Interiores

Un 'jabulani' electoral

Cuando el vicesecretario general de comunicación del PP, Esteban González Pons, dijo unos días atrás aquello de "le pedimos al Gobierno que no se interponga entre la crisis y el cambio político", seguramente no pensaba en que lo que se puede interponer es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, que parece fabricada por los creadores del jabulani, esa pelota escurridiza que con el golpeo coge efectos inesperados.

El desenlace del serial de intriga política más largo de la historia de la democracia española –en la práctica comenzó el 9 de mayo de 2000, cuando Pasqual Maragall, convertido en el referente del socialismo catalán, señaló al entonces desconocido José Luis Rodríguez Zapatero como la esperanza blanca de un PSOE derrotado y deprimido– lleva el sello de una sobredosis de politización a causa del momento elegido por el árbitro constitucional para dar el pitido final, tras prórroga y penaltis.

Conflicto de legitimidad

Después de tres años y once meses, a nadie le habría importado mucho que la prórroga se alargara unos meses más, hasta pasadas las próximas elecciones autonómicas en Catalunya, donde la legislatura se agota el 1 de noviembre. Pero parece que los diez negritos hubieran decidido morir matando, vengándose del descrédito que han acumulado por su propia cachaza y por la interesada pasividad de los partidos políticos ante su responsabilidad de cubrir las vacantes y renovar a los magistrados con el mandato caducado. Una responsabilidad que se acrecienta por la evidencia de que, si la derecha no hubiera provocado con su abuso obstruccionista la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad en 1984, se habría evitado ahora el conflicto de legitimidades entre el voto de los ciudadanos en referéndum y el posterior dictamen de la institución a la que, de manera inequívoca, la Constitución reserva la última palabra salvo en los procesos constituyentes.

Las cartas marcadas

Con el momento elegido para emitir su fallo, el Tribunal Constitucional no sólo ha dictaminado sobre el Estatut sino que también ha señalado la pista central de la campaña electoral en Catalunya. Desde el lunes, las cartas están marcadas: ERC defenderá que no hay otro camino aceptable para los catalanes que la independencia, CiU presentará a Zapatero –y, por ende, al PSC– como traidores a Catalunya y José Montilla jugará la baza del posibilismo, en la estela del Jordi Pujol president.

Que las cartas para la campaña están ya repartidas no implica que lo estén las papeletas de voto. Los estrategas electorales más reputados no se atreven a hacer en estos momentos un pronóstico en firme sobre quién puede salir más beneficiado o perjudicado del manejo político de la sentencia sobre el Estatut, pero no es descabellado pensar que moverá pocos votos, salvo que los fundamentos jurídicos aún por conocer alimenten el fuego de la indignación.

Tendrán que tentarse bien la ropa los partidos políticos para que la reacción que promuevan no se vuelva en su contra porque los ciudadanos, también en Catalunya, están hoy preocupados, sobre todo, por las cosas de comer y hay indicios de que la situación económica puede volver a deteriorarse en el otoño. Además, el votante medio sabe que la identidad catalana ha quedado blindada con el refrendo del Tribunal Constitucional a la inmersión lingüística.

Lo que en Catalunya puede resultar irrelevante para determinar la composición del mapa electoral en relación con el que ya se había prefigurado a lo largo de la legislatura –victoria de CiU y deshilachamiento del Tripartito–, podría no serlo tanto en España cuando lleguen las elecciones de 2012.

Por más veces que se pase la moviola del compromiso electoral del aspirante Zapatero de respaldar el Estatut que aprobara el Parlament, los hechos le dan la razón cuando reivindica que Catalunya ha logrado las más altas cuotas de autogobierno de su historia gracias a una determinada mayoría política en las Cortes, parte no menor de la cual avaló el Estatut no por convicción sino a regañadientes y por disciplina de voto en la pauta marcada por el presidente del Gobierno.

Y en el resto del país los hechos también han demostrado que, puesto que el Estatut no ha dejado de desplegarse desde que entró en vigor, carecía de todo fundamento el temor sembrado por el Partido Popular a la quiebra de la unidad de España.

El estigma del PP

Si la sentencia del Tribunal Constitucional ha derrotado ahora a los que durante casi cuatro años utilizaron el Estatut como combustible para incendiar políticamente España, cabe que dentro de un tiempo el Estatut derrote a los que ahora quieran incendiar políticamente Catalunya con el combustible de la sentencia.

Enfrentado a su última oportunidad –el próximo será el tercer intento– de convertirse en president, el fallo judicial libera a Artur Mas para, llegado el momento, recabar el apoyo del PP a su investidura e incluso para devolver el favor en Madrid, pero no quitará al partido de Mariano Rajoy el estigma en Catalunya, el territorio donde puede sostenerse que Zapatero ganó las elecciones generales de 2008.

Más Noticias