Cada cual interpreta la realidad según sus preocupaciones y sus necesidades. Pero conviene que la meditación no se quede en la superficie, porque la actualidad es un espectáculo de síntomas fugaces que tienden a ocultar con su ruido el origen de los males. Por ejemplo, una gran parte de la minoritaria prensa crítica está muy entretenida con las torpes explicaciones del PP sobre sus finanzas y su tesorero. La verdad es que no se puede hacer peor. Lo peligroso es que este ridículo sistemático de los portavoces del PP acabe ocultando y desviando la atención de lo verdaderamente grave: la deshonestidad del partido del Gobierno, las evidencias de que ha funcionado a través de dinero negro, venta de favores y reparto de los beneficios obtenidos por la corrupción. No olvidemos en la polémica el origen de todo: la corrupción sistemática es más grave que el desatino de los silencios y las explicaciones cercanas al chiste.

Ocurre lo mismo con los problemas de gran calado. De la situación generalizada de crisis en la política española y europea, donde ocupa también su lugar importante la corrupción, conviene no olvidar una realidad decisiva: los poderes financieros no creen en la libertad. Esta advertencia resulta indispensable para saber de qué hablamos cuando nos referimos a la democracia.

El capitalismo ha cacareado mucho su fe en la libertad. Una y otra vez esgrimió la libertad de mercado, la libertad de prensa, la libertad de comprar y vender la fuerza de trabajo, la libertad política. Pues bien, el paisaje actual desmiente este cacareo. El mercado no es un equilibrio de intereses en libertad, sino un campo minado de presiones ocultas, chantajes, sobornos, paraísos fiscales, fraudes, estafas, corrupciones, violencia y opacidad. La prensa ha estallado como oficio independiente de información veraz y control del poder en nombre de la opinión pública. Hoy las noticias están al servicio de los gabinetes de prensa de los Gobiernos y de los intereses de los poderes financieros. No se puede hablar tampoco de libertad en el contrato de trabajo cuando se han dinamitado los derechos laborales y los empresarios tienen el poder de maltratar, despedir y explotar al factor humano de la economía productiva. La libertad política parece también una quimera cuando se ha liquidado la soberanía popular en favor de la decisión opaca y anónima de los especuladores.

Vivimos en un estado de servidumbre. Los síntomas de corrupción y pobreza apuntan a una democracia desahuciada y a un concepto de libertad que se identifica con la trampa y con la ley del más fuerte. Libertad minoritaria para explotar y condena mayoritaria para ser explotado.

Estar contra la corrupción supone en el fondo devolverle la honradez civil al concepto de libertad, ya sea económica, laboral, informativa o política. Y la honradez cívica sólo es posible cuando la libertad no se define con los impulsos del egoísmo individual, sino con la elaboración de un marco público de convivencia. La libertad democrática es el espacio jurídico y social que permite a los individuos realizarse personalmente en la convivencia justa. No olvidemos que la conciencia democrática nació cuando le fue reconocida a la libertad una indispensable dimensión social.

Los ideólogos del capitalismo utilizaron la deriva estalinista del socialismo en el siglo XX para enfrentar de un modo tajante los conceptos de libertad y sociedad. Se ha identificado de forma tramposa el pensamiento social con los campos de concentración y con la falta de libertad. Empezó a rodar así una paradoja. Todo lo público se ponía en sospecha, al mismo tiempo que se pactaban espacios de bienestar por miedo a que la pobreza abriera más procesos revolucionarios en Europa. Terminado el miedo, se refuerza hoy el discurso antisocial de la libertad y se cancelan los espacios de bienestar propios de la socialdemocracia europea y de la Transición española.

Debemos de aprovechar ahora el espectáculo de corrupción, usura, crueldad y mentira para romper esta inercia y reivindicar la dimensión social de la palabra libertad. La democracia justa supone una política no esclavizada por los poderes financieros, consciente de su capacidad para dictar leyes de convivencia que regulen la economía, dignifiquen las relaciones laborales y aseguren una prensa en libertad.

La cuestión cultural más importante de nuestros días es la batalla democrática por la palabra libertad.