad provisional el 20 de noviembre de 1975, y los miles que seguían en las prisiones franquistas por haber escrito panfletos clandestinos, organizado una manifestación, militado en un partido político, constituido un sindicato, creado una asociación, participado en una reunión o en una asamblea. Sin contar los muertos en las calles, en las cunetas de las carreteras, en los pelotones de fusilamiento, en el garrote vil, en la tortura, en las cárceles y en sus casas.

Cuando los Jordis, como se les apela ahora, se subieron al techo de los coches de la Guardia Civil para incitar a sus seguidores a mantener el cerco que impedía salir a la comisión judicial y a la Guardia Civil del edificio de la Consellería de Economía, cuya secretaria tuvo que huir por el tejado del edificio después de estar allí secuestrada 24 horas, ¿estaban solamente ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica, cómo arguyen sus defensores?  Cuando el Govern de la Generalitat en pleno vota la independencia de Cataluña contra lo dispuesto en la Constitución y en el Estatut, lo sentenciado por el Tribunal Constitucional y desaconsejado por los informes emitidos por los letrados de la Generalitat, ¿están acatando las leyes que todos los ciudadanos debemos cumplir, nos gusten o no? ¿O consideran que por ser catalanes, por haber sido elegidos en elecciones, o por ser independentistas no les concierne el cumplimiento de las leyes? Cuando ese Govern convoca un referéndum que  había sido declarado ilegal por el Tribunal constitucional, instalan unas urnas compradas clandestinamente, llaman a votar a la ciudadanía utilizando un censo para el que no tenían autorización, incitan a sus militantes a que impidan a la policía nacional y a la Guardia Civil que retiren las urnas y cierren los colegios electorales, organizando escarches y  resistiendo físicamente en las puertas de los locales, ¿creen que tienen patente de corso para llevar a cabo impunemente todas esas acciones que conculcan la legalidad vigente?

Cuando los escritores se pronuncian, indignados, por las actuaciones judiciales que encarcelaron a los miembros del Govern y a los Jordis, – deciden ellos lo que es legal o no, mientras los demás sumisos y anónimos ciudadanos tenemos que someternos sin rechistar a las decisiones de los jueces- ¿creen realmente que las actuaciones de los procesados, que he relatado muy sintéticamente, entran dentro de la legalidad de cualquier país democrático?

Esos defensores a ultranza de la impunidad para el govern de Cataluña, ¿creen realmente que en Francia hubiese podido darse una situación semejante sin que la República Francesa, uno de los sistemas democráticos más antiguos del mundo, hubiese reaccionado más prontamente que la monarquía española, enviando a la Guardia Nacional a recoger las urnas clandestinas que se repartieron por los barrios y encarcelando a los organizadores de semejante kermesse?

Cuando las manifestaciones multitudinarias no autorizadas por ninguna autoridad competente llenaban las calles de Barcelona, y sus participantes cortaban el tráfico de grandes vías durante horas, otros impedían el paso de los trenes y llenaban la Diagonal de cera por el velatorio callejero, imposibilitando la movilidad del transporte público, esos defensores a ultranza de la impunidad para el govern de Cataluña y sus seguidores, ¿creen realmente que vivimos bajo una dictadura?

Cuando el ilustre Joan Tardá clama en el Parlamento contra el Estado español, acusa a los gobernantes de represores, a los fiscales de vendidos al gobierno, a los jueces de prevaricadores, a la Guardia civil y a la Policía Nacional de criminales y torturadores,  a la prensa canallesca de propagar mentiras, y con sus trenos propios de un moderno Savonarola amenaza a toda la sociedad española con proseguir con el “procés”, que llevará a la separación de Cataluña de España, ¿cree realmente que está padeciendo una dictadura?

Muchos de los que escriben asegurando que los Jordis y los Consellers son presos políticos tienen edad para recordar la dictadura. El ilustre Joan Tardà militó en el PSUC en sus años juveniles y de clandestinidad, y ahora ¿cómo tiene la desfachatez de asegurar que vivimos en un Estado dictatorial? ¿Cómo se atreve a tildar de fachas a los socialistas porque reclamaron a la Junta Electoral Central que no se exhibieran símbolos de apoyo a los encarcelados ya que significan una competición desleal en plena campaña electoral?  

Cuando los medios de comunicación, públicos y privados, repiten, hasta convertirlo en una pesadilla, la reclamación de independencia de Cataluña, acusan de represión al Estado español, plantean la exigencia de una concertación bilateral entre el Govern y el gobierno de España como si se tratara de dos Estados extranjeros, y montan una campaña ininterrumpida desde hace 7 años a favor del nacionalismo y de la República catalana, propagando toda clase de infundios y calumnias contra España y los españoles, esos intelectuales que defienden tales conductas, ¿creen sinceramente que España hoy ha vuelto a ser la dictadura franquista?

No sólo resulta injusto y humillante comparar la conducta y la situación de los encarcelados independentistas con la que sufrimos cientos de miles de resistentes a la dictadura, sino que es absolutamente estomagante que tengamos que oír, ver y leer semejantes declaraciones, firmadas por ilustres abogados, políticos y escritores, y no dispongamos de más recursos que quejarnos en unos pocos artículos. Las televisiones no suelen invitarnos.  

Porque como vivimos bajo una dictadura, habremos de respetar la libertad de pensamiento, opinión, expresión y publicación que utilizan diariamente aquellos que nos insultan; la de partidos políticos que quieren trocear España y la de asociación para apoyar el proceso independentista, que practican desde hace tres decenios y de la que se lucran generosamente. No podremos pedir que les impidan seguir repitiendo falsedades y calumnias ni que les prohíban difundirlas ni que cierren los partidos en que militan y con los que hacen estruendosas y carísimas campañas electorales para seguir afirmando las mismas mentiras. Y tendremos que soportarlos repitiendo sus extravagantes y falsas declaraciones de estar siendo perseguidos, en el Parlamento, en el Senado, en los Ayuntamientos, en la prensa, en los mítines y en todas las televisiones y radios públicas y privadas.

Y eso porque vivimos bajo una dictadura.